Hoy bombardearon a Venezuela, ¿y mañana?

Hoy fue Venezuela. El uso de la fuerza militar contra su territorio y su población civil vuelve a poner en evidencia una práctica que la comunidad internacional dice haber desterrado tras las grandes tragedias del siglo XX: la agresión armada como instrumento de imposición política.

El bombardeo no es un hecho aislado ni accidental. Es una acción intencional, planificada y ejecutada desde el poder estatal, lo que la ubica en el terreno de los crímenes internacionales. Cuando la violencia se ejerce contra civiles, se cruza una línea que compromete no solo a las víctimas directas, sino a la conciencia moral de la humanidad entera. Aplaudirla, justificarla o callarla es, también, una forma de participación.

Para la academia, los movimientos sociales, los sindicatos y la sociedad civil organizada, la defensa de la paz, del Derecho Internacional, de los derechos humanos y de la libre autodeterminación de los pueblos no puede ser un discurso vacío. Resulta imposible sostener esos principios y, al mismo tiempo, guardar silencio frente a las acciones militares impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que han dejado un saldo de muerte, destrucción y devastación social en la República Bolivariana de Venezuela.

Los antecedentes son elocuentes. La toma militar arbitraria de sectores de la costa Caribe, el asesinato de al menos 80 personas mediante ataques a embarcaciones no identificadas y una persistente guerra psicológica y mediática contra América Latina configuran un patrón. Los bombardeos recientes confirman el delito de agresión tal como lo define el Estatuto de Roma: el uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de un Estado, en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas.

También se han vulnerado principios esenciales del orden jurídico internacional: la prohibición del uso de la fuerza y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, consagrados por la ONU y la Organización de los Estados Americanos. Al no existir un conflicto armado reconocido por ambas partes, la población civil quedó completamente expuesta, sin las mínimas garantías del Derecho Internacional Humanitario. La distinción entre combatientes y civiles, la proporcionalidad y la precaución en el ataque fueron ignoradas.

Más allá de cualquier opinión sobre el gobierno venezolano, el uso de la fuerza contra un Estado soberano constituye una violación intolerable del derecho de los pueblos a decidir libremente su destino político, económico y social. Ese derecho, reconocido en los pactos internacionales de derechos humanos de 1966, no admite excepciones dictadas por intereses geopolíticos. Ni por negocio, deseo o necesidad de garantizar el acceso de un país a los recursos naturales de otro.

Ante un delito de agresión en curso, la comunidad internacional tiene una responsabilidad que no puede eludir. Es imperativo exigir el cese inmediato de toda acción militar, garantizar el acceso de ayuda humanitaria independiente, promover investigaciones imparciales y reabrir el camino del diálogo diplomático como única vía legítima para resolver las controversias entre naciones.

Hoy bombardearon a Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro país. La pregunta no es solo quién será el próximo, sino hasta cuándo el mundo seguirá normalizando la guerra como lenguaje político. Defender la paz no es ingenuidad: es una obligación ética frente a la historia. Esta responsabilidad es individual y colectiva.