Consultas, sí, pero sin financiación pública

Especial para El Quinto

La democracia es costosa, pero en Colombia parece que además es derrochadora. La reciente consulta interna del Pacto Histórico, realizada el pasado fin de semana, debería servir como punto de partida para una reflexión urgente: ¿hasta qué punto tiene sentido que los colombianos financien con sus impuestos los procesos internos de los partidos políticos?

Antes de que las hordas del petrismo me lapiden después del primer párrafo comienzo diciendo que esto no es una diatriba contra la coalición del Pacto Histórico, sino una pregunta para las formas en que la democracia avala este mecanismo para todos los partidos, sin importar el color de sus apuestas.

En teoría, las consultas populares partidistas son una expresión noble de la participación ciudadana: un mecanismo que permite a los votantes decidir quiénes deben ser los candidatos de cada colectividad. Sin embargo, en la práctica se han convertido en un costoso experimento que pone en evidencia la crisis de confianza dentro de los mismos partidos. ¿Cuando las bases no confían en sus cuadros directivos, el resultado es trasladarle al Estado —y por tanto a todos los ciudadanos— el costo de resolver disputas internas? Hoy, creo que así es ¿Se imaginan un escenario en el que todos o al menos el 50 por ciento de los 32 partidos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral exijan que la Registraduría les organice y el Estado entero financie sus consultas para elegir candidatos?

La consulta del Pacto Histórico costó más de $200.000 millones de pesos, dinero público que bien podría destinarse a educación, infraestructura o salud. Y lo más grave: el proceso no parece tener un efecto verdaderamente vinculante. La candidata Carolina Corcho, quien obtuvo el segundo lugar, reclama que le corresponde encabezar la lista al Senado, mientras que algunos sectores ya dan por hecho que el bolígrafo del jefe máximo del movimiento definirá otra cosa. ¿Entonces para qué se gastó semejante cantidad de dinero si, al final, la decisión no será necesariamente la que expresaron las urnas?

Mi crítica no es exclusiva al Pacto Histórico. Sería exactamente la misma si el ejercicio lo hiciera el Partido Liberal, el Conservador, el Centro Democrático o cualquier otra colectividad. El problema no es quién convoca la consulta, sino el modelo mismo que permite semejante despilfarro. Los partidos políticos deberían asumir con responsabilidad y autonomía sus procesos internos. Si no tienen la confianza de sus militantes para que las direcciones elijan listas o precandidatos, entonces el problema no es de democracia, sino de liderazgo.

Financiar totalmente las consultas con recursos públicos es una muestra más de la fragilidad de nuestro sistema político. Los partidos no son simples ventanillas para tramitar avales: son instituciones que deberían formar liderazgos, construir propuestas y tomar decisiones colectivas sin que el país entero tenga que pagar la factura.

Colombia necesita repensar este mecanismo. No se trata de negar la participación ni de cerrarle la puerta a la democracia interna, sino de introducir un criterio mínimo de responsabilidad fiscal y política. Tal vez los partidos podrían cofinanciar las consultas, asumir parte de los costos o demostrar viabilidad antes de que el Estado destine recursos. Lo que no puede seguir ocurriendo es que los ciudadanos terminen financiando espectáculos políticos que, en muchos casos, ni siquiera tienen consecuencias reales.

La democracia participativa no puede confundirse con la improvisación ni con el despilfarro. Si queremos fortalecer los partidos y los liderazgos, debemos exigirles que sean serios, autosuficientes y coherentes. Porque, al final, lo que se pone en juego no es solo el dinero público, sino la credibilidad misma del sistema democrático.

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