¿Obligados a marchar contra el gobierno?

Está circulando en las redes el audio de una señora que vive en Medellín. En él, ella le cuenta a su amiga algunas de las trampas de las que se está valiendo un grupo de empresarios paisas para obligar a participar en la marcha uribista del próximo 7 de agosto.

Se está intentando presionar indebidamente a empleados, proveedores y demás personal que labora o negocia con esos empresarios para que lleven información de familiares y personas cercanas y que las inviten o las lleven a la manifestación. Quien no lo haga, corre el riesgo de ser despedido o de ver terminada su relación contractual con dicha empresa

Transcribimos el texto, extraído del audio original.

«Beatriz, hola, ¿cómo estás? Beatriz, ¿con quién hiciéramos esta denuncia?

Es que imagínate, yo conozco unas personas que trabajan en Madebello. Madebello son unos depósitos de materiales que tienen como cuatro sedes acá en Medellín. Es una empresa grande de mucho capital y la orden hoy, al departamento de personal, es que hagan unas planillas con el nombre de todas las personas vinculadas, el nombre de todos los domiciliarios y el nombre de todos los proveedores, además de su ubicación.

A cada persona le están notificando que el próximo jueves debe participar en las marchas a favor de Uribe con tres familiares. Hubo dos personas que dijeron que ellos no iban a las marchas, que no les interesaban y la orden es que mañana a las 8 de la mañana les van a entregar la carta de despido. Entonces, Beatriz, si tenemos acceso a esta información creo que hay que hacer algo para que esto no se siga haciendo tan impunemente. Te dejo como la inquietud y si tienes con alguien con quien moverlo, muy rico que lo hagamos porque lo mismo debe estar pasando en muchas empresas»

¿Qué institución del gobierno central es la encargada de evitar que los patrones (nunca mejor utilizado el término con el que se identificaba a Pablo Escobar) usen el acoso laboral como arma política?

Tal vez el Ministerio del Trabajo y los entes de control puedan revisar el asunto y, si es del caso, sancionar a estos abusadores

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