Colombia retrocede 50 años en derechos humanos, en solo 60 días

En la revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo) creada por Orlando Fals Borda y coordinada por Libardo sarmiento Anzola, publiqué en 2004 un texto titulado “los derechos humanos en el régimen del odio”. En él mostré cómo la vigencia, garantía y promoción de los derechos humanos habían retrocedido debido al ataque sistemático que sufrieron por parte de la política de seguridad democrática impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; dicha política tenía como fin principal derrotar, de la manera que fuera, no solo a sus oponentes, sino eliminar la idea de dignidad humana como concepto y práctica sobre la que gravitan los derechos humanos y las libertades.

Hoy, ante los recientes y sistemáticos hechos, muchos para el poco tiempo que lleva un gobierno abiertamente fascista en su lenguaje, propaganda, prácticas e intencionalidades, es posible volver a tratar el mismo asunto. Veámoslo.  

Sesenta días parecen insuficientes para mantener la nación en su ruta civilizatoria o devolverla a la barbarie. Pero en materia de derechos humanos, hacer un cambio profundo no necesita décadas. Puede comenzar con pequeños gestos tales como la imitación del saludo militar por parte de civiles en el poder o usar la estética y el protocolo militar nazi para transmitir decisiones y políticas que alteran la relación entre el Estado y el ciudadano.

Decir que una nación “retrocede 50 años en derechos humanos en sesenta días” es, por supuesto, una metáfora. No significa que literalmente haya regresado a 1976, sino que ciertas decisiones Estatales de obligatorio cumplimiento -que luego son replicadas en redes sociales- tienden a dejar sin efecto conquistas que durante ese tiempo fueron incorporándose al constitucionalismo democrático

Así, quedan sin apoyo gubernamental, o son objeto de persecución del gobierno, las libertades de expresión, opinión, información y protesta; se reduce o es mal vista la participación ciudadana, la autonomía universitaria, las políticas de igualdad y no discriminación, el reconocimiento de diversidades, el respeto por la madre tierra y sus recursos limitados (agua, páramos, selvas); dejan de ser reconocidos como sujetos de derecho las niñas, los campesinos, las comunidades LGTBIQ+, las y los migrantes, y dejan de tener vigencia las limitaciones impuestas al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas

Ese retroceso en las políticas públicas de derechos humanos también significa que se vuelven sospechosos quienes impulsen la abolición del servicio militar obligatorio, la negociación política del conflicto armado, la prohibición de la tortura, la   protección de territorios, culturas, lenguas ancestrales y minorías o pidan respeto para las víctimas del conflicto armado o por los despojos mortales de quienes mueren en medio de la confrontación armada.

Sospechosas y perseguidas pueden ser también las personas que apoyen la justicia de transición y sus decisiones, la independencia judicial, la transparencia de información y la rendición de cuentas ante los organismos estatales o las veedurías ciudadanas.

Mientras todo lo anterior pierde apoyo del Estado o se convierte en motivo de sospecha y persecución judicial, son extirpados los avances de la nación y del Estado en el ámbito internacional: ya no se reconoce el genocidio sionista contra el pueblo palestino; se modifica, casi imperceptiblemente, el lenguaje diplomático alrededor de asuntos relacionados con género, derechos sexuales y reproductivos, discriminación y otros conceptos utilizados en el sistema internacional de derechos humanos y nuestros funcionarios internacionales hacen desobligantes exposiciones contra la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz. Así debilitan o dejan de cumplir los compromisos asumidos por el Estado.

Lo importante, no es analizar cada medida como si por sí sola significara el fin de los derechos y, con ellos, de la democracia, sino entender que la acumulación de señales muestra el ataque al que son sometidos.

Es necesario entender que esas señales son parte de una estrategia comunicativa que convierte las decisiones del Estado, en un asunto personal, discrecional y absoluto del presidente, y que este señor decide, no siguiendo los mandatos constitucionales y legales, sino su fe, sus prejuicios, su vanidad y voluntad.

Con arreglo a esos asuntos absolutamente personales, el parece decidir, tanto sobre la distribución de presupuestos, como sobre la vida misma de la población. De igual manera, y como ejercicio de la misma estrategia de publicidad y propaganda, aparentemente decide cómo y en dónde utilizar la fuerza para silenciar, someter, amenazar, y enfrentar conflictos sociales y armados.

La historia democrática enseña que los derechos rara vez desaparecen de un día para otro. Primero se redefine su alcance; después se normalizan excepciones; finalmente, aquello que antes parecía inadmisible comienza a presentarse como necesario.

Por eso, los primeros sesenta días deben ser evaluados menos por la retórica política y más por la pregunta de sí las amenazas y medidas presidenciales son políticas de Estado o meros deseos personales del presidente de convertir su programa de seguridad en una vía que permite reducir las garantías ciudadanas

Colombia no puede caer en la trampa de escoger entre seguridad y derechos humanos. Su débil democracia se sostiene, precisamente, para proteger a sus ciudadanos y ciudadanas y no tiene por qué pagar con sus libertades el precio de esa protección, menos aún bajo el chantaje y la amenaza de exterminio. Ese es el verdadero significado de hablar de un retroceso de 50 años en sesenta días. Una sociedad puede tardar generaciones en conquistar un derecho, pero acostumbrarse a perderlo mucho más rápido.

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