
Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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La democracia no se rompe de un solo golpe. Se va erosionando, lentamente, cuando el poder deja de reconocer sus límites y comienza a mirar a las instituciones no como pilares del Estado, sino como obstáculos a su voluntad. Eso es precisamente lo que hoy empieza a preocupar en Colombia.
El reciente comunicado de la Red Pro —esa articulación de organizaciones como Prosantander, Proantioquia y Propacífico, entre otras— es una alerta seria que no puede ser despachada con ligereza. Allí se advierte con claridad que “no hay elecciones libres cuando se debilitan sus garantías” y que el país llega a la antesala de la campaña presidencial de 2026 con una preocupante acumulación de señales: tensiones con los contrapesos, sospechas de vigilancia ilegal, deterioro de la confianza institucional y decisiones que reducen la capacidad del Estado en los territorios.
No es un asunto menor. Cuando las instituciones técnicas comienzan a ser tratadas como adversarios políticos, se desdibuja la esencia misma del Estado de derecho. El caso reciente del ministro de Hacienda, que decidió retirarse de la junta directiva del Banco de la República, no solo es una reacción desafortunada: es un mensaje profundamente equivocado. El Banco de la República no es un actor político; es una institución técnica cuya independencia ha sido clave para la estabilidad macroeconómica del país. Abandonar ese espacio en medio de desacuerdos envía la señal de que el criterio técnico puede ser desechable cuando no se alinea con la narrativa del poder, sin importar quién lo detente.
Y ese no es un hecho aislado. En distintas columnas he advertido sobre una tendencia preocupante: la subordinación de lo institucional a lo ideológico. Lo vimos con decisiones que debilitan el sistema de salud en medio de una cruzada contra las EPS, incluso a costa de la vida de pacientes que dependen de tratamientos continuos. Lo vemos en la llamada “Paz Total”, cuya implementación ha generado más dudas que certezas y ha sido percibida por amplios sectores como un escenario de impunidad que desdibuja el rol de la justicia. Y lo vemos también en decisiones que afectan la confianza empresarial y educativa, como el gravamen a las universidades privadas, que pone en riesgo su sostenibilidad y autonomía.
El problema no es la diferencia de visiones. En democracia, el disenso es necesario y saludable. El problema es cuando desde el poder se pretende imponer una visión única, desconociendo los pesos y contrapesos que garantizan el equilibrio. Como bien lo señala la Red Pro, “cuando se intenta convertir al Banco de la República en un adversario político, se desordena el debate público y se debilita la credibilidad de las reglas”.
Ese desorden tiene consecuencias concretas. Sin reglas claras y respetadas, se afecta la confianza de los ciudadanos, de los inversionistas y de la comunidad internacional. Sin instituciones fuertes, se debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos. Y sin garantías, las elecciones dejan de ser un ejercicio plenamente libre.
El poder ejecutivo, por definición, tiene un mandato claro: gobernar. Pero gobernar no es imponer. Gobernar es liderar respetando las instituciones, entendiendo que la democracia no es un cheque en blanco, sino un sistema de equilibrios donde cada poder cumple una función específica. Pretender lo contrario es abrir la puerta al desorden.
Colombia no puede darse el lujo de normalizar el debilitamiento institucional. No en un contexto electoral. No en un país con una historia marcada por la fragilidad de sus instituciones en amplios territorios. No cuando lo que está en juego es, justamente, la confianza en que las reglas del juego democrático se mantendrán intactas.
Hoy más que nunca, el llamado es a la sensatez. A entender que los contrapesos no son enemigos, sino garantías. Que las instituciones técnicas no son un obstáculo, sino un activo. Y que el respeto por la institucionalidad no es una opción política, sino la condición mínima para que la democracia siga siendo democracia.


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