Hipopótamos: entre la compasión y la responsabilidad

Especial para El Quinto

Hay decisiones que duelen incluso cuando parecen inevitables. La discusión sobre la eutanasia de los hipopótamos en Colombia es una de ellas. No es un debate cómodo ni políticamente rentable. Es, en el fondo, un dilema moral que enfrenta dos valores que quisiéramos reconciliar: la protección de la vida animal y la responsabilidad de preservar el equilibrio ambiental y la seguridad humana.

La historia es tan insólita como trágica. En los años ochenta, Pablo Escobar (quien está sobre contextualizado y sobre todo hiper narrado por lo que no gastaré una letra en ello) decidió construir su propio zoológico para deleite contemplativo de sus hijos y de sus visitantes en la Hacienda Nápoles. Decenas de animales exóticos traídos ilegalmente como en una suerte de Arca de Noé desde África en un avión de carga que desafió todos los protocolos —y hasta la gravedad porque casi se cae debido a la agitación de los animales más pesados y no muy bien amarrados, según contó el piloto en una crónica hace varios años— poblaron ese zoológico privado que, durante un tiempo, fue símbolo de extravagancia y poder. Pero tras su muerte, el abandono hizo lo suyo. Sin control, sin depredadores naturales y con condiciones ideales, los hipopótamos comenzaron a reproducirse.

Hoy no hablamos de una anécdota pintoresca, sino de una población cercana a los 200 individuos que se ha expandido por las riberas del río Magdalena y otros afluentes, recorriendo cientos de kilómetros. Lo que empezó como un capricho se convirtió en un problema estructural.

Frente a esto, el Gobierno ha planteado la eutanasia como una de las medidas para controlar la población. Y la reacción no se ha hecho esperar: más de 60 organizaciones animalistas han alzado su voz en contra, argumentando —con razón— que la violencia no puede ser la respuesta sistemática ante un problema creado por los humanos.

Y aquí es donde el debate debe elevarse. Porque no se trata de escoger entre “buenos” y “malos”, ni de caricaturizar a quienes defienden la vida animal o a quienes priorizan el equilibrio ecológico. Se trata de reconocer que este es un problema complejo, estudiado durante años por distintos gobiernos, en el que las alternativas han sido analizadas una y otra vez.

La reubicación, por ejemplo, suena ideal en el papel, pero en la práctica es extremadamente costosa, logísticamente compleja y limitada en su alcance. No hay suficientes espacios en el mundo dispuestos a recibir decenas —o cientos— de hipopótamos. La esterilización, por su parte, enfrenta desafíos técnicos enormes: capturar animales de varias toneladas, dispersos en amplios territorios, conlleva riesgos tanto para los equipos humanos y habitantes locales, como para los propios animales, además de costos que se disparan a niveles difíciles de sostener.

Mientras tanto, la población sigue creciendo. Y con ella, los riesgos. El hipopótamo no es un animal inofensivo. Es altamente territorial, impredecible y responsable de cientos de muertes humanas al año en África. En Colombia ya se han reportado incidentes que, por fortuna, no han escalado a tragedias mayores. Pero confiar en la suerte no debe ser una política pública.

A esto se suma el impacto ambiental. La presencia de una especie exótica invasora altera ecosistemas enteros: modifica cuerpos de agua, afecta la fauna local y puede desplazar especies nativas. Se ha advertido incluso sobre riesgos para animales como el manatí, ya de por sí vulnerable.

Entonces, ¿qué hacer? La respuesta fácil sería aferrarse a la indignación moral y rechazar cualquier medida que implique la muerte de estos animales. La respuesta cómoda sería ignorar el problema y dejar que la naturaleza —alterada artificialmente— siga su curso. Pero ninguna de las dos es responsable.

Tal vez ha llegado el momento de aceptar una verdad incómoda: estos hipopótamos no deberían estar aquí. Los 200 tataranietos de esa primera pareja traída por Escobar no tienen la culpa, por supuesto. Son, en muchos sentidos, víctimas de la misma irresponsabilidad que hoy nos obliga a tomar decisiones difíciles. Pero el hecho de que sean víctimas no elimina el problema que representan.

Personalmente, me duele pensar en la eutanasia como solución. Me incomoda. Me confronta. Pero también entiendo que el Estado tiene la obligación de proteger no solo a los animales, sino a las personas y a los ecosistemas.

En ese escenario, quizás esta sea —lamentablemente— la única medida viable para evitar un daño mayor.

Eso sí, debe ser una medida rigurosamente técnica, transparente y excepcional. No puede convertirse en una solución automática ni en una licencia para actuar sin criterios científicos ante cualquier otro caso de especies invasoras. Y, sobre todo, debe ir acompañada de una conversación más amplia sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre el tráfico ilegal de especies y sobre las consecuencias de decisiones irresponsables que, décadas después, seguimos pagando.

A las organizaciones animalistas hay que escucharlas, no descalificarlas. Su sensibilidad es necesaria en una sociedad que a veces normaliza la violencia. Pero también es necesario que reconozcan que en este caso el dilema no es entre vida y muerte, sino entre distintos tipos de daño.

Y cuando todos los caminos implican pérdidas, gobernar es elegir el mal menor.

Ojalá esta historia, que comenzó como un capricho de poder, no termine siendo una tragedia mayor por falta de decisión. Porque en ocasiones, la compasión también exige asumir responsabilidades que duelen.

👉 También te puede interesar: