“AJUA” el grito de otro buen hijo de la Doctrina de La Seguridad Nacional

El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), anteriormente Escuela de las Américas, es una institución militar de EE. UU. ubicada en Fort Benning, Georgia, que operó en la Zona del Canal de Panamá hasta 1984. Fundada en 1946, es conocida por impartir los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional. Exalumnos de la escuela han estado involucrados en escuadrones de la muerte, golpes de estado y graves violaciones a los derechos humanos.

En Colombia, militares como Rito Alejo del Río y Faruk Yanine Díaz, formados allí, han perpetuado este legado. Eduardo Zapateiro, un general retirado que trabajó bajo su mando, es un ejemplo de esta influencia. Zapateiro ha estado implicado en violaciones graves de derechos humanos, desde el paramilitarismo en el Magdalena Medio y Urabá hasta los falsos positivos y crímenes durante el Paro Nacional, siguiendo al piel de la letra los lineamientos de la doctrina de seguridad nacional. Esta influencia se refleja incluso hasta en los señalamientos que se le hacen de orquestar golpe de estado contra el presidente Gustavo Petro.

Masacres, falsos positivos y desapariciones forzadas, son algunos de los casos en los que se relaciona el nombre de Eduardo Zapateiro que evidencian una vida militar muy acorde a los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Eduardo Zapateiro ingresó al ejército el 1 de diciembre de 1985, y operó en el departamento de Santander y en la zona del Magdalena Medio, lugares donde Henry Pérez y Pablo Emilio Guarín conformaban para la epoca el grupo paramilitar del Magdalena Medio, con apoyo del ejército nacional.

En el año 1987, Eduardo Zapateiro, fue nombrado comandante del Pelotón del Batallón de Infantería número 15, Francisco Paula Santander, con jurisdicción en el departamento de Santander. A finales de este año, 19 comerciantes fueron desaparecidos forzadamente. Los comerciantes salieron de Cúcuta con rumbo a Medellín para transportar mercancía y el 6 de octubre de 1987, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo Santander, fueron desaparecidos por el grupo paramilitar del Magdalena Medio. Los 19 comerciantes fueron asesinados, descuartizados y sus restos lanzados a las aguas del caño “El Ermitaño”, afluente del río Magdalena.  En el 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Colombia por estos hechos, y en 2008 la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del exgeneral del Ejercito Farouk Yanine Diaz quien fue Comandante de la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga, quien era superior de Eduardo Zapateiro.

Desde el 1 de diciembre de 1988 hasta el 23 de junio de 1989, Eduardo Zapateiro, subalterno del exgeneral Farouk Yanine, fue el jefe de Inteligencia del Batallón de Infantería número 27 en Magdalena. Durante este periodo, el 18 de enero de 1989, en el corregimiento de La Rochela, Simacota, Santander, aproximadamente 40 paramilitares, haciéndose pasar por guerrilleros, rodearon a una comisión judicial de 15 funcionarios que investigaban una serie de masacres y asesinatos selectivos en el Magdalena Medio incluida la de los 19 comerciantes. Los paramilitares, pertenecientes a las Autodefensas de Puerto Boyacá, engañaron a los funcionarios diciéndoles que apoyaban su trabajo, pero que debían abandonar la zona debido a un supuesto enfrentamiento inminente con el Ejército. A pocos kilómetros de allí, la caravana que transportaba a la comisión judicial fue atacada y masacrada por unos 15 hombres, dejando solo tres sobrevivientes. Según ha declarado Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’, que dirigió al grupo que cometió la masacre, varios miembros de la fuerza pública estuvieron involucrados en los hechos, incluido el fallecido general Faruk Yanine Díaz.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre y ordenó continuar con los procesos judiciales para encontrar a los culpables.

Entre el 7 de septiembre de 1994 y el 1 de junio de 1996, Eduardo Zapateiro fue comandante de Compañía del Batallón Voltígeros en Urabá, bajo la Brigada XVII del Ejército dirigida por Rito Alejo del Río. Según declaraciones ante la Fiscalía de Justicia y Paz, los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) han confesado que las masacres, asesinatos y desplazamientos forzados que cometieron en Urabá entre 1996 y 2004 se llevaron a cabo en complicidad con la Brigada XVII del Ejército, así como con miembros de la Policía y agentes de seguridad del DAS, SIJIN y DIJIN.

El 1 de marzo de 1995, Jaime Enrique Quintero Cano, padre de Juan Fernando Quintero, reconocido futbolista de la selección Colombia, se presentó ante la IV Brigada del Ejército para prestar servicio militar. Fue asignado al segundo contingente de 1995 del Batallón de Infantería Voltígeros y trasladado a la Brigada XVII en Urabá, donde Eduardo Zapateiro ejercía como capitán. Según testimonios de algunos militares, Quintero Cano tuvo un fuerte altercado con el capitán Zapateiro, quien ordenó su desvinculación del Ejército y su regreso inmediato a Medellín en transporte público. Durante el traslado, fue detenido por paramilitares y desde entonces se encuentra desaparecido forzadamente.

La noche del 12 de agosto de 1995, alrededor de 15 paramilitares asesinaron a 18 personas en Chigorodó, Urabá antioqueño. Ingresaron a la discoteca El Aracatazo, acusaron a varias personas de ser colaboradores de la guerrilla, las obligaron a tenderse boca abajo y les dispararon. Las víctimas eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), líderes de izquierda y militantes del Partido Comunista Colombiano. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre, responsabilizándolo por no tomar medidas para prevenir el ataque paramilitar y proteger los derechos humanos. El paramilitar Ever Veloza, alias «HH», reveló que la masacre fue coordinada con el Batallón Voltígeros, bajo las órdenes del general retirado Rito Alejo del Río. Por ello, el procurador Alfonso Pío Fernández Angarita ha insistido en que Eduardo Zapateiro, quien era comandante de Compañía del Batallón Voltígeros en Urabá, debe ser llamado a declarar sobre estos hechos.

