Gustavo Melo Barrera
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El 7 de agosto de 2022 no fue un cambio de gobierno. Fue una mudanza simbólica: los retratos al óleo bajaron de las paredes y, al caer, levantaron una polvareda de apellidos compuestos.
Durante dos siglos, Colombia fue una república de mármol donde los apellidos sonaban a notaría antigua: Gómez, Gaviria, López, Pastrana. Se pronunciaban como si cada sílaba viniera con escolta. Pero algo pasó. El mármol empezó a cuartearse y de las grietas salieron expedientes, memes judiciales y comunicados de prensa redactados por abogados con insomnio crónico.
Ahí estaban los fantasmas ilustres: Uribe Vélez, convertido para sus fieles, un prócer viviente y para sus críticos un prófugo de la justicia ; Gaviria Trujillo, patriarcado liberal que aún habla como si el país fuera un club social; Samper Pizano, bufones de huracán noventero; Pastrana , nostálgicos del Caguán y de viajes a islas de fantasía ; Vargas Lleras, ingenieros de la corrupción con ceño fruncido; Valencia , nostalgia de borracheras de poder y sueños de esclavitud o Duque ,mirando casas , fincas y relojes como ladrones en joyería.
No es que hayan desaparecido. Es peor: siguen ahí, pero ahora bajo la luz fluorescente de la sospecha permanente. En la nueva temporada de la República —esa serie interminable que nadie cancela— los apellidos ya no abren puertas: abren hilos en redes, investigaciones preliminares, debates sobre conflicto de interés y archivos PDF de 200 páginas que nadie lee completos, pero todos citan.
La ironía es quirúrgica. La alegoría es cruel: los viejos carteles que hicieron temblar al país —los de Medellín y Cali— mutaron en una especie de franquicia a bajo costo. Como si el crimen hubiera descubierto el modelo de empresa emergente: menos glamour, más tercerización.
Así, el mapa criminal parece un directorio empresarial: el ELN, las disidencias de las antiguas FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ubicuo Clan del Golfo. Nombres que suenan a firma de abogados, pero operan como multinacionales del miedo. Pequeñas bandas, dicen algunos; micro franquicias delincuenciales, corrige el humor negro. Cada una con su logo invisible y su departamento de “relaciones comunitarias”.
En esta sátira nacional, los apellidos tradicionales no serían ya los amos del país sino los proveedores de insumos simbólicos: legitimidad reciclada, retórica institucional, discursos sobre moral pública. La fábrica produce comunicados indignados mientras, en el sótano, el país real negocia con plomo y cocaína. Es una caricatura, claro. Pero toda caricatura exagera una arruga que ya estaba ahí.
Los apellidos que antes dictaban cátedra ahora dan explicaciones. Donde antes había conferencias magistrales, hoy hay ruedas de prensa defensivas. Donde antes había mayorías automáticas, hoy hay temas de tendencia , inquisidores. La aristocracia republicana descubrió que la impunidad no es un derecho adquirido sino una batalla jurídica con fecha de audiencia.
Y sin embargo, nada muere del todo en Colombia. Los apellidos ilustres no se extinguen: se transforman. Se convierten en marcas. Sus empresas se llaman partidos políticos, fundaciones, centros de pensamiento. Cambian de logo, actualizan el eslogan, prometen renovación generacional. El hijo, la sobrina, el primo: la democracia como negocio familiar con junta directiva ampliada.
El humor negro susurra que el país no pasó de los carteles a la institucionalidad, sino que perfeccionó la mezcla. Que los fundadores de los grandes carteles enseñaron, sin querer, una lección empresarial: diversificar riesgos, infiltrar mercados, negociar con todos.
Pero también hay otra lectura menos cínica —y por eso menos popular—: la de un país que, a trompicones, empezó a cuestionar la herencia automática del poder. Que mira a los apellidos con menos reverencia y más lupa. Que entiende que la historia no se hereda como una finca, sino que se audita como una cuenta bancaria.
Al final, la caída de los apellidos ilustres no es una guillotina sino una parodia. Siguen vivos, opinando, aspirando, denunciando. Solo que ya no caminan sobre alfombra roja sino sobre terreno minado por la memoria colectiva. Y en esa tragicomedia nacional, el verdadero protagonista no es Gómez ni Uribe ni Gaviria. Es el ciudadano que, entre carcajada y rabia, aprendió que el linaje no garantiza inocencia ni grandeza.
La ironía suprema es que, en el país de los próceres de bronce, lo único verdaderamente ilustre que queda es el expediente. Y ese, a diferencia de los apellidos, no se hereda: se construye página por página.
Adenda: Virus de laboratorio republicano
En el panteón de los depredadores simbólicos, tres nombres flotan como recipiente de laboratorio: Álvaro Uribe Vélez, carga desde hace años con un prontuario de investigaciones, versiones libres, indagatorias y absoluciones parciales que para sus detractores son prueba de un sistema que lo persigue, y para sus críticos, evidencia de un sistema que nunca termina de tocarlo. Condenado “in vitro”, dicen los satíricos: culpable en la opinión pública, inmune en el laboratorio judicial.
A su lado, Andrés Pastrana Arango navega entre polémicas internacionales, fotografías incómodas y teorías que lo han salpicado en titulares y redes, aunque pocas hayan cuajado en sentencias. En la caricatura nacional, sus viajes son siempre “a la isla de algo”, aunque la justicia aterrice en pista distinta.
Y luego está Iván Duque Márquez, el tecnócrata sonriente al que sus opositores acusan de haber archivado tempestades en cajones institucionales, protegido por alianzas políticas que funcionan como antivirus de última generación.
Tres virus persistentes, dice el humor negro, que no se combaten con placebos retóricos sino con una inyección de constituyente. Una vacuna radical que reinicie el sistema operativo de la República. Ni más ni menos.
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