Yohana Flórez
nació en Medellín.
Es micro empresaria y diseñadora de moda sostenible y sustentable. Estudiante de periodismo, directora del medio de prensa independiente La Butaca.
Amante de las letras: cuento, poesía y novela.
Activista y gestora cultural.
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El proceso y el resultado de las recientes elecciones presidenciales en Colombia están siendo sometidos a debate público. Hay controversias jurídicas, discusiones políticas y cuestionamientos hechos desde los medios de comunicación.
Varias demandas de nulidad electoral han sido presentadas ante las autoridades competentes y su resolución dependerá exclusivamente de los procedimientos y decisiones de los órganos judiciales y electorales.
El presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente preocupaciones sobre aspectos del proceso electoral y ha solicitado que determinadas situaciones sean objeto de revisión institucional. Organizaciones ciudadanas y algunos observadores electorales han manifestado inquietudes relacionadas con el escrutinio, el tratamiento de reclamaciones y la transparencia del proceso. Uno y otros sostienen que hubo irregularidades graves e incluso intervenciones de empresas y gobiernos extranjeros, tanto sobre el sistema, como sobre el software de escrutinio.
Tales posiciones hacen parte del debate democrático y deben distinguirse de las decisiones que adopten las autoridades competentes. Es decir: una cosa son los reclamos en la escena política, por la vía judicial o a través de los medios de comunicación y otra cosa son los eventuales resultados de los mismos.
Las dudas sobre la transparencia y la confiablidad del proceso electoral cada día parecen más razonables y documentadas. Generan grandes y no siempre mesuradas posiciones desde todos los lados del espectro político.
En estas circunstancias, es necesario hacer algunas precisiones: primero, la existencia de controversias no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidades ni invalida automáticamente un resultado electoral; segunda, las dudas razonables y documentadas, en cambio, le restan legitimidad al gobierno entrante; tercero, la presentación de recursos judiciales para cuestionar la confiabilidad del proceso electoral e incluso sus resultados no son actos anti democráticos; cuarta, controvertir los resultados mediante los mecanismos previstos en la Constitución y la ley es una expresión legítima del Estado de derecho y, por último, pero no menos importante, es necesario reconocer que, en una democracia madura, las diferencias políticas no se resuelven mediante la fuerza, sino a través de las instituciones.
En medio de este escenario y teniendo en cuenta las precisiones anteriores, surgen unas preguntas: En el caso del eventual gobierno de Abelardo, ¿Cómo puede el Pacto Histórico, sus dirigentes, activistas y seguidores hacer un control político eficaz, permanente y técnicamente sólido sobre el gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto? La respuesta puede encontrarse en una figura poco utilizada en América Latina, pero ampliamente conocida en otras democracias: el gabinete en la sombra. Es un mecanismo mediante el cual los partidos de oposición estudian cada política pública, construyen propuestas viables, preparan equipos técnicos y proponen reformas, vías y métodos para administrar el Estado. ¿Serán capaces las y los congresistas del Pacto contribuir económicamente al sostenimiento de dicho gabinete durante los próximos 4 años?
Nacido en el sistema parlamentario británico, este modelo asigna a cada integrante de la oposición la responsabilidad de seguir de manera permanente el trabajo de un ministerio específico. Cada «ministro sombra» analiza las decisiones del gobierno, examina sus resultados, presenta alternativas y mantiene un diálogo constante con los sectores sociales involucrados.
Su función no consiste únicamente en criticar. Su verdadero propósito es demostrar que existe una opción de gobierno preparada para asumir responsabilidades cuando la ciudadanía así lo decida.
El gabinete en la sombra es una tradición histórica en el Reino Unido, donde la denominada «Oposición Leal de Su Majestad» constituye un componente esencial del sistema democrático. Allí, el líder de la oposición designa un equipo completo de ministros alternativos que siguen de cerca la gestión de cada cartera y presentan propuestas propias.
Modelos similares existen en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En estos países, el gabinete en la sombra no es una simple estrategia comunicativa, sino un mecanismo institucional para fortalecer la deliberación pública y preparar eventuales transiciones de gobierno.
Aunque América Latina se organiza mayoritariamente bajo sistemas presidenciales, también han surgido experiencias inspiradas en esta figura. En Chile, diversos sectores de oposición han anunciado equipos ministeriales alternativos para hacer seguimiento especializado a la gestión gubernamental. En República Dominicana y Uganda se han desarrollado iniciativas similares con distintos grados de formalización.
La lección es clara: un gabinete en la sombra no pertenece exclusivamente a los regímenes parlamentarios. Es, sobre todo, una herramienta de organización política.
En Colombia también se podría organizar un gabinete a la sombra. Desde el punto de vista constitucional, nada impide que la oposición colombiana organice un gabinete en la sombra.
La Constitución de 1991 reconoce el pluralismo político como uno de los pilares del Estado democrático. Ese principio fue desarrollado por la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, que garantiza a quienes se declaren formalmente en oposición derechos para ejercer control político, acceder a información pública, participar en escenarios institucionales, recibir financiación adicional para el ejercicio de sus funciones y ejercer el derecho de réplica frente a determinadas intervenciones del Gobierno.
La verdadera utilidad de un gabinete en la sombra no radica en la confrontación permanente con el Gobierno. Su valor consiste en elevar la calidad del debate público.
Cada ministerio requiere seguimiento técnico. Cada reforma merece una evaluación independiente. Cada política pública debe ser analizada con evidencia, indicadores y propuestas alternativas.
Ello implica conformar equipos de economistas, constitucionalistas, expertos en salud, educación, seguridad, medio ambiente, relaciones internacionales, infraestructura, ciencia y tecnología. Significa producir documentos técnicos, elaborar presupuestos alternativos, presentar proyectos de ley y mantener una interlocución constante con universidades, organizaciones sociales, gremios y centros de pensamiento.
Sin esa base técnica, la oposición corre el riesgo de limitarse a una sucesión de declaraciones políticas. Con ella, en cambio, puede demostrar que está preparada para gobernar.
Implementar un gabinete en la sombra exige recursos financieros, disciplina organizativa y voluntad política.
El Estatuto de la Oposición prevé mecanismos de financiación para el ejercicio de esa función, pero no establece un presupuesto específico destinado a sostener una estructura ministerial paralela. Por ello, los partidos tendrían que definir prioridades, articular sus equipos parlamentarios con expertos independientes y aprovechar los instrumentos de acceso a la información que reconoce la ley.
También sería necesario construir una cultura política distinta. En muchas ocasiones, la oposición se concentra en responder a la agenda del Gobierno. Un gabinete en la sombra permitiría invertir esa lógica: generar agenda propia, formular propuestas y anticiparse a los debates nacionales.
Mientras avanzamos hacia allá y se resuelve la nulidad o no del resultado electoral, la ciudadanía se organiza, piensa en hacer incidencia política y proteger los territorios dónde ya ha empezado una oleada de represión, persecución y señalamientos con discursos violentos y estigmatizantes.
Cualquier sea el escenario político y social de los próximos días para Colombia, hoy más, que nunca, la gente del común debe cuidarse colectivamente, crear lazos y redes de protección comunitaria pacífica y sin armas.
Hay que sobrevivir a la posible andanada represiva. Y no olvidar que todo el poder es del pueblo y que el pueblo manda porque es superior a sus dirigentes, sea quién sea el que gobierna lo debe hacer para todos. Porque, como dijo don José Gervasio Artigas, prócer Uruguayo «Mis poderes emanan de ustedes y cesan ante su presencia soberana».
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