Gustavo Melo Barrera
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Hay momentos en la política internacional en los que un cambio aparentemente administrativo revela una transformación mucho más profunda. La decisión de Washington de trasladar 52 millones de dólares en asistencia militar originalmente destinada a países europeos y de Medio Oriente hacia Colombia, Ecuador, Panamá y Perú es uno de esos momentos.
La explicación oficial es conocida: combatir el narcotráfico, reforzar la seguridad del hemisferio occidental y proteger intereses estratégicos como el Canal de Panamá. Pero detrás de la transferencia de recursos aparece una pregunta que América Latina debería hacerse con serenidad, sin prejuicios ideológicos y sin ingenuidad: ¿está Estados Unidos redefiniendo sus prioridades globales y convirtiendo nuevamente al hemisferio occidental en su principal zona de influencia?
La evidencia merece atención.
La administración Trump ha anunciado una política exterior que coloca nuevamente a América Latina en un lugar central. El Departamento de Estado sostiene que trasladar recursos desde Europa y Medio Oriente hacia el hemisferio occidental es coherente con su estrategia de seguridad nacional. Los legisladores estadounidenses que cuestionaron la decisión, en cambio, argumentan que parte de esos fondos había sido aprobada específicamente para apoyar a Ucrania y a aliados europeos.
No se trata solamente de dinero.
Se trata de prioridades.
Durante décadas, Washington construyó buena parte de su influencia mundial alrededor de Europa, la OTAN, Medio Oriente y, más recientemente, la competencia estratégica con China. Ahora aparece una reconsideración: menos compromiso financiero y militar en algunos escenarios externos y mayor atención al vecindario inmediato.
Para América Latina, esto puede representar oportunidades, pero también riesgos.
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú están adquiriendo una importancia particular dentro de esta nueva arquitectura. Washington puede ofrecer cooperación militar, inteligencia, tecnología, infraestructura y recursos para combatir organizaciones criminales transnacionales. Para gobiernos enfrentados al narcotráfico y a organizaciones armadas con capacidad internacional, esa cooperación puede ser significativa.
Pero cooperación no debería convertirse en subordinación.
La historia latinoamericana demuestra que existe una diferencia fundamental entre una alianza y una relación de dependencia. La primera se construye sobre intereses compartidos y decisiones soberanas. La segunda aparece cuando una de las partes establece las prioridades y la otra simplemente las ejecuta.
Ese es precisamente el punto que América Latina debería discutir.
La recuperación del lenguaje de la doctrina Monroe no es un asunto menor. Durante el siglo XIX, esa doctrina fue concebida para impedir nuevas intervenciones europeas en el continente. Con el tiempo, sin embargo, terminó asociada también a la idea de que Washington tenía un papel privilegiado —y en ocasiones dominante— en los asuntos del hemisferio.
Hoy el escenario es diferente.
China tiene una presencia económica creciente en América Latina. Rusia conserva vínculos políticos y militares con determinados gobiernos. El crimen organizado opera a través de fronteras que ningún Estado puede controlar por sí solo. Y la migración, el narcotráfico, la energía, los minerales críticos, el agua y la seguridad alimentaria están convirtiendo al continente en una región de importancia estratégica.
Washington no es el único actor interesado.
Precisamente por eso, América Latina no debería responder a la nueva política estadounidense con una lógica binaria: Washington o Beijing, Estados Unidos o China, Occidente o sus adversarios.
El interés latinoamericano debería ser otro: tener relaciones con todos sin convertirse en instrumento de ninguno.
El caso colombiano resulta especialmente relevante. Colombia es un aliado histórico de Estados Unidos en seguridad y lucha contra el narcotráfico. Pero también mantiene relaciones comerciales y diplomáticas con China y busca diversificar sus vínculos internacionales. La nueva estrategia estadounidense puede traer recursos y cooperación, pero también puede aumentar las presiones para que Bogotá adopte determinadas posiciones frente a Beijing, Caracas, la migración o la política regional.
La pregunta no debería ser si Colombia debe cooperar con Estados Unidos.
La pregunta debería ser bajo qué condiciones.
Y ahí aparece un principio que debería ser innegociable: la cooperación internacional debe fortalecer la soberanía, no reemplazarla.
Mientras Washington reordena sus prioridades, Europa también observa con preocupación. La transferencia de recursos hacia América Latina coincide con un proceso más amplio de reducción o reajuste de compromisos estadounidenses en Europa. Analistas europeos ya advierten que el continente tendrá que prepararse para asumir una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad.
El mundo, por tanto, está entrando en una etapa diferente.
No necesariamente estamos ante el final del poder estadounidense. Estamos ante su redistribución.
Washington parece decirle a Europa: hagan más por su propia defensa.
Y simultáneamente le dice a América Latina: nuestra seguridad comienza nuevamente aquí.
Eso debería despertar algo más que entusiasmo o rechazo.
Debería despertar inteligencia estratégica.
Porque si Estados Unidos vuelve a mirar hacia el sur con una intensidad que no se veía desde hace décadas, América Latina tendrá que decidir qué clase de relación quiere construir con la potencia del norte.
Una relación basada en seguridad compartida, comercio, democracia y respeto mutuo puede beneficiar a ambas partes.
Una relación basada exclusivamente en presión, dependencia y obediencia terminaría reproduciendo los errores de otro siglo.
El hemisferio occidental está regresando al centro de la política exterior estadounidense.
La pregunta decisiva es si América Latina llegará a ese nuevo escenario como socio, como cliente o como simple zona de influencia.
La respuesta no la dará Washington.
La tendrán que dar las propias democracias latinoamericanas.
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