Walter Aldana Q
Líder social y política del Cauca
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El expresidente Andrés Pastrana, los Senadores María Fernanda Cabal y Efraín Cepeda Sarabia -Presidente del Congreso- y la precandidata presidencial Vicky Dávila, en declaraciones públicas, pero no en sala judicial, señalaron al Presidente de la República de ser el responsable del atentado que se cometió contra el también precandidato Miguel Uribe Turbay.
Son las mismas calumnias e injurias lanzadas por el mismo sector político contra quienes lo confrontaban en la campaña presidencial de 2002. Las usaron, sobre todo, después del atentado que sufrió el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez.
En esa ocasión, después del escándalo y de los insultos y acusaciones lanzados igual que ahora, resultó que el tal atentado había sido preparado y ejecutado por efectivos del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para promover la candidatura del expresidente hoy procesado penalmente.
Como quedó claro desde entonces, mentir e insultar no aporta nada al sano debate de las ideas. Tampoco aporta que hoy, desde el ejecutivo, se diga que sus detractores son ratas de alcantarilla, HPs, traquetos o muñecas de la mafia.
Caer en ese intercambio de improperios impide que se pueda ver con claridad lo que hay de fondo de esa confrontación, de esa discordia.
Lo que no podemos ver, en medio de la trifulca verbal, es la disputa que hay entre dos modelos económicos, políticos y sociales. Uno, que gobernó durante más de 200 años y, otro, que promueve las reformas sociales, la defensa ambiental y la negociación de los conflictos armados.
Quienes manejaron el Estado durante tanto tiempo, aún tienen a su servicio al congreso, las altas cortes de la justicia y los medios de comunicación, entre otros. Esa élite y quienes le sirven, están siendo beneficiadas por las alteraciones violentas del orden público. Sería irresponsable endilgárselas a ellos, pero es innegable que generar caos y clamar por «seguridad», es lo que alimenta su discurso.
Pero el caos que beneficia a esa élite no se expresa sólo en acciones armadas, atentados, intimidaciones, hostigamientos a poblaciones. Tiene también un ingrediente (lamentablemente) protagonizado por civiles. Por ejemplo, el llamamiento inconstitucional e irrespetuoso del presidente del Senado a reuniones con la cúpula militar y de policía (sin Petro) pretendiendo desconocer que el Presidente de la República es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Otra forma de promover el desorden institucional y la incertidumbre ciudadana es la no asistencia de nueve partidos a la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (tema central de su queja) y la amenaza de acudir a instancias internacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para que se le exija al gobierno colombiano brindar las garantías para el ejercicio electoral, como si no las hubiera.
Así, pretenden desestabilizar al gobierno. Así, desconocen -de hecho- la representatividad y el mandato otorgados al Presidente, por el pueblo votante, en las urnas. Desconocer la autoridad y las funciones presidenciales, es romper el orden constitucional.
No los anima el interés de generar un clima normal de convivencia para el debate electoral, sino la más clara intención de sacar provecho, al lamentable y repudiable atentado contra la humanidad de un precandidato presidencial, precedido, entre muchos más, del ataque a Jorge Sánchez coordinador político del Comité Regional Indígena del Cauca, apenas reseñado por los medios de comunicación regional.
Dos apuntes finales: la misma élite, a través de sus medios de comunicación, ha creado una narrativa que presenta la consulta popular como una política de Petro y no como la posibilidad de darle voz, voto y capacidad de decisión al constituyente primario y, además, desconoce el derecho constitucional que tiene el presidente de convocarla por decreto.
Según dicen algunos analistas, así es como esa élite, esa minoría, está dando un golpe blando. Este es una manera de sacar al Presidente antes de que termine el periodo para el cual fue elegido, sin usar la mano militar.
Pero no podremos ver esta maniobra de los enemigos del cambio, si continuamos intercambiando insultos y buscando la peor vulgaridad para definir a quienes están en desacuerdo con nosotros.
A diferencia de Agustín Laje, que no nos ve como adversarios sino como enemigos, nosotros los definimos como conciudadanos que tienen o representan los intereses de quienes se han beneficiado de la desigualdad y la injusticia. Tienen derecho a oponerse al gobierno actual y tienen, como nosotros, el deber de cumplir la Constitución y la Ley.
En la Consulta Popular nos vemos.
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