Vorágine, un medio de comunicación independiente, informó que la alianza entre los paramilitares y la unidad del Ejército en Urabá, comandada por Zapateiro, era tan estrecha que incluso coordinaban enfrentamientos simulados para aparentar ante la población civil que existía una distancia entre ellos. Esta información se basa en el testimonio del exmilitar Carlos Arturo Furnieles Álvarez, quien, el 16 de abril de 2009, relató que en febrero de 1996, mientras prestaba servicio militar en la zona de Barranquillita, ocurrieron varios episodios de violencia ejecutados por las AUC que fueron encubiertos por la unidad militar antiguerrilla a la que pertenecía. Además, afirmó que el Ejército realizaba simulacros de enfrentamientos con las AUC para hacer creer a los civiles que estaban combatiendo a todos los grupos ilegales.

Eduardo Zapaterio está involucrado también con casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cuando era brigadier general de la Quinta Brigada.

El 22 de febrero de 2014, el campesino Jorge Eliécer Hernández Blanco, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Limón, en el municipio de San Pablo, Bolívar fue asesinado por las tropas de la Fuerza de Tarea Marte. El comandante de la Quinta Brigada que respondía por esa jurisdicción era Zapateiro. El oficial salió a justificar ante los medios de comunicación la muerte del campesino indicando que se trataba de alias “Severo” y que era enlace con Frente 24 de las Farc.

El 24 de agosto de 2014 en Nuevo Girón, Santander, Jhon Alexander Velásquez fue asesinado por militares de la Quinta Brigada quienes le colocaron una granada al lado del cadáver. El expediente contra los militares llegó hasta el Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de un conflicto de competencias. Con las pruebas que aportó la Fiscalía se demostró que la granada pertenecía al Ejército y que había una orden de operaciones para hacer control militar en el Barrio Girón. La conclusión del Consejo Superior de la Judicatura fue que posiblemente se trató de un homicidio en estado de indefensión, ya que, en la necropsia se registra que el joven se encontraba de espalda al recibir los disparos, la granada era del Ejército y no hubo agresión de la víctima. Zapateiro de nuevo salió en defensa de los militares afirmando “que no había ninguna posibilidad de que los soldados le pusieran una granada al joven, pues las tropas del Batallón Mercedes Ábrego no llevan ese tipo de explosivos en sus equipos”, insinuando que el portador de la granada era el joven y no los uniformados.

En el Gobierno de Iván Duque, Eduardo Zapateiro fue nombrado comandante general de las Fuerzas militares. Ostentando este alto cargo militar se refirió en medios de comunicación a los magistrados de la JEP como “víboras venenosas” por el ejercicio judicial de vincular a militares en el caso 03 relacionado con ejecuciones extrajudiciales.

Durante el estallido social del 2021, en la ciudad Cali se gestó, por parte del gobierno un laboratorio para imponer un golpe de estado local a fin de reprimir la protesta social de forma violenta. La orden de asistencia militar impartida por Iván Duque la llevó a cabo Eduardo Zapateiro, quien viajo hasta la ciudad de Cali donde instaló un Puesto de Mando Unificado, se reunió con el gremio empresarial y se comprometió a restablecer el orden público “a como diera lugar. Efectivamente este compromiso se manifestó en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en los puntos de protesta social y en los barrios populares de la ciudad de Cali dejando como víctima a la población civil que ejercía legítimamente su derecho a la protesta social. La ciudad estaba militarizada a merced del general Zapateiro, que parecía estar gobernando en todo el departamento del Valle del Cauca mediante la figura inconstitucional de la asistencia militar, ya que el accionar del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldan, fue omisivo frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por civiles, militares y policías.

En el estallido social de 2021 en Colombia, bajo su mando, la represión de las protestas resultó en 4,035 casos de violencia estatal, incluyendo 83 homicidios (44 atribuidos a la fuerza pública), 103 casos de violencia ocular, 35 de violencia sexual, 56 de afectaciones respiratorias, 1,661 de violencia física y 2,053 detenciones arbitrarias. Se reportaron más de 800 desaparecidos, con más de 300 casos en verificación, y en Cali se documentaron 125 desapariciones forzadas y 156 casos adicionales. También se descubrió que un general de la Policía ordenó la cremación de al menos 300 cuerpos durante el paro.

El 28 de marzo de 2022 a las 6:00 a.m., tropas de la división de asalto aéreo del Ejército descendieron a la vereda Bajo Remanso, del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo, se vistieron de negro y asesinaron a 11 personas. Luego el ejército se llevó los cuerpos de las víctimas y retuvo ilegalmente por horas a los demás pobladores.  Las organizaciones sociales denunciaron que los fallecidos eran civiles del municipio de Puerto Leguizamo. El General Eduardo Zapateiro afirmó que las personas fallecidas formaban parte de la estructura criminal del Gaor 48, reviviendo con fuerza la práctica criminal de los falsos positivos.

El legado de la Escuela de las Américas persiste en Eduardo Zapateiro, quien se enorgullece de haber formado a muchos otros como él. En sus propias palabras, “Estoy tranquilo, porque el día que me vaya de esta amada institución dejaré muchísimos Zapateiros. Fui director de la Escuela Militar de Cadetes y gradué muchas promociones que llevarán en su mente, alma y corazón las enseñanzas de quien fue su director.”

Es urgente que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa implementen una reforma radical en la doctrina militar para evitar que figuras como Zapateiro continúen mancillando el honor de las fuerzas armadas y perpetuando violaciones de derechos humanos, un legado persistente de la doctrina de seguridad nacional.

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