Hacia un gobierno insistencialista

El sábado 4 de mayo de este año, Noticias de las 7:00 PM, de Teleantioquia, dio la noticia del asesinato de Jaider García Uribe en Puerto Triunfo, Antioquia. La víctima fue un reconocido líder social y un activista destacado del partido Colombia Humana del municipio de San Luis, en el mismo departamento. A su hijo, también líder y activista, Juan David García, lo mataron hace tres años, dijo el mismo noticiero.

Idéntica suerte han tenido, durante 2024, algo más de sesenta personas que ejercían liderazgos en organizaciones y movimientos sociales y/o en partidos afines o integrantes de la coalición que hoy gobierna.

Mientras los grupos paramilitares golpean sin descanso lo que podría llamarse la base social del Pacto Histórico y de los partidos que lo componen, un grupo de congresistas bloquea todas las propuestas que el gobierno presenta en el Senado y en la Cámara de Representantes; no proponen mucho, solo evitan que se aprueben esas iniciativas legislativas.

No aprobaron la reforma a la salud, tienen atascadas la reforma pensional y la laboral y no dejan avanzar la educativa. Saben que esas reformas son necesarias, pero no aceptan, siquiera, discutirlas. Como reconoció la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, su estrategia es romper el quórum, es decir, salirse del recinto congresional y evitar que se reúna el número mínimo de parlamentarios que exige la Ley para que tenga validez la correspondiente sesión: «[n]uevamente, volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. Cero y van dos: ya van dos sesiones que no se alcanza». 

Al tiempo con lo anterior, varios despachos judiciales fallan una y otra vez dejando sin efecto algunos actos jurídicos del gobierno. No por corrupción, delito sobre el que buena falta hacen investigaciones y castigos. Sí por diferencia de interpretación acerca del alcance que la Constitución Política y la Ley conceden a las iniciativas gubernamentales o por errores de forma y procedimiento en decisiones que ha tomado el ejecutivo.

Al respecto, el actual director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, hizo el pasado 8 de mayo el siguiente listado:

“– Tumban el decreto de emergencia para atender La Guajira.”

“– Tumban el decreto por medio del cual el presidente Petro ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica.”

“– Tumban el artículo de la Reforma Tributaria que cobraba regalías a hidrocarburos, con el que se pensaba financiar la política social.”

“– Tumban las reformas sociales.”

“– Hoy tumban el Ministerio de la Igualdad.”

“– Nos han tumbado seis curules.

“– Nos han sancionado docenas de funcionarios.”

“– Hoy abren investigación a la campaña presidencial.”

Y, como lo anterior no es suficiente para derrocar al presidente, los medios de comunicación de propiedad de conglomerados económicos que pueden ver afectados sus intereses si se aprueban las reformas propuestas por Petro y su equipo de trabajo atacan diariamente las iniciativas de cambio. No siempre por el contenido real de los proyectos, sino por supuestos ideológicos que no se pueden discutir o por interpretaciones falsas de dicho contenido.

Además de confrontar el contenido de las reformas, atacan a las personas que los proponen y a sus familiares.

Tal es el caso de la reciente columna/carta, dirigida a la hija menor (15 años de edad) del presidente de la República. La elaboró una reconocida periodista y la publicó una famosa revista que cada Semana hace publicaciones, sin control ético o periodístico, en contra de la persona del presidente Petro. 

La otra revista publicó hace algunos meses una mentira sobre la vida sexo-afectiva del papá del primer mandatario, un señor de casi 90 años de edad. Tiempo después, publicó una carta de tono pretendidamente amigable en la que insinuaba que el presidente tiene alguna adicción inconfesada y lo instaba, ladinamente, a que la reconociera para poder superarla.

Es un Cambio de objetivo, pero no de estrategia: ambas revistas pretenden minar la credibilidad y provocar el derrumbamiento moral del jefe de Estado para obligarlo a no gobernar o a hacer lo que convenga a los dueños de esos medios.

Esas empresas de comunicación y sus empleados parecen actuar imitando a Pablo Escobar. Al menos, al Pablo Escobar de la serie El Patrón del Mal cuando le dice al oficial de la policía que lo perseguía:

“Usted me recibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy, para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantenga fuera de problemas con la ley, o yo le mató a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta [a] su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y la vuelvo a matar.”

