Investigación después de Assange

La reciente noticia de la liberación de Julian Assange, líder de WikiLeaks, tras negociar con la justicia de Estados Unidos, ha generado un gran revuelo en los círculos periodísticos y de derechos humanos.

Assange, quien ha pasado un tiempo considerable en una prisión británica desde 2019, se declaró culpable por la gran filtración de documentos clasificados. Según los términos del nuevo acuerdo, los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitarán una condena de 62 meses, que es el tiempo que Assange ya cumplió privado de la libertad en Londres. Este desenlace plantea serias implicaciones para la libertad de prensa, la investigación periodística y la comunicación alternativa.

Assange ha defendido su labor como una búsqueda de «transparencia y verdad radicales», desafiando las estructuras de poder de Occidente y defendiendo los derechos humanos. Sin embargo, su caso también ha puesto en evidencia las tensiones entre la seguridad nacional y la libertad de información. La liberación de Assange bajo estos términos podría establecer un precedente peligroso para futuros episodios de investigación periodística que involucren documentos clasificados.

Una de las principales preocupaciones es que la justicia de Estados Unidos podría optar por estrategias similares en el futuro, negociando con investigadores que accedan a información confidencial comprometedora. Este enfoque podría disuadir a los periodistas de llevar a cabo investigaciones profundas por temor a represalias legales, incluso si estas investigaciones revelan actos ilícitos o violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. En otras palabras, me pregunto si podría estar legalizándose el chantaje.

Recordemos (sin que sea necesario) que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier amenaza a esta libertad debe ser vista con extrema cautela. Los periodistas debemos poder trabajar sin miedo a ser perseguidos o encarcelados por hacer nuestra labor, especialmente cuando esta labor implica exponer la verdad y responsabilizar a los poderosos.

Recordemos también que el 5 de abril de 2010, WikiLeaks publicó un video militar que estaba clasificado en el que se muestra a un helicóptero Apache de Estados Unidos disparando y asesinando a dos periodistas y a varios civiles iraquíes en 2007. El Ejército luego afirmó que la tripulación del helicóptero creía que los objetivos eran insurgentes armados, no civiles.

La situación de Assange ha dejado claro que, aunque se puede negociar la libertad, el costo para la libertad de prensa puede ser alto.

En este contexto, es crucial que las organizaciones de derechos humanos y las instituciones periodísticas fortalezcan sus esfuerzos para proteger a los periodistas y garantizar que puedan ejercer su trabajo sin miedo a las represalias. Esto incluye abogar por leyes que protejan a los denunciantes y a los periodistas de las acciones legales por parte de los gobiernos, y trabajar para establecer un marco legal internacional que defienda la libertad de información.

Además, el caso de Assange subraya la necesidad de un debate más amplio sobre el papel de la transparencia y el acceso a la información en nuestras sociedades, y más cuando estamos en tiempos de ‘open data’ (datos abiertos). Mientras que los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de proteger la seguridad nacional, también deben ser transparentes y rendir cuentas de sus acciones. Siempre he insistido en que el Estado debe permitir los mecanismos para que la mayor cantidad de información sea pública. La filtración de documentos clasificados, cuando se hace con el fin de exponer violaciones de derechos humanos o actos de corrupción, puede ser una herramienta vital para mantener la democracia y la justicia.

En el caso particular de Colombia, las revelaciones de WikiLeaks han tenido implicaciones significativas. Los documentos filtrados han expuesto cuestiones delicadas relacionadas con el conflicto armado, la política interna y las relaciones diplomáticas. Por ejemplo, cables diplomáticos han revelado detalles sobre la colaboración entre el gobierno colombiano y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. Estas revelaciones han alimentado debates sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la política colombiana.

La liberación de Assange también podría influir en cómo se manejan futuros casos de filtraciones en Colombia. Si los periodistas colombianos ven que la justicia puede ser negociable, esto podría desincentivar la investigación de temas sensibles por temor a represalias. Pero, paradójicamente, por otro lado, podría también inspirar a algunos a continuar desafiando las estructuras de poder con la esperanza de lograr acuerdos similares.

En última instancia, la liberación de Assange plantea más preguntas que respuestas sobre el futuro de la investigación periodística y la libertad de prensa. ¿Se utilizarán acuerdos similares en el futuro para silenciar a los periodistas? ¿Podrán los periodistas seguir investigando sin miedo a represalias legales? Lo que está claro es que, para proteger la libertad de prensa es fundamental continuar defendiendo la transparencia, la verdad y los derechos humanos, y garantizar que los periodistas puedan trabajar sin temor a ser perseguidos por cumplir con su deber de informar al público.

En nuestro país yo si quisiera que supiéramos más sobre lo que quedó en documentos secretos de los gobiernos Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro ¿El tiempo nos dará ese gustico?

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