Óscar Vanegas Angarita
Ingeniero de Petróleos
Profesor Asociado UIS.
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Colombia está entrando en una situación energética que exige abandonar las discusiones simplistas. El problema ya no consiste en decidir si estamos a favor o en contra de los combustibles fósiles, ni en enfrentar el gas natural con las energías renovables. El verdadero desafío es garantizar que el país disponga de energía suficiente, confiable, asequible y ambientalmente responsable para los hogares, la industria y la generación eléctrica.
Y en ese propósito, el gas natural se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.
Unas reservas que encienden las alarmas
Las cifras muestran una tendencia preocupante. Las reservas probadas de gas natural pasaron de 5.727 Gpc en 2012 a 1.717 Gpc en 2025. La relación reservas/producción se redujo hasta 5,9 años. Esta última cifra no significa que dentro de 5,9 años se vaya a acabar el gas: es un indicador estático que cambia con la producción y con la incorporación de nuevas reservas. Pero sí constituye una señal de advertencia sobre la vulnerabilidad creciente del abastecimiento nacional.
Hay un dato todavía más revelador. Entre 2024 y 2025 las reservas probadas disminuyeron aproximadamente 17 %, al pasar de 2.064 a 1.717 Gpc, mientras la producción comercializada también cayó. Por eso, que la relación reservas/producción permanezca relativamente estable no significa que la situación se haya estabilizado. Puede ocurrir exactamente lo contrario: que reservas y producción estén disminuyendo simultáneamente.
El problema, además, no parece ser simplemente que Colombia haya dejado de tener gas en su subsuelo. El país dispone de recursos prospectivos y contingentes importantes. El verdadero cuello de botella está en nuestra capacidad para transformar oportunamente recursos en reservas, reservas en producción y producción en suministro confiable y competitivo.
Esa diferencia es fundamental.
Un recurso descubierto no necesariamente puede abastecer mañana una ciudad, una industria o una planta termoeléctrica. Entre el descubrimiento y la comercialización existen evaluaciones técnicas, inversiones, licenciamiento, consultas y relacionamiento territorial, construcción de infraestructura y decisiones regulatorias que pueden tomar años. La coyuntura actual muestra precisamente la importancia que tienen las contingencias ambientales y sociales para convertir recursos existentes en reservas efectivamente desarrollables.
Mientras ese proceso avanza lentamente, la demanda no espera.
Gas natural y generación eléctrica: dos sistemas que no pueden separarse
Colombia necesita gas diariamente para millones de hogares, establecimientos comerciales, industrias y vehículos, y para respaldar la generación termoeléctrica. Esta última función adquiere especial importancia en un país cuya generación eléctrica depende considerablemente de la hidrología. Cuando disminuyen los aportes hídricos, el respaldo térmico adquiere mayor relevancia. Gas y electricidad, por tanto, no pueden seguir planificándose como dos mundos separados.
Ante la insuficiencia de oferta nacional aparece una solución inevitable en el corto plazo: importar.
La importación de gas natural licuado puede garantizar moléculas cuando la producción interna resulta insuficiente y, por tanto, constituye una herramienta legítima de seguridad de abastecimiento. El problema surge cuando confundimos seguridad de abastecimiento con seguridad energética.
Podemos disponer físicamente de gas importado y, al mismo tiempo, volvernos más vulnerables económicamente. Dependemos entonces de precios internacionales, disponibilidad externa, infraestructura de regasificación, capacidad de transporte, condiciones logísticas y acontecimientos geopolíticos que Colombia no controla.
En otras palabras: podemos solucionar temporalmente la escasez de moléculas trasladando parte del riesgo energético nacional hacia el exterior.
El costo de importar y la paradoja de la transición energética
Existe, además, una paradoja que merece atención. Si el gas importado encarece demasiado el energético para la industria, algunos consumidores pueden buscar alternativas más económicas. Y esas alternativas no necesariamente serán solar, eólica o hidrógeno. Pueden ser carbón, combustibles líquidos o GLP.
El resultado sería contradictorio: intentar avanzar hacia la descarbonización restringiendo la disponibilidad de gas nacional podría terminar estimulando, en determinados sectores, el consumo de energéticos con mayores emisiones.
Aquí aparece otro debate que Colombia debería abordar sin prejuicios: el concepto mismo de “transición energética”.
Si por transición entendemos sustituir progresivamente unas fuentes de energía por otras hasta prescindir de los combustibles fósiles, estamos simplificando un sistema extraordinariamente complejo. Una matriz energética moderna necesita energía, potencia firme, flexibilidad, respaldo, almacenamiento, combustibles para procesos industriales, movilidad y materias primas para numerosos sectores productivos.
Las diferentes fuentes no son perfectamente intercambiables.