Pueden hacerlo sin mayores obstáculos porque, como dice Jimena Zuluaga, coautora del estudio Evaluación del riesgo por desinformación: el mercado de noticias en Colombia, “(…) el ecosistema de medios en Colombia no es diverso, en la medida [en] que son pocos los grupos económicos que controlan las mayorías del mercado. Por ejemplo, los dos canales privados de televisión, los dos periódicos de circulación nacional o las dos grandes cadenas de radio”.

De las múltiples dificultades que enfrenta el gobierno encabezado por Gustavo Petro, la más grave es, quizás, esta especie de campaña de cerco y aniquilamiento que adelantan, en su contra, los grupos paramilitares, los funcionarios del antiguo régimen que siguen enquistados haciendo trampas y corruptelas en las tres ramas del poder público y en los entes de control, y los grandes medios de comunicación.

Aun así, es posible que el Gobierno cumpla lo prometido. Le quedan veintisiete meses. Puede insistir en lograrlo.

En esa perspectiva, es necesario, en primer lugar, que el presidente y su equipo de trabajo no pierdan la compostura, no cedan a las provocaciones, ejecuten más y hablen menos, y lo hagan de manera clara y directa.  Se puede insistir en la fórmula que le dio la victoria al candidato Petro en la segunda vuelta: la comunicación directa con la gente.

¿Podrán, por ejemplo, evitar las entrevistas a los medios que tanto los persiguen y priorizar, más bien, a los pequeños medios que tienen audiencia o lectores en franjas poblacionales y territorios específicos?  Eso tendría la ventaja, como se dijo antes, de comunicar directamente al Gobierno nacional con la población cuyas necesidades pretende satisfacer.

En segundo lugar, pueden avanzar sobre la base de lo avanzado. En estos casi dos años de mandato, se han podido destrabar algunos de los peores obstáculos estructurales de las instituciones. También, las personas que han llegado al Estado han aprendido lo necesario para hacer lo que hay que hacer en cada ente estatal. No hay excusa que valga. Hay que ejecutar.

Alguien a quien entrevisté para escribir esta columna indicó lo siguiente:

“(…) hemos estado construyendo una cultura institucional que permita el cambio; no hemos adelantado mucho en la construcción de una que lo promueva, pero, al menos ahora, los funcionarios más antiguos se muestran dispuestos a facilitar las transformaciones que ellos mismos reconocen como necesarias (…)”.

Es decir, hay condiciones para ir haciendo transformaciones y mejorando los servicios, según lo permitan las leyes vigentes, mientras, en el Congreso, se tramitan las reformas propuestas. Y si estas no pasan, se requiere insistir en que, por lo menos, se cumplan la Constitución y la ley aplicable a cada caso. Sin raterismo, diría Rodolfo Hernández. Ni drenando recursos públicos hacia las bandas criminales que nos han gobernado tanto tiempo. Hay que insistir en la ejecución sin corrupción.

Por otra parte, como lo sugirieron Iván Cepeda y Vera Grave, parece indispensable que el presidente de la República oriente, de manera directa, la ejecución de la política de Paz Total. No puede permitir que ella naufrague en medio de ofensas personales y de intentos descabellados (sí, descabellados), de fraccionar a la contraparte e imposibilitar, con ello, una negociación creíble.

Petro tiene, todavía, un margen de maniobra para insistir en la salida negociada del conflicto armado. Aunque eso lo obligue a no responder a todas las ofensas o a cambiar de funcionarios.

Por último, algo tan importante como todo lo anterior: se requieren una política y unas acciones contundentes para salvar las vidas de líderes y lideresas sociales y de las personas firmantes del acuerdo de paz entre el Estado y las antiguas FARC. Eso no puede ser responsabilidad exclusiva y excluyente de la Unidad Nacional de Protección, ni de la hoy anémica Defensoría del Pueblo.

Talvez se puedan promover, apoyar y consolidar los planes de protección colectiva no armada que hoy tienen algunas comunidades en zonas afectadas de manera grave por la violencia y el conflicto armado y/o con presencia dominante de grupos armados ilegales. En esto, también hay que insistir.

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