LA ECONOMÍA HUMANISTA: UNA LECTURA DEL GOBIERNO DE PETRO

Hay muchas maneras de imaginar la economía. Durante décadas predominó una imagen muy precisa: la del mercado como un sistema de automatismos. Según esta visión, si cada actor persigue su propio interés y los precios se ajustan libremente, el conjunto termina produciendo un equilibrio eficiente. No hace falta demasiada deliberación política: el mecanismo se regula solo.

Esta idea, asociada muchas veces a la metáfora de la Mano invisible de Adam Smith y defendida con rigor por pensadores como Friedrich Hayek, ha influido profundamente en la economía moderna. Durante mucho tiempo se asumió que el mejor gobierno era aquel que intervenía poco, que dejaba actuar al mercado y que confiaba en sus equilibrios espontáneos.

Sin embargo, la historia económica del último siglo también ha mostrado otra cara del problema: los automatismos no siempre producen inclusión social ni distribuyen los beneficios de manera equilibrada. Las crisis financieras, las desigualdades persistentes y la fragilidad de amplios sectores de la población han obligado a reconsiderar esa confianza absoluta en el mecanismo.

Es en ese contexto donde puede entenderse la idea de una economía humanista. Decir que la economía de un gobierno es humanista no significa negar la existencia del mercado ni su importancia. Significa, más bien, reintroducir deliberación política allí donde antes se suponía que bastaban los automatismos. Supone reconocer que las sociedades no son únicamente sistemas de intercambio, sino comunidades atravesadas por aspiraciones, desigualdades, expectativas, conflictos y diferencias culturales.

Una economía humanista parte de una pregunta sencilla: ¿para quién funciona la economía? Cuando la respuesta se limita a indicadores de crecimiento o eficiencia, el análisis queda incompleto. El crecimiento puede coexistir con amplios sectores excluidos, con territorios marginados o con generaciones que sienten que el progreso ocurre en otra parte. Desde esta perspectiva, el papel de la política económica no es solo garantizar estabilidad macroeconómica, sino orientar el desarrollo hacia la inclusión social.

Esta visión recuerda, en cierto sentido, las preocupaciones de economistas como John Maynard Keynes, quien insistía en que los gobiernos deben intervenir cuando los mecanismos económicos dejan a demasiadas personas fuera del circuito productivo. También dialoga con las advertencias de Karl Polanyi, quien observó que las sociedades reaccionan cuando el mercado intenta organizar la vida social como si todo fuera mercancía. Pero no se reduce a esas tradiciones: introduce un énfasis explícito en la orientación política de la economía como decisión colectiva sobre lo humano.

Hablar entonces de economía humanista es subrayar que la economía no es una fuerza natural ni una maquinaria automática. Es una construcción institucional que responde a decisiones colectivas. En este sentido, el enfoque económico del gobierno de Gustavo Petro puede leerse como una apuesta por esa deliberación: la idea de que las políticas públicas —fiscales, sociales y productivas— deben orientarse explícitamente a ampliar la inclusión y a corregir desequilibrios históricos.

Esto implica reconocer que los mercados generan riqueza, pero también que las sociedades deciden cómo se distribuyen sus oportunidades. Desde luego, esta perspectiva no está exenta de debates. Sus críticos temen que la intervención política distorsione los incentivos económicos o reduzca la eficiencia del sistema productivo. Sus defensores, en cambio, sostienen que la eficiencia pierde sentido cuando amplios sectores permanecen marginados de sus beneficios.

El fondo del asunto no es únicamente económico. Es filosófico. Se trata de decidir si la economía debe concebirse como un mecanismo que funciona por sí mismo o como un campo de decisiones colectivas sobre el tipo de sociedad que se desea construir. La noción de economía humanista apuesta por lo segundo.

No propone eliminar el mercado ni su dinamismo. Propone, más bien, recordar algo que a veces se olvida: que detrás de cada cifra económica hay vidas concretas, trayectorias personales, familias, territorios y expectativas de futuro. En última instancia, toda política económica responde —explícita o implícitamente— a una concepción de lo humano.

Si todos invocan el bienestar, la diferencia no está en la intención, sino en su definición: en quiénes cuentan realmente dentro de ese todos y en quiénes, todavía, quedan por fuera

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