¿El ‘cambio’ era de turno?

El gobierno del presidente Gustavo Petro llegó al poder en Colombia con una promesa clara y rotunda: “ser el gobierno del cambio”, uno que transformaría las costumbres políticas del país y pondría fin a la corrupción y la manipulación. Sin embargo, los hechos presentan un panorama inquietante de incoherencias y contradicciones que desdicen estas aspiraciones, incluso desde los mismos tiempos de la campaña.

En primer lugar, el escándalo que involucra a Nicolás Petro, hijo del presidente, es particularmente alarmante. La Fiscalía ha encontrado presuntos donantes relacionados con negocios turbios, como Samuel Santander Lopessierra y Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca (el mismo que sería adueñarse del alumbrado público en Socorro en las últimas dos semanas de la administración de la ex alcaldesa Claudia Porras), que habrían tenido interés en invertir en la campaña presidencial.

En los mismos tiempos de las correrías de campaña, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, visitó diversas cárceles para hablar de una eventual “paz total” con capos y cabecillas de las principales estructuras criminales del país. Según confesiones posteriores, desde estas cárceles se habrían dirigido votos en apoyo a Petro.

No podemos olvidar los 15.000 millones de pesos en campaña, conseguidos por Armando Benedetti, que tampoco están reportados en las cuentas oficiales, y que confesó el político costeño en unos audios llenos de ira con sangre en el ojo. Este tipo de irregularidades en la financiación de campañas electorales además de ilegales, minan la confianza del público en sus líderes.

Ya en gobierno, la entonces Secretaria Privada del Presidente, Laura Sarabia, se vio envuelta en un escándalo que involucró el uso indebido de recursos del Estado para interrogar mediante polígrafo a la niñera de su casa por un dinero extraviado.

Otro caso fue el de la exministra del Deporte María Isabel Urrutia, acusada de firmar 104 contratos irregularmente (y no voy a mencionar por falta de espacio haber perdido los Juegos Panamericanos 2027 por falta de gestión en el giro de los recursos).

En el campo de los medios, apareció RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia, por cuenta de varias irregularidades en contratos, por información que no concuerda, contratos otorgados a dedo sin los requisitos y experiencia, y denuncias de acoso laboral, entre otras.

El tema de las energías renovables y la descarbonización de nuestra economía, bandera de este gobierno, también se ha visto empañado por escándalos. El Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) otorgó contratos que suman un poco menos de 200.000 millones de pesos al poderoso Clan Torres, recordado por ser uno de los presuntos financiadores irregulares de la campaña del hoy presidente.

Entre tato, el tráfico de influencias también ha sido uno de esos cánceres denunciados en los discursos de tarima del entonces candidato y también luego como mandatario. Sin embargo, menos grave pero igualmente escandaloso fue el caso de la exministra Irene Vélez, quien facilitó la salida de su hijo del país sin los requisitos necesarios exigidos por Migración Colombia a todos nosotros.

Además, el caso de los catalanes Xavier Vendrell y Manel Graul Pujadas, nacionalizados en tiempo récord a pesar de estar investigados en medio del proceso independentista catalán, pero que fueron incorporados a la Presidencia. Según El Colombiano, Graul, uno de ellos, participó en un millonario contrato del negocio de las basuras en la administración de Daniel Quintero cuando era alcalde de Medellín.

Pero por supuesto, la cereza del pastel (de un pastel que se han venido comiendo a mordiscos de glotonería como en la cincuentenaria película ‘La gran comilona’ de Marco Ferreri) ha sido el famoso caso de los sobrecostos por 20.000 millones en los 40 carrotanques destinados a saciar la sed en nuestra olvidada Guajira que además estaban abandonados en un parqueadero para perderse en el óxido de la intemperie. El escándalo produjo la salida de la consejera para las regiones, Sandra Ortiz, acusada de ser una de las intermediarias de entregar dineros.

Pero el óxido más corrosivo no es el de la fuerza del agua y el oxígeno obrando sobre los metales, sino el de la indolencia de los corruptos con un tema tan sensible como llevar agua a una población tan vulnerable como nuestros indígenas Wayúu.

La incoherencia entre las promesas de campaña y la realidad administrativa del gobierno de Gustavo Petro es evidente y preocupante. La corrupción y las malas prácticas no conocen de colores políticos; es un mal que debe ser combatido de manera contundente sin importar quien esté en el poder, si es de izquierda o de derecha. Lo que vemos ahora es un reflejo de cómo las buenas intenciones en el discurso pueden ser socavadas por la falta de coherencia y de compromiso ético. Y que hagamos notar esto no puede ser bautizado como “golpe blando” por la ultraderecha, como suele estigmatizar a todos aquellos que osan poner en evidencia sus contradicciones.

Para los ciudadanos que votaron por él y que esperaban un verdadero cambio, estos escándalos, imagino si no están consumidos por el proselitismo ciego y casi feligrés, deben ser una amarga decepción. La confianza en el gobierno se erosiona cada vez que un nuevo escándalo sale a la luz y resulta más indefendible que el anterior.

Genuinamente puedo decir que no hago fuerza para que aparezcan más escándalos y repujar en la mente de sus fieles seguidores un rudo, irritante y recalcitrante “se les advirtió”. No, por el contrario espero que el gobierno enderece el rumbo, entienda que llegar al poder prometiendo el cambio debe ser algo honrado con acciones coherentes.

Cuando no hay coherencia, la palabra “cambio” no significa algo trascendental, sino el simple anuncio de que “ahora nos toca a nosotros”, de que cambio sí hay pero es de turno para hacer las mismas cosas que venían haciendo otros corruptos. Sí, otros corruptos. 

La transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con la justicia deben ser los pilares sobre los cuales se construya cualquier intento de cambio real y duradero en la política colombiana.

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