En Venezuela se legalizó la trampa

Me debatí internamente si debía escribir “fraude” o “¿Fraude?”; debatí también si mi deber como ciudadano y líder de opinión en estos momentos correspondía al llamado a la acción por las vías de hecho o respetar la institucionalidad, que además es de otro país. La situación efervescente en Venezuela dejará ver las posiciones indiferentes, las mesuradas y las del activismo frontal.

Yo, que tradicionalmente soy mesurado, estuve batallando contra mis impulsos revolucionarios. Y perdí. No puedo ser indiferente por lo que está pasando y por un país al que quiero mucho toda vez que viví durante cinco años de mi infancia cuando mi papá trabajó allá gerenciando una fábrica que generó muchos empleos. Y años después dirigí una revista que tenía operación en ese país y que obviamente se acabó cuando el chavismo se atornilló en el poder.

Pero escribir sobre una tierra que quiero no me nubla para escribir con rigor y con la verdad de la que dispongo, porque habrá tantas verdades como garzas blancas sobre el Arauca.

Una vez conocidas mis motivaciones, tengo que decirlo: en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se consumó un fraude. Si esto no es así ¿cuál es la razón para esconder las actas de cada centro electoral? Me atrevo a usar el verbo “esconder” porque si se quisiera preservar la estabilidad, la crisis institucional de este momento se habría conjurado muy rápidamente el mismo lunes (un día después de las elecciones). Habría sido una muestra contundente de transparencia del auto proclamado “sistema electoral más moderno del mundo”, a lo que le ha hecho coro el ex congresista colombiano del Pacto Histórico y hoy director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

Pero en general, toda la campaña electoral estuvo manchada por una serie de irregularidades que empañan todo entusiasmo por creer que lo que pasó el domingo 28 de julio de 2024 fue inmaculado.

Para empezar, hay que decir que el Gobierno de Nicolás Maduro incumplió casi todo el Acuerdo de Barbados que proclamó “la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” y “la protección de los intereses vitales de la Nación”. Con la presencia de representantes diplomáticos de Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, acordaron puntos clave como el respeto al derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato a las elecciones presidenciales y la concreción de garantías electorales. El primero de esos puntos no lo respetó el gobierno por lo que se inventaron una inhabilitación de la candidata que había elegido la oposición, María Corina Machado. Hay que recordar que el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue arquitecto de esa inhabilidad para Machado. Lo único que se ha respetado de este acuerdo fue lo de celebrar las elecciones en el segundo semestre de 2024.

En cuanto al punto de las “garantías electorales”, hubo todo tipo de irregularidades. Hay que recordar que además de no permitir la inscripción de María Corina, tampoco permitieron la inscripción de la filósofa Corina Yoris.

En el día de las elecciones solo pudieron votar habilitados, 60.000 de los 4’500.000 venezolanos que están en el exterior y que estaban en el censo electoral inicial, de los cerca de ocho millones de nacionales que están en la diáspora. El gobierno, al ver que la inmensa mayoría de los venezolanos en el exterior son simpatizantes de la oposición, creó nuevas condiciones para el sufragio que se convirtieron en clarísimas restricciones para llegar a las urnas.

Por otra parte no dejaron entrar a cientos de periodistas y observadores internacionales al país con lo que se afianza la desconfianza. La mirada de la prensa independiente en cualquier lugar del mundo es clave porque ofrece perspectivas distintas a las del oficialismo.

Así mismo hay que recordar que durante las últimas semanas de la campaña, cuando las caravanas de Edmundo González y María Corina Machado tomaban más fuerza por todo el país, las autoridades policiales se dedicaron a perseguir y secuestrar a todo aquel que sirviera de proveedor de transporte, botellas de agua, equipos de perifoneo… Todo el que colaborara con esa campaña era abordado horas después y tratado como delincuente. Y entendamos una cosa sobre el lenguaje y la realidad: Un régimen dictatorial como el de Maduro no «detiene» o «arresta» a los ciudadanos, los SECUESTRA. Cuando la institucionalidad ha sido cooptada por criminales, ésta se convierte en un cartel mafioso. El martes 30 de julio fue SECUESTRADO el gobernador de Barinas, Freddy Superlano, por el régimen dictatorial de Maduro. Ahora tienen en la mira a María Corina y a otros líderes de la oposición por lo que el Canciller de Costa Rica ya ofreció asilo político a los líderes opositores.

Durante el día de las elecciones, mientras no permitían el ingreso a los testigos de la oposición al CNE, los Colectivos chavistas, una enorme pandilla paramilitar de motorizados, recibió la orden de ir a los centros de votación para dispersar a los ciudadanos que estaban protegiendo sus votos y a los testigos electorales. En las últimas horas se han visto muchas imágenes de sujetos encapuchados con armas largas recorriendo las calles, reteniendo ciudadanos y disparando a diestra y siniestra para tratar de intimidar a cientos de miles de ciudadanos que cansados de que les quiten todo, salen a las calles a pesar de que a esta hora están quitando los servicios públicos de energía y de telecomunicaciones y se prepara una ley para regular las redes sociales porque Maduro ha salido a decir que allí se está cocinando las agresiones a su gobierno.

Los acontecimientos en toda Venezuela están ocurriendo con tango vértigo que esta columna corre el ineludible riesgo de estar desactualizada, pero es una fotografía a tan solo tres días después de las elecciones en un país que no acepta la desinformación como arma institucional y la represión por parte de criminales que son avalados por las fuerzas Armadas.

¿Qué pasará? Es difícil creer que el gobierno no está dilatando su presentación de las actas por simple ingenuidad. Cada hora que pasa sin conocer las actas es un ladrillo más que levanta el muro de la ilegitimidad. El CNE tiene una enorme responsabilidad en esta guerra civil en ciernes al no presentar las pruebas que darían fe de su ‘impecable’ trabajo. Su presidente, Elvis Amoroso, ha decidido no ser el servidor público que debería garantizar la neutralidad, sino convertirse en el notario que legalizó la trampa. Sus manos están ahora, como las de Maduro, untadas con la sangre de por lo menos los 11 muertos que al 30 de julio se contabilizaban en las calles venezolanas.

No, ante la obviedad de todo lo que está pasando, no podía quedarme en la comodidad de mi neutralidad habitual. Soy latinoamericano y me duele lo que pasa en el país que con el que tenemos la frontera más larga y a la vez más porosa.

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