Gustavo Melo Barrera
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El presidente Gustavo Petro ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Para unos, es un intento de perpetuarse en el poder; para otros, la vía para destrabar reformas estructurales. Pero la pregunta es clara: ¿necesita Petro una Constituyente para reelegirse automáticamente, o existen otros caminos dentro del marco institucional?
La Constituyente y sus límites
La Constitución de 1991 permite convocar una Asamblea Constituyente, pero bajo reglas estrictas. El artículo 376 establece que el Congreso debe aprobar una ley para que el pueblo decida si la convoca, y define su competencia y composición. No puede surgir de simples firmas o de un decreto presidencial.
Algunos sectores del petrismo han planteado que el Ejecutivo podría promoverla directamente, amparándose en la “soberanía popular”, pero juristas y exmagistrados advierten que sería inconstitucional y vulnerable ante la Corte. En resumen, la Constituyente no es un atajo: es un proceso largo, incierto y de alto costo político.
La vía parlamentaria: el antecedente de 2004
El caso más recordado es el de Álvaro Uribe, quien logró su reelección mediante un acto legislativo aprobado por el Congreso. Este mecanismo, aunque más lento, es legal y sometido a control de la Corte Constitucional.
Petro podría intentar una estrategia similar, pero requeriría mayorías amplias y la aprobación de ocho debates en dos períodos legislativos. Es posible, pero políticamente difícil en un Congreso dividido y cada vez más distante del Ejecutivo.
Referendo o iniciativa popular: la vía incierta
Un referendo constitucional es otra opción, pero su convocatoria también necesita aprobación del Congreso y revisión previa de la Corte Constitucional. En la práctica, no existe una vía “ciudadana” completamente independiente para reformar los límites de la presidencia. Cualquier intento de usar el referendo como puerta trasera a la reelección enfrentaría el mismo obstáculo: control de constitucionalidad y resistencia política.
Legitimidad versus legalidad
El debate no es solo jurídico. Petro y su movimiento apelan a la soberanía popular y al mandato de cambio; la oposición alerta sobre la captura del Estado. En medio, los expertos recuerdan que el respeto a los procedimientos es lo que diferencia una reforma legítima de un intento de concentración de poder.
El exmagistrado José Gregorio Hernández lo resume así: “Toda constituyente tiene sentido cuando busca ampliar derechos, no cuando persigue habilitar una continuidad personal”. La frase refleja la delgada línea entre transformación y manipulación institucional.
¿Podría una Constituyente reelegir a Petro?
En la práctica, no. Aunque una Asamblea tiene poder para modificar el orden político, cualquier intento de otorgar reelección automática al presidente en ejercicio generaría una crisis política y jurídica.
La Corte Constitucional probablemente limitaría su alcance temporal, y el país enfrentaría meses de incertidumbre. Por eso, más que un camino a la reelección, la Constituyente parece un instrumento para prolongar el debate político y mantener viva la narrativa de “bloqueo institucional”.
Lo que está en juego
Una Constituyente podría replantear el modelo de Estado y el sistema judicial, pero su costo político sería enorme. Implicaría reabrir heridas entre quienes defienden la Constitución de 1991 y quienes la culpan de frenar el cambio.
El acto legislativo, en cambio, ofrece una vía más ordenada, aunque expone al gobierno a la negociación con partidos y poderes regionales. Ambas rutas son lentas, complejas y arriesgadas. En ninguna hay garantías de éxito.
Voces en conflicto
Desde el Pacto Histórico se argumenta que “el pueblo debe recuperar el poder constituyente”. La oposición, liderada por figuras como María Fernanda Cabal y Enrique Gómez, lo interpreta como un intento de “desbordar los límites constitucionales”.
Analistas como Rodrigo Uprimny y Catalina Botero insisten en que una Constituyente sin claridad sobre su alcance “abriría un abismo de incertidumbre jurídica” y podría paralizar el Estado. Las tensiones reflejan la fragilidad del equilibrio institucional colombiano.
Conclusión: no hay atajos
Petro no necesita una Constituyente para reelegirse, pero tampoco tiene hoy las condiciones políticas para reformar la Constitución por el Congreso. Cualquier camino exige tiempo, acuerdos y legitimidad. En democracia, los procedimientos son la base del cambio duradero. Saltárselos, aunque sea por una causa noble, erosiona la confianza en el sistema que se pretende transformar.
Adenda: ¿Qué puede hacer el pueblo para garantizar la continuidad del cambio?
Más allá del debate sobre reelección, el verdadero poder del cambio reside en la ciudadanía. Si el progresismo aspira a mantenerse en el poder tras 2026, su desafío no es jurídico, sino político y cultural.
Debe consolidar resultados, liderazgos territoriales y una narrativa que trascienda la figura de Petro. La continuidad del cambio no depende de una Constituyente ni de una reforma; depende de un pueblo consciente, informado y capaz de defender sus avances desde las urnas.
El progresismo sobrevivirá si demuestra que su proyecto no necesita un caudillo para sostenerse, sino instituciones fuertes y una sociedad activa. Esa es la verdadera revolución democrática que Colombia aún tiene pendiente.
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