EL SÍNDROME DEL SALVADOR Y EL BILLÓN DE PESOS: LA ANATOMÍA DEL SAQUEO INSTITUCIONAL

En la anatomía del poder, el ruido nunca es un accidente; es un instrumento de distracción masiva. Cuando una estructura burocrática se siente acorralada, la estrategia más efectiva no es el silencio, sino la estridencia. Y no hay ruido más seductor para la opinión pública que el llanto televisado de quien se autoproclama guardiana del erario. 

La reciente gira de medios de la gerente del Fondo Adaptación, aferrada a su silla bajo la excusa de proteger «un billón de pesos», exige una autopsia rigurosa. Si apartamos la niebla de sus lágrimas y diseccionamos los hallazgos que dejó a su paso, lo que emerge no es una mártir acosada, sino una hábil operadora que construyó un ecosistema de impunidad dentro del Estado. Permítanme desglosar los síntomas de este secuestro institucional y darles su verdadero nombre en la psicología del poder, hilando cada pieza de este oscuro rompecabezas. 

El primer hallazgo de esta disección es lo que podríamos denominar un mimetismo transaccional perfecto. Se nos presenta en los micrófonos como una pieza originaria del progresismo, pero su ADN burocrático cuenta una historia diametralmente opuesta. Su paso previo por la Contraloría se dio bajo el ala de Carlos Felipe Córdoba, el excontralor que hoy, en una coincidencia casi poética, orbita de cerca la campaña presidencial de Paloma Valencia. A esto se suman sus fuertes vínculos con el exconcejal de Bogotá Yefer Vega, un curtido y reconocido operador de la política tradicional y las maquinarias partidistas. Estas credenciales evidencian una lealtad que no es ideológica, sino estrictamente utilitaria. Es la capacidad clínica de camuflarse en un gobierno de cambio mientras se sigue operando milimétricamente con los manuales, los contactos y los vicios de la vieja política. 

Y es que hay que entender el origen de este error de cálculo gubernamental. En un acto de unión que nació desde lo que en psicología llamamos proyección altruista (o, en términos más cotidianos, el principio de la buena fe), el presidente Gustavo Petro intentó materializar su propuesta del Gran Acuerdo Nacional. Petro operó bajo la noble convicción de que los demás podían actuar y sentir como él; pensó que, al sentar en la misma mesa a sus adversarios históricos, a los tecnócratas y a la vieja guardia política, todos compartirían el mismo deseo genuino de que a Colombia le fuera bien. 

En esa mesa de la buena fe sentó a tirios y troyanos. Abrió las puertas y entregó ministerios clave a tecnócratas y figuras del establecimiento como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López; abrazó a operadores pura sangre de la política tradicional como Roy Barreras y Armando Benedetti; e incluso le confió la Cancillería a figuras de la élite conservadora como Álvaro Leyva, sí, el mismo veterano político que, tras salir del gabinete, no tuvo reparos en morder la mano que lo invitó al diálogo y salir a acusar públicamente al presidente de ser un «drogadicto» en cartas mediáticas. Lastimosamente, esa apertura democrática y esa fe en que el otro también busca el bien común le pasaron una carísima factura al mandatario. Porque en las dinámicas parasitarias de nuestra política aplica a la perfección aquel viejo y conocido refrán: el que es, nunca deja de ser. 

Este mimetismo nos arrastra hacia el segundo síntoma, acaso el más descarado: una proyección psicológica disfrazada de feudalismo burocrático. Acorralada por la presión de la Presidencia para que entregue el cargo, la funcionaria acude al prime time radiofónico y argumenta, con voz temblorosa, que no puede irse porque tienen «hambre del Fondo» y ella debe «blindar» ese billón de pesos escondiéndolo en convenios internacionales. Pura y dura proyección. Mientras posa de salvadora inmaculada, en las sombras de su propia entidad reposa, presuntamente, un revelador archivo de Excel con 400 hojas de vida listas para ser nombradas. 

¿Su destino? Entregarle la burocracia del Fondo a las maquinarias del clan Gnecco y a congresistas tradicionales del Cesar y el Magdalena. Ese es su verdadero «blindaje»: procesos contractuales por cerca de 150 mil millones de pesos gestionados a dedo en zonas críticas como La Mojana. Utiliza la tragedia climática como la excusa perfecta para eludir licitaciones y apadrinar a las estructuras regionales alineadas con su expareja sentimental, Jorge Tovar, el hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’. 

Cuando un individuo logra apropiarse de los recursos del Estado con esta soltura, inevitablemente desarrolla un delirio de omnipotencia. La megalomanía de quien se siente intocable la llevó a la franca usurpación de las funciones del mismísimo Jefe de Estado. La osadía de nombrar a Jhon Navarro, un abogado estrechamente vinculado al sector tradicional del Partido Conservador, como presidente del Fondo Colombia en Paz, la gigantesca chequera encargada de administrar los recursos del posconflicto, a espaldas de Gustavo Petro y sin su autorización, no es un simple error administrativo. Nombrar a un alfil de la política tradicional en la entidad que maneja la plata de la paz, obligando al mandatario a dimitirlo apenas se enteró de la jugada, es una exhibición de soberbia; el síntoma inequívoco de una rueda suelta que cruzó la línea y se creyó codueña del Palacio. 

Pero la gran pregunta que sostiene este tinglado es: ¿Cómo se sobrevive a semejante nivel de irregularidades, a un romance con la herencia del paramilitarismo y al desacato presidencial sin que le abran una sola investigación disciplinaria? Aquí entra el cuarto hallazgo, la arquitectura de la impunidad. La funcionaria compró su póliza de seguro operando desde adentro a través de la figura de Fernando Garcés. Este personaje no era un simple asesor; es señalado como el presunto testaferro de la familia de la exprocuradora Margarita Cabello y, lo más grave, el puente directo con el actual procurador, Gregorio Eljach. 

A este emisario de las cuotas tradicionales, Rodríguez le otorgó una oficina en la mismísima Presidencia de la República, asignándole carros y escoltas presidenciales, sin que él ostentara cargo formal ni legal alguno que justificara ese despliegue. Utilizó el presupuesto y la logística de la Casa de Nariño para financiar su propia embajada de no agresión y blindarse ante los entes de control. 

En la observación del comportamiento humano frente al poder, cuando un burócrata utiliza un billón de pesos como rehén moral para justificar su permanencia, no estamos ante un acto de altruismo cívico; estamos ante una extorsión pública. Toda esta pirotecnia melodramática de la «salvadora» opera con una sincronía quirúrgica para desviar la mirada nacional. 

Por un lado, difumina por completo el saqueo, el clientelismo y el tráfico de influencias que ella misma orquestó. Por el otro, le regala a la derecha la cortina de humo soñada. Mientras el país entero discute las lágrimas de la funcionaria y su falso pánico por el erario, la senadora Paloma Valencia respira tranquila en el Congreso; sus informes fantasmas y sus flagrantes mentiras institucionales pasan al olvido, sepultadas por el escándalo de turno. Y así, entre llantos de utilería y contratos a dedo, los colombianos seguimos reducidos a la indigna condición de espectadores pasivos de una novela barata, hipnotizados por el humo mientras nos desvalijan la casa.

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