

La descertificación, más que una sanción, es un espejo incómodo que desnuda la incapacidad del Estado colombiano para resolver las causas estructurales de la violencia y el narcotráfico.

No existe, ni es razonable hablar de técnicas de minería no invasivas en el Páramo de Santurbán. ¿De qué manera piensan que se puede sacar el mineral si no es rompiendo la montaña?

El falso dilema entre ‘minería o vida’ nos ha atrapado en un debate improductivo.

Es inaceptable que el interés particular de un grupo regional se haga a costa de sacrificar el interés general de millones de colombianos que se benefician de la protección de la biodiversidad.

El miedo no solo viene de lo que pasa, sino de lo que podría pasar, cuando el Estado no logra dar señales claras de autoridad.

Esto no es urbanismo: es una disputa ética. Una elección entre muros o puentes.

Se ha invertido la lógica: a quienes la Constitución y la Ley reconocen el derecho a gozar de la protección Estatal, hoy se les demanda que protejan a los funcionarios del Estado.