Gustavo Melo Barrera
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Colombia enfrenta una de las encrucijadas políticas más trascendentales de las últimas décadas. La segunda vuelta presidencial no solo enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; enfrenta dos visiones profundamente distintas del país y del rumbo que debe tomar la democracia colombiana.
Las denuncias formuladas por el presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en la jornada electoral del 31 de mayo han añadido un nuevo ingrediente a una campaña ya marcada por la polarización y la desconfianza institucional. Más allá de lo que determinen las investigaciones correspondientes, millones de ciudadanos observan con preocupación cómo los sectores tradicionales del poder económico y político se han alineado detrás de una candidatura que representa el regreso de estructuras que durante décadas dominaron el escenario nacional.
La pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar las reglas del proceso electoral debilita la democracia y entra inevitablemente en una zona de riesgo.
Sin embargo, para el Pacto Histórico el desafío no consiste únicamente en esclarecer lo ocurrido durante la primera vuelta. Su verdadero reto es construir una mayoría política capaz de enfrentar la poderosa coalición de intereses que se ha articulado en torno a la candidatura de oposición.
No es un secreto que el proyecto político del cambio iniciado en 2022 bajo el gobierno de Gustavo Petro ha generado una reacción cada vez más amplia entre sectores tradicionales de la política colombiana. Lo que hace apenas unos años parecía imposible hoy es una realidad visible: dirigentes liberales y conservadores, antiguos rivales electorales; sectores del uribismo y del establecimiento tradicional; grupos económicos y maquinarias regionales que durante décadas compitieron entre sí, han encontrado un objetivo común.
La coincidencia no gira alrededor de una propuesta compartida de país ni de una visión ideológica unificada. Su principal punto de encuentro parece ser la intención de impedir la continuidad del proyecto político que llevó a la izquierda al poder por primera vez en la historia reciente de Colombia. Para muchos de estos sectores, las reformas impulsadas desde 2022 representan una alteración de los equilibrios políticos, económicos e institucionales que dominaron durante generaciones.
La historia política demuestra que cuando las élites perciben amenazados sus espacios de influencia suelen relegar diferencias secundarias para actuar de manera coordinada. Colombia parece estar viviendo precisamente ese fenómeno. Viejos adversarios se convierten en aliados circunstanciales, no necesariamente por afinidad, sino por conveniencia estratégica.
Pero tampoco sería justo reducir el debate a una simple confrontación entre el cambio y las élites tradicionales. El balance de estos cuatro años merece una mirada más amplia. Muchas de las reformas impulsadas por el gobierno encontraron fuertes resistencias en el Congreso, en las altas cortes y en distintos sectores políticos y económicos. Iniciativas consideradas fundamentales por el Ejecutivo fueron modificadas, ralentizadas o simplemente bloqueadas antes de llegar a convertirse en realidad.
Para millones de ciudadanos que respaldaron el proyecto del cambio, este hecho resulta tan importante como las reformas finalmente aprobadas. Consideran que buena parte de las transformaciones prometidas no fracasaron necesariamente por falta de voluntad política, sino porque encontraron una sólida resistencia dentro de las estructuras tradicionales del poder institucional.
Precisamente allí se encuentra una de las claves de esta elección. Mientras los detractores del gobierno presentan las reformas inconclusas como evidencia de fracaso, sus defensores las interpretan como prueba de la dificultad de transformar un sistema diseñado para preservar equilibrios históricos de poder.
La pregunta central es si el Pacto Histórico será capaz de reconectar con los ciudadanos que aún tienen dudas. Para lograrlo, deberá ofrecer algo más que denuncias o confrontaciones. Necesitará recuperar la capacidad de inspirar confianza y proyectar una visión convincente sobre el futuro del país.
Las elecciones no se ganan únicamente movilizando a los convencidos. Se ganan persuadiendo a quienes todavía buscan respuestas sobre empleo, seguridad, salud, educación y oportunidades económicas. Son esos votantes independientes quienes probablemente decidirán el resultado final.
Mientras tanto, la oposición enfrenta una contradicción difícil de ignorar. Durante años construyó su discurso alrededor de la lucha contra la corrupción y la defensa de las instituciones. Sin embargo, muchas de las figuras que hoy se agrupan con Abelardo pertenecen precisamente a los partidos y estructuras políticas que amplios sectores de la ciudadanía han cuestionado durante décadas.
Por eso, la segunda vuelta no será únicamente una competencia entre dos candidatos. Será una confrontación entre dos narrativas sobre el futuro de Colombia: la de quienes consideran que el país debe profundizar los cambios iniciados en los últimos años y la de quienes creen que es necesario un gobierno de ultraderecha para derrotar lo logrado por el primer gobierno de izquierda en la historia del país .
La hora de la verdad ha llegado.
Para el Pacto Histórico, porque deberá demostrar que todavía puede movilizar una mayoría social alrededor de la idea de cambio.
Para la oposición, porque tendrá que convencer a los colombianos de que representa algo más que el regreso de las viejas estructuras políticas.
Y para Colombia, porque la decisión que tome en las urnas definirá mucho más que el próximo gobierno. Definirá si la democracia colombiana es capaz de procesar sus diferencias sin renunciar a la esperanza de construir un país más incluyente, más justo y democrático.
El domingo 21 de junio , los colombianos no decidirán únicamente quién ocupará la Casa de Nariño. Decidirán qué país quiere ser Colombia durante la próxima década.
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