Colombia: de la exclusión histórica al desencanto progresista y la amenaza autoritaria

La historia de Colombia y de Nuestra América es la historia de una exclusión prolongada: el poder y la riqueza concentrados en pocas manos, mientras las mayorías disputan su derecho a existir con dignidad. Para comprender nuestra encrucijada actual —el desencanto frente a un progresismo caudillista que muchos confundieron con una transformación estructural y el avance de una ultraderecha punitiva y mercantilizada— es necesario examinar las raíces históricas de esa desigualdad, pero también reconocer las responsabilidades de quienes llegaron al poder prometiendo superarla.

La independencia no significó la democratización de la sociedad. Bolívar y Santander, pese a sus diferencias, actuaron dentro de los límites de una época en la que la república no garantizaba igualdad efectiva. Las instituciones conservaron jerarquías económicas y sociales que restringieron la participación de indígenas, afrodescendientes, campesinos y sectores populares. La legalidad republicana no desmontó los privilegios heredados ni resolvió la concentración de la tierra.

En el siglo XX, Jorge Eliécer Gaitán movilizó a sectores populares que reclamaban participación política y justicia social. Su asesinato, en 1948, profundizó la violencia y la exclusión. Más tarde, el Frente Nacional cerró parcialmente la confrontación bipartidista, pero restringió la competencia política y dejó a otras fuerzas al margen del poder institucional. Durante la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional contribuyó a identificar determinadas expresiones de oposición social como amenazas, mientras la violencia estatal y paraestatal agravaba los conflictos territoriales.

La expansión guerrillera estuvo relacionada con la desigualdad rural, la exclusión política y la ausencia estatal en numerosos territorios. Nada de ello justifica sus acciones ni las cometidas por estructuras paramilitares, narcotraficantes y agentes estatales. La violencia no solo eliminó vidas: también alteró la propiedad, debilitó organizaciones populares y favoreció intereses económicos.

La Constitución de 1991 abrió posibilidades democráticas, pero sus promesas coexistieron con la persistencia de la desigualdad y un modelo económico muy cuestionable.

El Plan Colombia reforzó la cooperación militar con Estados Unidos en medio de una estrategia antinarcóticos que también incidió en la agudización del conflicto. La distancia entre los derechos reconocidos y las condiciones reales de millones de colombianos continuó alimentando el malestar social.

Ese acumulado de frustraciones contribuyó al estallido social de 2021 y a la elección de Gustavo Petro en 2022. La llegada del progresismo a la Presidencia expresó décadas de luchas populares y la expectativa de modificar las estructuras de exclusión. Pero acceder al gobierno no equivale a transformar el Estado. Las dificultades administrativas, los conflictos internos, los problemas de ejecución y la distancia entre las promesas y los resultados expusieron los límites del proyecto.

La Paz Total sintetiza parte de esa contradicción. La búsqueda de salidas negociadas al conflicto es legítima, pero exigía distinguir entre organizaciones insurgentes y estructuras criminales cuya actividad depende de economías ilícitas. Por otra parte, la fragmentación de los grupos armados, las disputas entre ellos y las dificultades para establecer condiciones verificables complicaron la implementación de dicha política. Al final la población civil terminó pagando el costo de los errores de diagnóstico y ejecución.

El progresismo tampoco puede subestimar una exigencia elemental de las mayorías: vivir sin miedo y contar con condiciones materiales dignas. La justicia social pierde capacidad transformadora cuando no está acompañada de seguridad, eficacia administrativa y respuestas concretas a las necesidades cotidianas. La nobleza de una causa no exime a sus representantes de rendir cuentas.

En ese vacío gana espacio una ultraderecha que convierte el miedo y la frustración en capital político. Su promesa es conocida: autoridad concentrada, castigos severos y reducción de garantías en nombre del orden. La llamada bukelización presenta la seguridad como justificación para debilitar controles democráticos, mientras el liderazgo personalista y la exhibición de riqueza convierten el éxito económico en espectáculo político.

Esa estrategia conecta con sectores agotados por la precariedad y la inseguridad, para quienes el lujo exhibido puede representar una promesa de movilidad social y la mano dura una salida inmediata. El problema es que la seguridad sin garantías puede derivar en arbitrariedad, y la ostentación sin transformación económica no resuelve las causas de la desigualdad.

La responsabilidad histórica del progresismo consiste, entonces, en comprender que no basta con denunciar a las élites ni reivindicar las luchas populares. También debe demostrar capacidad para gobernar, corregir errores y mejorar efectivamente la vida de la gente. Culpar exclusivamente al establecimiento o a los electores equivale a eludir la autocrítica que exige cualquier proyecto emancipador.

Nuestra América no está condenada a escoger entre gobiernos reformistas incapaces de ejecutar lo prometido y autoritarismos que ofrecen orden a cambio de derechos. Pero construir una alternativa requiere articular justicia social, seguridad, capacidad administrativa y democracia. Si el progresismo no logra responder a esa exigencia, la frustración seguirá alimentando a quienes prometen soluciones autoritarias sin cuestionar las estructuras que producen la exclusión.

El desafío no es únicamente llegar al poder: es democratizar las oportunidades y las condiciones para generar riqueza en todas sus formas, garantizando que más personas puedan crearla y acceder a ella sin que quede restringida a un solo sector; garantizar la seguridad sin sacrificar las libertades y demostrar que la democracia puede ofrecer respuestas concretas. De lo contrario, la esperanza de cambio terminará convertida en desencanto, y ese desencanto seguirá abriendo las puertas a quienes pretenden gobernar mediante el miedo.

La gente, aun la más empobrecida, volverá a elegir el autoritarismo a cambio de un espejismo de seguridad y el brillo de un lujo inalcanzable.