Austeridad para abajo, incentivos para arriba: regresividad tributaria y el retorno del estallido social en Colombia

“La denominada «Ley de Rescate Económico«, al reciclar la lógica de la propuesta tributaria del 2021, transfiere la carga fiscal hacia la clase media y los sectores populares mediante la unificación del IVA y mayores cargas salariales, mientras otorga beneficios al capital corporativo. Esta regresividad enciente la mecha de un nuevo estallido social impulsado por las mismas condiciones de empobrecimiento y descontento ciudadano.”

Imagine por un momento que llega a la mesa de su casa después de una jornada interminable de trabajo. Abre la alacena para preparar el desayuno del día siguiente y se encuentra con el bolsillo apretado y la lista de la compra cada vez más reducida. En un país golpeado por la desigualdad, donde el índice de Gini alcanza la alarmante cifra de 0,55 y más de la mitad de la población sobrevive en la informalidad laboral, la economía familiar no se mide con gráficos sofisticados, sino con el precio del café, las lentejas y los fríjoles al pasar por la caja.

Detrás del discurso técnico de la llamada Ley de Rescate Económico, la realidad para millones de hogares es aterradoramente simple. Bajo la promesa de ordenar las finanzas públicas tras un diagnóstico fiscal apresurado y sin un proceso de empalme completo, el proyecto impone un giro drástico: elevar a partir de 2028 la tarifa del IVA del 5% al 19% en alimentos fundamentales de la canasta básica.

Al mismo tiempo, mientras se le exige moderación a la clase trabajadora y a las familias de menores ingresos, la carga fiscal corporativa se reduce del 35% al 31% y se extienden incentivos al gran capital.

 Esta marcada asimetría no solo erosiona la capacidad de consumo de la gente del común, sino que siembra las condiciones para reactivar la indignación popular que sacudió al país en 2021.

La ilusión de los números y la alacena vacía

Para entender cómo funciona este ajuste en la vida diaria, basta con mirar la dinámica de cualquier barrio o plaza de mercado. Cuando se grava el consumo básico, el golpe lo recibe de lleno quien destina la totalidad de sus ingresos diarios a suplir necesidades inmediatas.

Los teóricos de la economía como Thomas Piketty han argumentado ampliamente cómo la reducción de impuestos al capital combinada con cargas indirectas sobre el consumo profundiza la brecha social. Al disminuir la tarifa corporativa esperando que las empresas inviertan por mera benevolencia, la brecha de la inequidad se ensancha, haciendo que quienes menos tienen financien los alivios de los sectores más favorecidos.

El argumento oficial sostiene que ciertos bienes esenciales conservarán un tratamiento especial y que la afección será mínima. Sin embargo, en la práctica comercial el impuesto opera en cadena. Si los insumos de producción suben de precio al gravarse el transporte o los fertilizantes, el costo final al consumidor se dispara sin importar qué etiqueta formal lleve el producto en el papel.

 Una familia trabajadora no puede aplazar la alimentación de sus hijos; ante el encarecimiento de la canasta familiar, su única alternativa es reducir el gasto en otras áreas vitales o recurrir al endeudamiento cada vez más costoso.

Por su parte, economistas como Joseph Stiglitz han reiterado que contraer el poder adquisitivo de los sectores populares ahoga la demanda agregada. Si la gente en la calle no tiene dinero disponible para comprar en el chuzo, en la tienda de barrio o en el mercado, el comerciante vende menos, la pequeña industria reduce su producción y el dinamismo económico se frena de golpe. Pretender reactivar la economía castigando el bolsillo del consumidor final genera un círculo vicioso donde el propio Estado termina recaudando menos de lo proyectado debido a la caída generalizada del consumo.

La trampa de la compensación digital en un país informal. Frente al malestar que provoca el alza de impuestos en los alimentos, el proyecto desempolva la promesa de la devolución del IVA mediante facturación electrónica y cruce de bases de datos. Sobre el papel, la medida se presenta como un alivio técnico y moderno. Pero en una sociedad con elevados niveles de informalidad laboral, la distancia entre la teoría administrativa y la realidad cotidiana es abismal.

Estudios e informes de instituciones como Fedesarrollo y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana han señalado las persistentes barreras de focalización que enfrentan este tipo de mecanismos.

 ¿Cómo exige factura electrónica la persona que compra sus verduras en el puesto ambulante o el tendero que surte a su vecindario? La dependencia de registros como el Sisbén o los nuevos sistemas de monitoreo financiero genera zonas grises donde los sectores más vulnerables quedan desprotegidos. Entre tanto, la clase media, aquella franja que no califica para ningún subsidio pero sí asume la totalidad de los impuestos, absorbe de lleno el impacto del alza de precios sin posibilidad alguna de compensación.

El espectro del 2021: El costo del desencanto social

La memoria reciente del país ofrece una lección que no debería ignorarse. En el año 2021, la presentación de una reforma tributaria que golpeaba los ingresos de las clases medias y populares en medio de una severa crisis económica desencadenó un estallido social de proporciones históricas. Las calles se llenaron de ciudadanos indignados ante la sensación de que las urgencias del fisco se saldaban a costa de su bienestar.

Cinco años después, el intento de aplicar fórmulas similares bajo una nomenclatura diferente reaviva las mismas alarmas. Cuando la presión económica sobre los hogares se vuelve insostenible y los canales tradicionales no ofrecen respuestas equitativas, el descontento acumulado busca una salida. Las condiciones de vulnerabilidad social en Colombia no son una abstracción teórica; son una realidad latente que reacciona con rapidez ante medidas percibidas como inicuas.

¿Qué sociedad estamos construyendo?

El análisis de la Ley de Rescate Económico exige reflexionar seriamente sobre la orientación del modelo social que se promueve en Colombia bajo el gobierno impuesto  de Abelardo. Permitir que el timón de la política fiscal priorice el alivio al gran capital mientras se exige austeridad a quienes apenas cubren sus necesidades básicas revela una visión profundamente regresiva de la gestión pública.

Adoptar acríticamente discursos que justifican la dureza tributaria hacia abajo mientras prometen prosperidad hacia arriba perpetúa las estructuras de desigualdad que han marcado la historia del país. En un entorno donde la informalidad es la norma y el margen de supervivencia de millones de familias es mínimo, la equidad no se garantiza con títulos pomposos ni con promesas de compensación digital.

Si la estabilidad de las finanzas públicas se edifica sacrificando el bienestar de los sectores más desfavorecidos, el resultado no será la reactivación económica, sino la profundización de las brechas sociales y el inevitable retorno de la confrontación en las calles.

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