
Sylvia Rugeles de Rugeles
Abogada. Fue Senadora de la República y Notaria en Bucaramanga. Presidenta de la Fundación Socorranos en Acción
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En los últimos días he retomado la lectura de “La franja amarilla”, de William Ospina, y nuevamente me he identificado con el clamor que atraviesa este texto. En él, el autor expresa su dolor ante la división clasista que impera en Colombia, una fractura que se ha profundizado con el paso del tiempo, hasta el punto de que resulta habitual que las personas clasifiquen a sus compatriotas según estratos y clases sociales. Se ha normalizado, incluso, el uso de expresiones como “la gente de bien”, reservada casi exclusivamente para quienes pertenecen a los estratos altos y ostentan determinado estilo de vida.
Como afirma Ospina: “Un colombiano casi no se reconoce en otro si no median una larga serie de consideraciones de tipo étnico, económico, político, social y familiar”.
Esta forma de división tiene raíces profundas. Los españoles instauraron en América una marcada discriminación racial, precedida por el exterminio de los pueblos originarios y seguida de un trato cruel hacia indígenas y afrodescendientes, estos últimos traídos como esclavos para trabajar en minas y haciendas. Así se configuraron grupos humanos históricamente marginados, cuya exclusión se ha perpetuado por generaciones.
De este modo hemos ido construyendo nuestra democracia: atravesada por una evidente división de clases y por el desprecio hacia los pobres, los indígenas y los afrodescendientes. A tal extremo ha llegado esta lógica que una senadora, hoy candidata presidencial, propuso dividir su departamento, el Cauca, con el fin de evitar la convivencia entre indígenas, blancos y mestizos.
Colombia es, en gran medida, un país de odios heredados. Como señala Ospina, en otro tiempo fueron las tensiones entre amos y esclavos, entre citadinos y “montañeros”, entre ricos y pobres, entre federalistas y centralistas, entre conservadores y liberales; hoy, en cambio, se expresa en la oposición entre “la gente de bien” y quienes no lo son. Es, además, el único país donde se habla de estratos para organizar a la ciudadanía. Esta clasificación, concebida inicialmente para programas de vivienda, ha permeado profundamente la vida democrática y se utiliza para dividir a la sociedad según el lugar de residencia, consolidando así una forma de discriminación que da origen a apelativos despectivos como “la gente de bien”, “los nadies” o “los corronchos”.
Hoy parecen coexistir dos Colombias: una, conformada por quienes se duelen de la inequidad y la pobreza, y sostienen que todos los ciudadanos merecen un trato digno e igualitario; otra, integrada por quienes aún se aferran a esquemas sociales en los que las clases dominantes definían el rumbo del país y la elección de sus dirigentes.
Estos últimos no comprenden que actualmente el país esté siendo gobernado por personas antes catalogadas como “nadies”: hombres y mujeres que no pertenecieron a las élites tradicionales, pero que cuentan con una sólida formación profesional y académica, y con una convicción profunda de que es posible construir una Colombia más justa y equitativa.
Son múltiples los logros alcanzados por el equipo de gobierno liderado por Gustavo Petro. Sin embargo, me detendré en el que más me conmueve: la política de tierras. En el Consejo de Ministros del 17 de marzo, la ministra de Agricultura, la abogada y doctora Martha Carvajalino, junto con el ingeniero civil Felipe Hartmann, de la Agencia Nacional de Tierras, presentaron un informe detallado de los avances en este sector. Bienes que antes estaban al servicio de estructuras mafiosas hoy han pasado a manos de campesinos. El Fondo de Tierras, cuya misión es democratizar la propiedad rural, ha gestionado 763.545 hectáreas, de las cuales se han redistribuido 305.384, mediante la formalización de títulos para campesinos y la recuperación de baldíos ocupados ilegalmente.
Estos resultados han sido posibles gracias al trabajo de funcionarios valientes y comprometidos, pese a la oposición constante y a los obstáculos interpuestos desde diversos sectores frente a las iniciativas del gobierno.
Por supuesto, se han cometido errores y han surgido casos de corrupción, en muchos casos heredados de prácticas políticas tradicionales que conciben el acceso al poder como un medio de enriquecimiento. No obstante, a pesar de estos tropiezos, hoy podemos sentir orgullo de que el gobierno de los “nadies” esté cumpliendo y haya gobernado para ese país que durante tanto tiempo fue ignorado como parte esencial de Colombia.
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