
Óscar Vanegas Angarita
Ingeniero de Petróleos
Profesor Asociado UIS.
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, a través de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S. A. ) la principal compañía petrolera de mayoría estatal de Colombia, vuelve a poner sobre la mesa la importación de gas natural desde Venezuela, mediante la rehabilitación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte.
La iniciativa pretende responder al déficit de gas que enfrenta Colombia La necesidad de garantizar el abastecimiento nacional es indiscutible. Sin embargo, esa urgencia no justifica comprometer recursos públicos ni suscribir contratos de largo plazo sin demostrar previamente su conveniencia económica y geopolítica, su viabilidad técnica y su apego a la normatividad vigente.
Las preocupaciones que varios académicos, técnicos y activistas planteamos durante el gobierno anterior siguen siendo válidas. A ellas se suma un interrogante jurídico de especial relevancia: ¿es compatible que Ecopetrol participe simultáneamente en la comercialización del gas importado y que su filial Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S., empresa encargada del transporte y la logística de hidrocarburos, asuma actividades relacionadas con el transporte de ese mismo combustible?
No se trata de oponerse a una alternativa de suministro, sino de establecer si el negocio realmente le conviene al país y si puede desarrollarse dentro del marco regulatorio vigente.
1. ¿Por qué invertir recursos públicos en infraestructura extranjera?
Ecopetrol reconoció ante el Congreso de la República que PDVSA Gas -Sucursal Colombia, filial de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), la empresa petrolera estatal venezolana, figura como propietaria del gasoducto Antonio Ricaurte y que existen antecedentes contractuales relacionados con su suministro y transporte. La recuperación integral de la infraestructura requerida para transportar el gas que compraríamos podría superar los 500 millones de dólares.
Aquí surge una pregunta fundamental: ¿por qué Ecopetrol debería destinar recursos de su patrimonio a recuperar un activo de propiedad extranjera, sin contar previamente con garantías suficientes sobre la recuperación lo invertido, la propiedad de las mejoras y los derechos de operación?
Una inversión de esta naturaleza no constituye, por sí misma, un detrimento patrimonial. Pero sí exige una justificación económica rigurosa y garantías contractuales que protejan los recursos de la empresa y, por extensión, el patrimonio público.
Por consiguiente, antes de comprometer recursos, deben acreditarse los beneficios económicos esperados, la distribución de los riesgos y los mecanismos para recuperar las inversiones realizadas.
No basta con que el proyecto sea conveniente para Venezuela o necesario para Colombia: debe demostrarse que también es un buen negocio para Ecopetrol.
2. La calidad del gas venezolano: ¿cumple las exigencias colombianas?
El Reglamento Único de Transporte de Gas Natural (RUT), establecido mediante la Resolución 071 de 1999 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), y sus modificaciones posteriores, determinan los requisitos de calidad que debe cumplir el gas natural que ingresa al sistema de transporte colombiano.
Por tanto, es indispensable conocer los análisis cromatográficos actualizados del gas venezolano. La cromatografía es una prueba de laboratorio que permite identificar y cuantificar los componentes de una muestra de gas y establecer si cumple los parámetros exigidos de poder calorífico, contenido de azufre, dióxido de carbono (CO₂), humedad y demás componentes que determinan su calidad.
Si el combustible requiere acondicionamiento, deshidratación o tratamiento adicional, aparecerán inversiones y costos operativos que deben incorporarse a la evaluación económica del negocio.
¿Quién asumirá esos costos, Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) o Ecopetrol?
Este aspecto es fundamental porque un precio aparentemente competitivo de la molécula —expresión utilizada en el sector para referirse al gas natural como producto comercial— no necesariamente representa un suministro económico. Lo que realmente importa es cuánto cuesta entregar el gas en Colombia, con las condiciones de calidad, presión y transporte exigidas por la regulación.
En otras palabras, el país no debe evaluar únicamente el precio del gas en Venezuela, sino el costo total de llevarlo hasta los consumidores colombianos.
3. ¿Existe disponibilidad real de gas para exportar?
Venezuela cuenta con importantes reservas de gas natural. Sin embargo, tener reservas en el subsuelo no significa disponer de volúmenes suficientes para exportar.
Hay que tener en cuenta que una parte importante del gas producido allá se utiliza en las operaciones de la propia industria petrolera venezolana y que ese país enfrenta el desafío de recuperar instalaciones de producción, tratamiento, compresión y transporte. Eso también requiere inversiones significativas.
El proyecto contempla inicialmente la importación de 50 millones de pies cúbicos diarios, en un contrato a diez años. Pero, de acuerdo al Decreto 1467 de 2024, antes de comprometerse con ese volumen y ese plazo, debe acreditarse que existen reservas desarrolladas, pozos efectivamente productores, capacidad de tratamiento y compresión, producción e infraestructura suficientes para garantizar los volúmenes comprometidos.
Para continuar la negociación, Colombia debe exigir pruebas verificables de disponibilidad y capacidad efectiva de suministro, no simplemente expectativas sobre la recuperación futura de la industria venezolana.
Es que una cosa es la capacidad nominal del gasoducto Antonio Ricaurte (450 millones de pies cúbicos diarios) y otra cosa es que Venezuela tenga capacidad para suministrar ese volumen.
