El espectáculo grotesco del Consejo Nacional Electoral

Mandan cascara. La derecha política en su estrategia de oposición al gobierno progresista muestra de nuevo los dientes y su enorme torpeza con el pliego de cargos que acaba de formular el Consejo Nacional Electoral en contra del Presidente Gustavo Petro. Porque no puede ser mas grotesco que esta investigación la adelante el más desprestigiado organismo del sistema político colombiano, que podría abrirle paso a un proceso penal contra el Presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en la búsqueda de su destitución, acudiendo al artículo 109 de la Constitución que indica que la violación de topes electorales “debidamente comprobada, será sancionada con la perdida de investidura”.

Porque el CNE colombiano, lejos de un respetable tribunal electoral, ha terminado convertido en un recicladero de políticos cuestionados asesorados por abogados de poca trayectoria jugando a hacer de magistrados de altas cortes. El organismo electoral se dio garra fabricando un expediente que condujo, amparados en un bastante discutible pronunciamiento jurídico de la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, a un pliego de cargos por supuesta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial del hoy Presidente. Sin ocultar las ganas de llevárselo de calle, emulando al tristemente célebre Procurador Alejandro Ordoñez en su sanción al mismo Petro que pretendió sacarlo de la Alcaldía de Bogotá e inhabilitarlo políticamente de por vida, el Consejo Nacional Electoral burdamente violó el fuero presidencial incluyéndolo como principal responsable de los hechos, abrogándose una competencia que nuestro ordenamiento jurídico les tiene negado y prohibido.     

Pero el espectáculo grotesco no termina allí. Resulta que quien lidera la acusación al Presidente es el mismísimo Álvaro Hernán Prada, Exrepresentante a la Cámara por la extrema derecha del Centro Democrático, quien por su condición de súbdito del Expresidente Álvaro Uribe Vélez está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia por varios delitos, entre ellos, el de soborno de testigos en el caso que tiene a las puertas de una condena a su Patrón del Ubérrimo. Prada, fiel a su perverso historial y sin ningún recato por su inocultable odio ideológico, se comporta como un sicario moral contra el primer mandatario de izquierda de nuestra historia reciente, desenfundando armas ilícitas y de dudosa legalidad, acolitado por socios y vecinos de su orilla política en el órgano electoral.

Lo que produce un especial estupor en este caso, es que los cargos formulados tienen que ver con aportes realizados a los partidos que respaldaron la campaña presidencial Petro Presidente por reconocidas y luchadoras organizaciones sindicales como la Federación Colombiana de Educadores FECODE y la Unión Sindical Obrera USO. Será una escandalosa sorpresa para el mundo democrático que se pretenda burlar la voluntad popular expresada en las urnas con la elección de Gustavo Petro en el 2022 interrumpiendo nuestra estabilidad institucional, por espureas “pruebas”, sobre todo porque estos aportes estuvieron dirigidos a financiar actividades que no corresponden técnicamente a los gastos de campaña.

Y el estupor es mayor cuando se persiga el aporte de organizaciones sociales y populares a fuerzas políticas de izquierdas, en un país que ha presenciado desde los tiempos de Turbay Ayala, como lo acaba de revelar la justicia norteamericana, la incursión de dineros del narcotráfico en las campañas políticas de los sectores del establecimiento o que acaba de conocer la presencia de los dineros de la multinacional Odebrecht en por los menos dos campañas presidenciales o que escuchó los escabrosos audios de Cayita Daza develando el papel del oscuro Ñeñe Hernández en la financiación ilegal de la campaña de Iván Duque, socio de Álvaro Hernán Prada.

Algunos destacados juristas le restan importancia a la tesis de un “golpe blando” iniciado con esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Acuden a una tradición muy arraigada en nuestra maltrecha y accidentada democracia que no ha experimentado interrupciones a los periodos presidenciales por cuenta de golpes de Estado como ha ocurrido en el vecindario latinoamericano, salvo la consentida y cortísima dictadura militar de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957. Pero olvidan estos informados analistas que en este mismo vecindario las interrupciones de la democracia provienen de un estiramiento caprichoso y malévolo de las normas legales y de una utilización grosera de los organismos de justicia por parte de las derechas y del establecimiento tradicional para asaltar el poder cuando son las fuerzas progresistas o de izquierdas las que gobiernan. No quieren ver que, si prospera esta chambonada jurídica, estaríamos ad portas de una investigación penal contra Petro, sin antecedentes y con un inevitable incremento de la temperatura en el debate político.

Estamos ante una prueba acida de nuestro sistema democrático. Y frente a un desafío para las fuerzas políticas del cambio. Se impone actuar con carácter y sin infantilismos y egolatrías, asumiendo la defensa de la voluntad popular expresada en la permanencia de Petro en el poder presidencial como un imperativo ético y político. Y derrotar este espectáculo grotesco en el 26.

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