Antonio Sanguino Páez
Sociólogo, Mag. desarrollo regional y PhD gobierno y administración pública. Ex senador y miembro de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde
•
Muchos fantasmas recorren al Capitolio. Pero hay uno que volvimos a pillar por estos días: el de los “cupos indicativos”. Contra los “cupos” dicen ahora unirse todos en santa jauría, los que los inventaron, los que han vivido de ellos y se han reproducido en el poder tradicional con ellos, los radicales de derecha, los impostados de “centro”, los clientelistas y corruptos de siempre, y hasta los que se mimetizan en gobiernos del cambio para asaltarnos.
“Cupos indicativos”, esas dos palabras malditas y técnicamente adornadas, salieron de la boca hasta ahora tiernamente inofensiva de una Ex asesora del Ministerio de Hacienda desde los tiempos de Duque y Carrasquilla, en trance de testigo estrella de la Fiscalía General de la Nación. María Alejandra Benavides las pronunció una y otra vez en su declaración ante los fiscales que investigan la trama de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres UNGRD y que como se ha vuelto costumbre, se filtró a los medios de comunicación. Fue tal el impacto de la noticia que precipitó la renuncia del hasta ahora Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, precisamente cuando el Congreso de la República se aprestaba a tramitar la Ley de Financiamiento necesaria para cuadrar las cuentas del Presupuesto General de la Nación que deberá decretar el Presidente Gustavo Petro.
Los “Cupos Indicativos” son un invento viejo. Su creador fue Andrés Pastrana, conservador copartidario del bulloso Presidente del Senado Efraín Cepeda, quien como Presidente de la República encontró en ella una forma eficiente de engrasar su relación con el Congreso de la República de aquel entonces. “Lentejismo” resultaba una definición inofensiva para semejante operación delictiva de compra de congresistas a cambio de respaldo parlamentario. La innovación técnica de Pastrana y su Ministro de Hacienda, el Expresidente Juan Manuel Santos, consistió en una sofisticación de los tristemente celebres “auxilios parlamentarios” prohibidos por la Constitución de 1991 como un intento de eliminar la piedra angular del clientelismo, el patrimonialismo y la corrupción en nuestro sistema político.
Los colombianos supimos de la existencia de esta filigrana delictiva el 5 de junio del 2002 en un debate de control político adelantado en la plenaria de la Cámara de Representantes por los entonces Congresistas Antonio Navarro Wolf, Germán Navas Talero y el hoy Presidente Gustavo Petro. Con pruebas en mano, pudieron demostrar que, con códigos secretos, obras públicas asignadas a dedo a Alcaldes y Gobernadores amigos por un valor de 120 mil millones de pesos de aquel entonces, se aseguró la votación de los congresistas en favor del Acto Legislativo 012 que significó el primer raponazo a las transferencias del Sistema General de Participaciones que acaba de reformarse en el Gobierno del Cambio. Hay suficientes evidencias de que el debate de Navarro; Navas y Petro no alcanzó para enterrar esta práctica y que ello devino en una condición estructural en las perversas relaciones que rigen los gobiernos con el poder legislativo. Lo que en ciencia política se denomina “régimen”, que viene del verbo “regir”.
Si resulta cierto todo lo dicho por la primorosa María Alejandra Benavides, el cambio representado en la agenda de reformas del Gobierno Petro y en los temas que, como la paz total o la transición energética o el cambio climático o la reforma agraria o los derechos sociales, dominan la conversación publica, aun no ha llegado a transformar los patrones que rigen las relaciones entre el gobierno y el parlamento. Quizás sea una de las tareas más urgentes, complejas y desafiantes del cambio político. Una democracia profunda implica espantar por siempre esos fantasmas.
Para mantenerse al día con nuestras publicaciones directamente en su cuenta de WhatsApp, haga clic en el botón “SUSCRIBIRME”.
Deja una respuesta