4. Los riesgos geopolíticos y las sanciones internacionales
El nuevo escenario de cooperación internacional entre Colombia y Venezuela abre oportunidades para restablecer relaciones comerciales en el sector energético. Sin embargo, las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales, siguen siendo un factor determinante.
El propio presidente de Ecopetrol reconoció que se solicitó una licencia específica para avanzar en las negociaciones.
Este hecho evidencia que el proyecto no depende exclusivamente de condiciones técnicas y económicas. También está sujeto a decisiones políticas y regulatorias internacionales que pueden cambiar durante la vigencia del contrato.
¿Qué ocurriría si se endurecen nuevamente las sanciones? ¿Cómo se garantizarían los pagos, las operaciones financieras y la continuidad del suministro? ¿Quién asumiría las pérdidas ocasionadas por una eventual suspensión de las exportaciones?
Un contrato a diez años debe contemplar escenarios de restricciones financieras, cambios regulatorios, dificultades de pago e interrupciones del suministro.
La normalización de las relaciones diplomáticas no garantiza estabilidad comercial ni seguridad jurídica. Por eso, los riesgos geopolíticos deben cuantificarse y distribuirse contractualmente antes de comprometer al país durante una década.
5. El principal interrogante jurídico: ¿puede Ecopetrol comercializar el gas y transportarlo a través de Cenit?
Este es, posiblemente, uno de los aspectos más delicados del proyecto.
Ecopetrol desarrolla actividades de producción y comercialización de gas natural, mientras que Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S. A. S., filial controlada por Ecopetrol, participa en actividades relacionadas con infraestructura y transporte de hidrocarburos.
La eventual operación de los 88 kilómetros colombianos del gasoducto Antonio Ricaurte obliga a examinar cuidadosamente las restricciones de integración vertical establecidas en la regulación del sector.
La integración vertical se presenta cuando una misma empresa o grupo empresarial participa en diferentes eslabones de una actividad económica. En este caso, el interrogante consiste en determinar si un grupo empresarial puede participar simultáneamente en la comercialización del gas y en el transporte de ese mismo combustible, sin afectar las reglas de competencia y acceso a la infraestructura.
Los artículos 333, 334 y 365 de la Constitución Política de Colombia establecen principios relacionados con la libre competencia, la intervención del Estado en la economía y la prestación de los servicios públicos. A su vez, la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y la Resolución 057 de 1996 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas desarrollan disposiciones regulatorias sobre las actividades de transporte y comercialización de gas.
Estas reglas buscan evitar que una empresa utilice el control de la infraestructura de transporte para favorecer sus propios intereses comerciales o restringir el acceso de otros agentes al sistema.
El 6 de mayo de 2026, mediante el Concepto CREG 4074, la Comisión de Regulación de Energía y Gas analizó precisamente las restricciones de integración vertical relacionadas con el gas importado. Su interpretación señaló que el origen extranjero del combustible no elimina automáticamente las restricciones aplicables a la comercialización de gas destinado al servicio público domiciliario.
Aunque este concepto no constituye una decisión particular sobre Ecopetrol y Cenit, sí representa un antecedente regulatorio de especial importancia para evaluar la estructura del negocio.
Por ello, es indispensable establecer cuál sería el papel de Cenit en el proyecto: ¿actuaría exclusivamente como contratista para el mantenimiento y la operación de la infraestructura o asumiría directamente la condición de transportador regulado?
La diferencia no es menor. De ella depende buena parte del análisis sobre la eventual incompatibilidad entre las actividades de las dos empresas. La urgencia energética no puede convertirse en una autorización implícita para desconocer las reglas de competencia.
A manera de conclusión: esta es una decisión que exige transparencia, garantías y responsabilidad
Antes de comprometer recursos públicos y suscribir contratos de suministro por diez años, el Gobierno y Ecopetrol deben poner a disposición del país los estudios de factibilidad técnica, económica y regulatoria del proyecto.
También deben conocerse las condiciones de propiedad y operación del gasoducto, los costos de rehabilitación y acondicionamiento del combustible, las garantías de recuperación de las inversiones, el respaldo físico del suministro y las autorizaciones internacionales requeridas.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas debe pronunciarse con claridad sobre la compatibilidad de la estructura empresarial propuesta con las disposiciones de integración vertical, mientras que los organismos de control deben ejercer sus competencias frente a los riesgos que pueda representar el compromiso de recursos públicos.
Mi posición es clara: no me opongo a importar gas venezolano si resulta necesario, competitivo y jurídicamente viable. A lo que me opongo es a invertir en infraestructura extranjera sin garantías suficientes, contratar volúmenes de suministro sin disponibilidad demostrada, desconocer los requisitos de calidad del gas y comprometer la libre competencia mediante estructuras empresariales cuya legalidad no haya sido previamente establecida.
Colombia necesita gas, pero también necesita recuperar su producción nacional, incorporar nuevas reservas, diversificar sus proveedores y proteger el patrimonio público.
Ninguna crisis energética puede convertirse en una excusa para poner en riesgo el patrimonio público, comprometer irresponsablemente el futuro energético de Colombia o desconocer el Estado de derecho.


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