El mito del naufragio: cuando gobernar se reduce a buscar culpables

Colombia asiste a una peligrosa paradoja política. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella asumió el poder bajo la premisa solemne de rescatar al Estado de la quiebra técnica, escudándose constantemente en una supuesta herencia fiscal catastrófica atribuida a la administración de Gustavo Petro. Sin embargo, los hechos económicos y los análisis recientes demuestran exactamente lo contrario: las cuentas públicas no estaban colapsadas, y el verdadero peligro actual no yace en los errores del pasado, sino en la obsesión del nuevo Ejecutivo por desmantelar los avances precedentes a costa directa del bolsillo de los colombianos.

La narrativa oficial insiste en un diagnóstico alarmista sobre el déficit y el endeudamiento que carece de un sustento empírico sólido en la realidad macroeconómica. Lejos de entregar un país en ruinas, el gobierno saliente dejó bases estables, con un desempleo contenido en el 8,1% y una actividad económica que conservaba una notable capacidad de recuperación. No obstante, en lugar de reconocer estas fortalezas para construir sobre lo construido, la administración actual ha optado por un ajuste fiscal tan indiscriminado como insensible, priorizando la revancha ideológica sobre la prudencia técnica.

Esta contradicción se hace evidente en el manejo presupuestal. Al congelar miles de contratos públicos, paralizar entidades clave y anunciar recortes drásticos por $21,9 billones, el Gobierno no está sanando las finanzas nacionales; está trasladando el costo del ajuste directamente a los hogares. Detrás de cada billón retenido y de cada partida suspendida no hay simples números en una hoja de cálculo, sino hospitales sin insumos, infraestructura detenida, proveedores impagos y pequeñas empresas al borde de la quiebra que dependían del flujo estatal para sobrevivir.

Gobernar con el rigor analítico que exige una tribuna editorial de prestigio global significa entender que la incertidumbre es el peor enemigo del mercado y de la ciudadanía. La inflación, ubicada firmemente en el 6,24% anual, no se combate con decretos improvisados de austeridad que ahogan el poder adquisitivo de la clase media. La crisis fiscal de la que tanto se habla no vive solamente en los informes de hacienda; vive en el supermercado, en el pago del arriendo, en las cuotas de los créditos bancarios y en un salario mínimo que cada día rinde menos debido a la parálisis institucional.

A esto se suma una preocupante falta de coherencia política. Mientras se pregona una ruptura total con las prácticas tradicionales del pasado, los nombramientos oficiales revelan el reciclaje sistemático de viejas redes de poder y funcionarios con trayectorias conocidas en el Estado. La gobernabilidad no se construye esquivando al Congreso ni marginando el debate democrático mediante la ausencia de los ministros en las comisiones económicas; se construye con capacidad de negociación, transparencia y diálogo institucional.

Colombia no necesita un gobierno dedicado a redactar un inventario perpetuo de culpas ni a explicar quién encendió un incendio que las cifras demuestran que nunca fue tal. Necesita un liderazgo gerencial y maduro capaz de explicar con claridad cómo se estabiliza el rumbo del país. La ciudadanía que madruga a ganarse el sustento diario no requiere discursos abstractos sobre macroeconomía; exige que sus ingresos alcancen y que el Estado funcione. La economía real no espera diagnósticos eternos, y la paciencia del país, al igual que sus finanzas, tiene un límite muy claro.

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