La energía solar y la eólica deben continuar creciendo. La hidroelectricidad seguirá siendo fundamental. El almacenamiento tendrá una importancia cada vez mayor. El hidrógeno puede abrir nuevas posibilidades. Pero reconocer esas oportunidades no obliga a decretar prematuramente la inutilidad del gas, del petróleo o incluso de otras fuentes que todavía cumplen funciones determinadas dentro del sistema.
Por eso considero más apropiado hablar de transformación y diversificación de la matriz energética.
Las energías alternativas deben ser complementarias y sustituir progresivamente otras fuentes allí donde exista una alternativa tecnológica, económica, ambiental y socialmente viable. Pero una política energética responsable no debería retirar primero una fuente para preguntarse después cómo reemplazar el servicio que prestaba.
Primero debe existir la alternativa; después puede producirse la sustitución.
Ese principio resulta particularmente importante para el gas natural.
El desafío de garantizar el abastecimiento nacional
Colombia enfrenta un período crítico durante los próximos años: la producción nacional y las reservas están bajo presión, mientras varios proyectos capaces de modificar sustancialmente el panorama requieren tiempo para desarrollarse. Existe, entonces, un desfase entre el momento en que necesitamos el gas y el momento en que podrían entrar nuevas fuentes nacionales de suministro.
La respuesta no puede ser escoger entre exploración nacional o importaciones. Probablemente necesitaremos ambas durante un período. Las importaciones pueden funcionar como seguro mientras se incorporan nuevas reservas nacionales, pero convertirlas en sustituto permanente de la exploración y producción domésticas sería una decisión completamente diferente.
También necesitamos infraestructura. Tener gas en una región del país sirve de poco si no podemos llevarlo oportunamente hasta donde se necesita. Colombia requiere mayor redundancia, interconexión y flexibilidad en su sistema de transporte. La seguridad energética no depende solamente de cuánto gas exista, sino de dónde está, cuánto cuesta producirlo y si puede llegar al consumidor cuando este lo necesita.
El territorio también hace parte de la ecuación energética
Pero existe una dimensión adicional que durante demasiado tiempo hemos tratado como un obstáculo externo al problema energético: el territorio.
Los proyectos no ocurren sobre un mapa vacío. Se desarrollan donde existen comunidades, fuentes hídricas, ecosistemas, actividades agrícolas, ciudades y otras vocaciones económicas. Las condiciones sociales y ambientales no pueden considerarse simples trámites que deben superarse para producir gas. Si impiden durante años convertir un recurso descubierto en una reserva desarrollable, pasan a formar parte de la ecuación de seguridad energética.
Eso obliga a hacer mejor las cosas: estudios previos rigurosos, información transparente, participación temprana de las comunidades, monitoreo independiente y reglas claras tanto para inversionistas como para los territorios.
Colombia necesita una política de Estado para el gas natural
Por todo lo anterior, Colombia necesita una política de Estado para el gas natural, y no solamente decisiones coyunturales para resolver cada déficit.
Esa política debería integrar exploración, incorporación de reservas, producción, transporte, almacenamiento, importación y regasificación con la planeación eléctrica, industrial, ambiental y territorial. También debería establecer con claridad qué función esperamos que cumpla el gas durante las próximas décadas y cómo irá cambiando esa función a medida que otras tecnologías puedan asumirla.
El país no puede esperar a que aparezca una emergencia para descubrir que le faltan reservas, gasoductos, capacidad de importación o generación firme.
Declarar el abastecimiento de gas natural como asunto de seguridad nacional no significa flexibilizar licencias ambientales, desconocer comunidades ni otorgar privilegios a una industria. Significa reconocer que su eventual insuficiencia puede afectar simultáneamente hogares, industria, generación eléctrica, competitividad, empleo y estabilidad económica.
Colombia no enfrenta solamente una escasez de gas. Enfrenta una crisis de oportunidad: posee recursos potenciales, pero no está logrando convertirlos con suficiente velocidad en reservas, producción e infraestructura mientras el sistema energético continúa necesitando ese combustible.
Por eso, el dilema nacional no debería plantearse entre fósiles y renovables, ni entre gas y transición energética.
La verdadera decisión consiste en construir una matriz diversificada, complementaria y resiliente, capaz de aprovechar cada fuente por los atributos que aporta y de sustituirla cuando exista una alternativa que pueda prestar igual o mejor servicio.
La seguridad energética es un asunto de seguridad nacional
La seguridad energética no consiste simplemente en tener energía. Consiste en disponer de ella en cantidad suficiente, en el lugar requerido, en el momento necesario, a un precio competitivo y bajo condiciones sociales y ambientales sostenibles.
Y mientras el gas natural sea indispensable para cumplir esas condiciones, garantizar su abastecimiento debe ser un asunto de seguridad nacional.
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