La interconexión eléctrica del Sur del Pacifico

El Sistema General de Regalías es un esquema institucional que centraliza la participación del Estado en los recursos de la industria petrolera, los cuales son organizados en presupuestos bianuales para financiar distintos proyectos ejecutados por los municipios, departamentos, entidades indígenas y Cormagdalena, a través de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD.

Los departamentos de Nariño y Cauca son beneficiarios de múltiples proyectos que se financian con tales recursos, sometidos a la corrupción y el despojo de los politiqueros, alcaldes y gobernadores.

Uno de tales proyectos es el de la construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del Cauca y siete del departamento de Nariño.

Dicho Proyecto fua aprobado el 10 de junio del año 2021 por el Ocad paz, su identificación es la ficha BPIN 20201301010353, siendo la empresa ejecutora la conocida como Distribuidora del Pacifico S.A ESP DISPAC S.A ESP de propiedad del Ministerio de Hacienda por poseer el 98% de las acciones, con sede en Quibdó.

El monto presupuestal asignado para el mismo proyecto fue de 334 mil 307 millones de pesos, que ahora se pretende reajustar extrañamente hasta los 450 mil millones de pesos a sabiendas de las las irregularidades detectadas por los técnicos de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Sistema General de Regalías.

El proyecto consiste en la instalación de 151,5 kilómetros de línea de trasmisión de 34,5 kv; 1.185,2 kilómetros de red de distribución en 13,2 kv; 275,9 kilómetros de red de baja tensión en 208-120 v.; la  construcción de diez (10) subestaciones de energía de 34,5/13,2 KV para la interconexión eléctrica con las subestaciones de la etapa 1; la instalación de medida inteligente (AMI); las instalaciones internas domiciliarias para las 15.699 viviendas beneficiarias; y la compensación forestal a que haya lugar, que será bastante fuerte por los daños en bosques y ecosistemas estratégicos que la Autoridad Nacional Ambiental no ha querido identificar oportunamente no obstantes las alertas ambientales; para la lo cual nos hemos convertido en tercera parte interviniente.

Este proyecto se organizó para ser construido en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay en el departamento del Cauca; así como en los municipios de La Tola, El Charco, Iscuande, Olaya Herrera, Mosquera, Francisco Pizarro y Tumaco en el departamento de Nariño.

El mismo contempla la ejecución de tres productos así:

Redes del sistema de trasmisión regional construida.

Redes del sistema de distribución local construida.

Vivienda con red interna de energía eléctrica instalada.

Durante los últimos 42 meses este proyecto en la práctica no se ha ejecutado y se encuentra paralizado, presentando un avance físico del 0.90% y un avance financiero del 1.17%, con una amplia contratación de operadores, técnicos e ingenieros por parte de la empresa constructora Unión Temporal Interconexión Eléctrica del Pacifico que ha realizado 2358 pagos por un total aproximado de 8000 mil millones de pesos.

La última visita técnica de los funcionarios del Sistema General de Regalías (de Julio 21 del 2023) reportados en el Gesproy (Gestión de proyectos) encontró múltiples inconvenientes y riesgos financieros, de gestión y ambientales que ameritan una revisión de este contrato financiado con los dineros para la paz.

En ese sentido es urgente la participación de la comunidad de todos los municipios mencionados, y supuestos beneficiarios del proyecto, en procesos de control social en los términos estipulados por la Ley 1757 (artículos 62 y 63) para que se organicen Veedurías ciudadanas y Auditorias comunitarias que convoquen a la ciudadanía a realizar los controles correspondientes mediante Audiencias públicas y la utilización de las herramientas de control social establecidas por el Sistema General de Regalías como los Auditores ciudadanos y la Ruta de participación democrática que esta abierta y no necesita de usuario o clave alguna para su uso.

Se trata de un control social prioritario y necesario para la búsqueda de la Paz dado que esta mega obra se adelantará en municipios Pdet, seleccionados precisamente para intervenir la exclusión territorial de zonas afectadas duramente por la violencia. Por eso, no hay derecho a que las mafias políticas caigan como aves de rapiña sobre la poca inversión que se ha logrado canalizar hacia regiones de la periferia como esta del sur del Pacífico.

Acá es urgente que las comunidades activen su vigilancia y control, pues como es sabido el Ocad paz fue sometido, durante el gobierno del señor Iván Duque, a un escandaloso saqueo con cifras enormes apropiadas para la implementación de los pactos de paz, que terminaron en los bolsillos de la delincuencia de cuello blanco, la misma que merodea, día y noche, en los escenarios de la inversión publica que tiene origen en las regalías, aun hoy, no obstante los grandes esfuerzos realizados por el doctor Alexander López, el director del DNP, y el presidente de la república doctor Gustavo Petro para erradicar la corrupción y el saqueo de los presupuestos estatales.

Si la corrupción nos acorrala en este caso, no es difícil prever nuevos oleajes de expansión de los cultivos de coca en estos territorios y, obviamente, la violencia y el conflicto registraran nuevos capítulos en la degradación y disolución de nuestras comunidades.

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