La honra de las mujeres no tiene color político

La violencia contra las mujeres que participan en la vida pública no conoce fronteras. Colombia no es la excepción.

En esa violencia generalizada, hay una particularidad que merece especial atención: la indignación frente a los ataques, los señalamientos y la exposición de la vida privada de la o las agredidas parece depender, en muchas ocasiones, de la filiación política de la mujer afectada. Si pertenece al sector político que cuestionamos, la agresión se justifica; si comparte nuestras banderas, la denunciamos. Así, la defensa de la dignidad termina subordinada a la conveniencia política.

El juicio ético o moral no debería ser una bandera que se enarbole contra los adversarios y se archive cuando los hechos comprometen a los propios. El ejercicio del poder expone a errores, contradicciones y cuestionamientos, pero ninguna corriente política tiene el monopolio de la honestidad, ni la pertenencia a una organización convierte a alguien en culpable o en inocente.

Por eso, resulta inadmisible anticipar que una mujer representa un riesgo para la administración pública simplemente porque fue designada por un gobernante con quien existen diferencias políticas. Si hay motivos para cuestionar su nombramiento o indicios de irregularidades, deben exponerse argumentos y pruebas. La sospecha no sustituye la evidencia y la discrepancia ideológica no autoriza el hostigamiento.

La experiencia colombiana demuestra que muchas mujeres que llegaron a cargos directivos durante el gobierno Petro habían construido sus trayectorias profesionales en administraciones anteriores. Su experiencia no desaparece por el cambio de gobierno ni su desempeño puede quedar exento de evaluación. Lo justo es examinar sus decisiones y resultados, no condenarlas por su procedencia política.

Este mismo criterio debe aplicarse al gobierno actual: las mujeres que ocupan cargos públicos bajo esta administración merecen las mismas garantías frente a la estigmatización, los ataques personales y los juicios anticipados. La crítica a sus decisiones debe ser rigurosa y el control político, sustentado en pruebas.

El problema surge cuando el escrutinio legítimo se convierte en escarnio público. Algunas mujeres terminan obligadas a defender no solo su gestión, sino también su honra, su intimidad y su derecho a ocupar el cargo para el que fueron designadas. Mientras las acusaciones circulan con rapidez, la defensa de las personas afectadas suele quedar en manos de sus abogados y familias.

En Cartagena, esta preocupación tiene casos concretos. La controversia digital en torno a Angélica Hernández Walker durante 2026 invita a reflexionar sobre los límites del debate público. Su vida privada no determina, por sí misma, su idoneidad profesional ni su capacidad para ejercer responsabilidades públicas. Cuando la intimidad se utiliza para desacreditar, el debate deja de centrarse en las actuaciones y se convierte en una forma de estigmatización.

Por su parte, Laura Díaz, concejal de Cartagena, ha puesto de relieve, en el contexto de las discusiones sobre la seguridad de las mujeres, la preocupación por el uso de las redes sociales para estigmatizar y re victimizar a quienes denuncian agresiones o ejercen liderazgo. Una mujer que alza la voz no debería tener que afrontar nuevas formas de exposición y descrédito por hacerlo. De lo contrario, el mensaje para otras posibles denunciantes es claro: hablar puede tener un costo adicional.

También resultan relevantes las tensiones y situaciones de hostilidad que se han visibilizado  en el entorno institucional. Las diferencias entre integrantes de una corporación pública son legítimas y necesarias; lo que no puede normalizarse es que la confrontación abandone los argumentos y se transforme en descalificación personal, dentro o fuera de las instituciones.

Estos casos, distintos en sus circunstancias, plantean una misma pregunta: ¿por qué la participación de las mujeres sigue acompañada, tantas veces, de cuestionamientos que desbordan su desempeño y alcanzan su identidad, su intimidad o su vida personal?

Las redes sociales han amplificado este problema. Una acusación puede viralizarse antes de ser contrastada; una sospecha puede circular como si fuera una certeza y una controversia puede convertirse en una oportunidad de posicionamiento electoral para quien echa a correr una infamia. Quien acusa usualmente se presenta como defensor de la moral pública sin asumir la responsabilidad de sustentar lo que afirma.

Esto no significa que esté prohibido criticar funcionarias. Por el contrario, quienes ejercen cargos públicos tienen la obligación de rendir cuentas y la ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia. Pero el control político no se ejerce sustituyendo pruebas con rumores, la investigación por prejuicios y los argumentos por ataques personales.

La denuncia responsable busca esclarecer hechos y establecer responsabilidades. El hostigamiento busca intimidar, desacreditar o castigar. Confundir ambas prácticas perjudica tanto a las personas señaladas injustamente como a las causas legítimas que necesitan ser investigadas.

Si olvidamos esta distinción, terminaremos reproduciendo las mismas prácticas que decimos combatir. Nuestros principios perderán credibilidad y nuestras luchas por el bien común correrán el riesgo de convertirse en discursos vacíos.

La historia reciente del país también nos recuerda que ningún sector está exento de errores o actuaciones cuestionables. Por eso, quienes reivindican la ética como principio político deben estar dispuestos a aplicar los mismos criterios a sus aliados y adversarios.

No se trata de tolerar irregularidades ni de renunciar a las responsabilidades que exige la función pública. Se trata de cuestionar decisiones sin destruir reputaciones, denunciar hechos sustentados sin anticipar culpabilidades y ejercer control político sin convertir la vida privada en espectáculo.

La democracia necesita mujeres en los espacios de decisión, instituciones que investiguen con rigor y una ciudadanía capaz de distinguir entre fiscalización y persecución. Necesita, sobre todo, una ética que no cambie según quién gobierne, quién denuncie o quién sea señalado.

El respeto a la honra de una mujer no depende de su filiación política. La verdad exige pruebas, la democracia exige responsabilidad y la ética exige coherencia. Ser firmes frente a los hechos no es sinónimo de ser destructor de la dignidad humana.

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