Sara María Triana Lesmes
Abogada y magister en derecho procesal
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Como era de esperarse, el 14 de febrero de 2025 la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Catalina Díaz, le aseguró plena impunidad al hoy procesado expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso conocido como “falsos positivos”.
Ese día, ella ofreció una rueda de prensa en la que, palabras más, palabras menos, afirmó que la tristemente célebre política de Seguridad Democrática nada tiene que ver con los miles de asesinatos ordenados por oficiales de la más alta graduación y cometidos por sus subalternos, casi siempre en coordinación con personas vinculadas a los grupos paramilitares.
Según lo afirmado por la Doctora Diaz, algunos Generales de la República y otros altos oficiales de las Fuerzas Armadas ordenaron, promovieron y/u ocultaron asesinatos y desapariciones de civiles y luego los presentaron como bajas en combate, simplemente porque amanecieron con la idea de hacerlo; el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (que es el Presidente de la República, cargo ocupado en el momento de los hechos por el señor Uribe Vélez) según la señora Magistrada, ni supo, ni se imaginó, ni tiene responsabilidad alguna en esos crímenes.
Mediante el Auto SUB-D, la Magistrada Catalina Díaz Gómez descubrió lo impensable: que la política del conteo de cuerpos que promovió el asesinato indiscriminado de civiles para aumentar las cifras positivas del Estado en su lucha contra insurgente, nunca quedó por escrito en una ley, decreto o directriz presidencial. Supone la Doctora que los miles de crímenes cometidos en distintas unidades militares, con idéntica modalidad operativa, ocultados con las mismas argucias, perpetradas por personas pertenecientes a los mismos cuerpos de seguridad del Estado y que tuvieron consecuencias también idénticas, se parecen entre sí por pura casualidad o por la fuerza de la unión de unos pocos personajes podridos.
Fue una política de hecho, dijo, que no involucra la voluntad o la visión estratégica o táctica del alto mando. Agregó que esa política ni siquiera “surge del documento de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, ni del Plan Patriota, ni del Manual de Estado Mayor 3-50. De hecho, es contraria a lo previsto expresamente en estos documentos oficiales (Sección C). Como lo ha encontrado probado la Sala hasta ahora, la política de facto de conteo de cuerpos se puso en marcha, de manera muy efectiva, en los teatros de operaciones militares”.
Quizá la magistrada esperaba encontrar un documento oficial mediante el cual se impartieron las ordenes de asesinar y desaparecer civiles inocentes y crear, así, los ríos de sangre que el General Mario Montoya reclamaba a sus subordinados. O Tal vez la Magistrada esperaba hallar las directrices nacionales dadas por el presidente y los más altos oficiales para que en las guarniciones militares se crearan grupos especializados en identificar, engañar, asesinar y ocultar la muerte de seres humanos ajenos al conflicto armado.
Pero no, no encontró nada de eso. Y no pudo imaginar que ese tipo de crímenes no se ordenan por escrito, sino se sugieren. Tampoco pudo darse cuenta de que, en todo el país, los altos mandos incrementaron -mentirosamente- las “bajas en combate” y que entre ellos se formó una trama criminal orientada a evitar que se estableciera su responsabilidad en los crímenes que promovieron y, en muchos casos, ordenaron.
La magistrada dio un paso más: decidió que el entonces Comandante Supremo de Fuerzas Armadas, Álvaro Uribe Vélez, estuvo muy comprometido en la defensa y garantía de los Derechos Humanos: no solo no tuvo responsabilidad en los crímenes que organizaron y cometieron hombres y mujeres bajo su mando, sino que, según la magistrada, él estaba en contra de esas acciones y de cualquiera otra violación a los mencionados derechos. Aquí una fiel evidencia de esta postura:
(…) A juicio de esta Sala, el compromiso con los derechos humanos no fue sólo retorico, pues fue reiterado y se acompañó de una política de formación en derechos humanos en el Ministerio de Defensa, pero fue evidentemente ineficaz, en buena medida debido a que los mecanismos más concretos para la defensa de los derechos humanos, como las denuncias, las investigaciones y las sanciones, fueron vistas desde las más altas esferas del poder político y militar como parte de una guerra política que pretendía deslegitimar la política de seguridad democrática y minar su eficacia.
La JEP se pone las botas de las madres víctimas de falsos positivos que siguen hoy reposando en el primer piso del edificio, pero a la vez, emite decisiones en las que afirma que los Derechos Humanos fueron la bandera en el gobierno 2002-2010 y que sí no se sancionó a nadie, ni se investigó, fue porque las FARC-EP eran tan fuertes que todo lo permeaban, razón por lo cual era legítimo suponer que esas denuncias, en realidad, eran ataques terroristas.
Doctora Catalina, basta con llegar a los casos que sus colegas conocen, encontrar la historia que se cuenta en ellos y tener más voluntad que ideología para asumir la responsabilidad de contar esa verdad de la cual usted ha tenido conocimiento.
Mientras tanto las víctimas seguirán esperando verdad y justicia. Esas mismas víctimas que han permanecido años sentadas en el primer piso oscuro de la JEP.
¡Ay magistrada!
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