
Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Mesa de gobernabilidad y paz del SUE, Integrante del consejo de paz Boyacá, Columnista, Ph.D en DDHH, Ps.D en DDHH y Economía.
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Antes que la justicia, está el honor. Por honor se felicita y condecora. El honor se salva si no hay condena, aunque el crimen sea evidente. Con esa lógica, un poco retorcida, el expresidente Uribe, su staff y seguidores, no están alineados con una defensa legal de la acusación por su crimen, según la ley establecida, si no que defienden lo que consideran el honor del presidente eterno: si pierden el honor, se acaba su mundo, su idea de Estado y de poder. Por eso lo defienden con todas las herramientas a su alcance.
El honor y la patria alientan los gritos de guerra, y hace útiles a quienes necesitan un enemigo y una excusa de “inseguridad” para mantener la hostilidad y obtener victorias.
Del honor fueron despojados los acusados por crímenes de guerra o delitos asociados, en los juicios de Núremberg (1945-1946) contra los cabecillas nazis. Adolf Eichmann, en 1961, también perdió el honor, cuando se supo, con certeza, de los crímenes que cometió o perpetraron otros, por orden suya. Lo mismo ocurrió durante los procesos contra otros líderes del nazismo adelantados en Alemania Occidental.
En todos esos casos, se revelaron patrones en el comportamiento de los acusados; se conocieron estrategias legales, mecanismos psicológicos y culturales usados para evadir la responsabilidad moral y jurídica. Estudiando todo esto, se puede comprender cómo individuos y estructuras de poder manipularon la verdad, la ética y la memoria colectiva.
Allí todos negaron su responsabilidad y capacidad de mando y cada acusado buscó transferir la culpa a figuras ya muertas o inalcanzables; todos sabían que solo existía la voz del Fürher y asumían por juramento que su deber era guardarle a él absoluta lealtad y obediencia. Los acusados en dichos procesos (desde oficiales de las SS hasta burócratas) insistieron en que solo cumplían órdenes superiores.
Los acusados minimizaron su rol individual. Alegaron ignorancia o se describieron como meros técnicos, tecnócratas, diríamos hoy en día.
Adolf Eichmann, por ejemplo, se describió como un «engranaje» dentro de una maquinaria Estatal. Parecía no entender que había cometido crímenes, que había causado la deshumanización de la especie humana. Al respecto, Hannah Arendt dijo que la maldad de Eichmann radicaba en la normalización de la atrocidad mediante la burocracia.
Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, admitió sus crímenes, pero no asumió su responsabilidad en las ejecuciones masivas y las atribuyó a decisiones que tomaron otros. Los encargados de trenes o finanzas argumentaron que su trabajo era «administrativo», ignorando que facilitaban el genocidio.
En el escenario colombiano será distinto. Aquí se guardará lealtad hasta el final, hasta que el Furher esté vivo. Conservando el honor y la lealtad han ido a la cárcel decenas de congresistas, militares de alto rango, jefes de seguridad de palacio, embajadores, ministros y abogangsters. Nadie dice quién dio la orden.
Lo común allá y aquí es que los acusados disocian entre acción y consecuencia, como táctica para eludir la responsabilidad directa. Alla y aquí hay una conducta férrea de negacionismo y de distorsión de los hechos. Niegan la existencia misma del hecho criminal.
Así lo hizo Julius Streicher, editor del periódico antisemita Der Stürmer. Sin embargo, se logró establecer que, aunque no participó directamente en asesinatos, incitó al odio. Durante su juicio, intentó restar veracidad a testimonios y pruebas. Así lo hace aquí una periodista, hoy candidata, que siempre negó su cercanía con actores del paramilitarismo.
Otros, como el médico asesino Josef Mengele, nunca enfrentaron el juicio. Su fuga y silencio perpetuaron la impunidad. Lo mismo que aquí ocurrió con Sabas Pretelt de La Vega, Luis Carlos Restrepo, María del Pilar Hurtado y otros políticos y militares.
Allá, algunos acusados apelaron a un supuesto deber patriótico. Así lo dijo Albert Speer, Ministro de Armamento, que reconoció parcialmente su culpa, pero enfatizó su lealtad a Alemania, no al nazismo.
Aquí, Álvaro Uribe centró su política de seguridad en hacer coincidir el Estado-el partido- y él mismo, en una unidad de poder: tres personas distintas y un solo poder verdadero. Así, creó una coartada según la cual todo crimen que se le atribuye fue perpetrado por el bien de la patria, aunque sea claro que la ideología no excusa la complicidad en ningún crimen.
Esta misma narrativa sirve de apoyo para que sus seguidores nieguen o justifiquen los delitos que se cometieron por cumplir las directrices que dictaba Uribe. Así ocurre con congresistas tipo polopolo y otros que, además, se refirieren a las víctimas como «amenazas».
Las Estrategias legales dilatorias son otra dimensión de la conducta común: los abogados defensores cuestionan sistemáticamente, recusan, burlan y maltratan a los tribunales y a los jueces.
En los juicios de Núremberg, los asesinos argumentaron que los cargos por «crímenes contra la humanidad» eran retroactivos, y violaban el principio de legalidad. Aunque estos argumentos fueron rechazados, evidenciaron tensiones entre justicia y legalidad formal. En algunos procesos contra el Fhürer paisa, se han usado argumentos similares en favor del acusado. Pero aquí, todavía hay quien les aplaude el subterfugio.
Allá, los juicios sentaron precedentes legales, como la invalidez de la obediencia jerárquica como defensa, y reforzaron la noción de que la conciencia individual debe prevalecer sobre órdenes inmorales. Aquí, el acusado ocupa el máximo lugar jerárquico y, sí es condenado, su honor será derrotado y la lealtad, su doctrina y su partido se vendrán abajo con él.
Los crímenes cometidos por el nazismo y los que aquí se han cometido inspirados en la doctrina de la seguridad democrática, no son responsabilidad de unos pocos hombres podridos. Son el fruto de un colapso ético promovido por un hombre y un partido que se apropiaron del Estado y, así, continúan ejerciendo su poder y su dominio sobre la sociedad.
Hoy, aquí, ese hombre responde ante instancia judicial, por crímenes menores. Dentro de poco, empezará a responder por crímenes de guerra, asesinatos de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate, masacres y desplazamientos.
Estos juicios esclarecerán el pasado y nos mostrarán los peligros de la indiferencia y la deshumanización que ha provocado el largo periodo de guerra y barbarie vivido.
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