¿La participación política?

En el país, siempre será un debate permanente la intervención del Estado en el derecho fundamental de la participación política y de la independencia de los ciudadanos a participar en el ejercicio de contribuir en la gobernanza.

Se critica la intromisión de Estados llamados totalitarios, los que han acudido a la figura de los partidos únicos o en el mejor de los casos los partidos de gobierno, que niegan los pesos y contrapesos, el ejercicio de la oposición y las garantías que deben proporcionar los estados para hacer que las minorías se expresen.

En Colombia pasamos del régimen bipartidista regentado por los partidos tradicionales, liberal-conservador, que después de matarse en la llamada violencia que dejó miles de muertos, zanjaron sus diferencias con el Frente Nacional, alternándose en el poder amparándose en la constitución de 1986, la que no permitía la existencia de otras agrupaciones políticas. El Partido Comunista, por ejemplo, fue proscrito, perseguido por muchos años y tuvo que desarrollar su actividad en la clandestinidad.

Sólo con la Constitución del 91, se amplió la participación política y el artículo 40 de la misma, elevó a derecho fundamental, la posibilidad de elegir y ser elegido, así como la existencia de otros partidos políticos, con lo cual se provocó el rompimiento del bipartidismo.

Tristemente la guerra y el conflicto afectan la participación política: se exterminó a todo un partido político, la Unión Patriótica (UP); 5 candidatos presidenciales fueron asesinados y hoy hay más de 10 millones de víctimas de un conflicto execrable. Para ganarlo, fuerzas paramilitares usaron pozos de ácido donde desaparecían a seres humanos, casas de pique para no dejar huella ni cuerpo de los asesinados; se cometieron y se siguen cometiendo masacres, asesinatos sistemáticos de líderes sociales y firmantes de paz.

Esas y otras prácticas criminales conspiran contra el libre ejercicio de la política, que también se ve afectada por las conductas de corrupción con la compraventa del constituyente primario.

El anterior escenario se agrava por la intromisión del Consejo Nacional Electoral, CNE. Intromisión como la que acaba de cometer contra los partidos que hacen parte del Pacto Histórico: les violó el derecho que tenemos los ciudadanos y los partidos de fusionarse y acceder a la personería jurídica que les permitiría actuar en el escenario electoral.

El CNE le negó a Colombia Humana, partido al que pertenece el Presidente Gustavo Petro, al partido Progresistas y a la Minga Social el derecho a fusionarse y actuar como un solo colectivo político, tanto en las consultas internas del Pacto, como en los próximos certámenes electorales.

El CNE, integrado por delegados de los partidos, mayoritariamente de derecha, le cercena los derechos fundamentales al Pacto Histórico y sus decisiones contrarias o violatorias de la ley, muestran el temor a la competencia de corrientes ideológicas contrarias a la derecha. Es esa la razón por la cual el CNE, está violando el artículo 40 de la Constitución Política del país.

Frente a la arbitrariedad de violar la libre participación política, cobra vigencia la necesidad imperiosa de una estructural reforma política, que proteja el derecho fundamental de la libre participación política, de la democratización de los partidos políticos, la financiación estatal.

Sobre todo, se necesita una profunda reforma de esa instancia electoral. Se requiere garantizar que ella esté compuesta por magistrados probos, que permitan la independencia de la toma de decisiones, con el llamado permanente al constituyente primario para que ejerza el mandato constitucional de elegir y ser elegido y conformar partidos políticos.

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