¿Óscar Villamizar Meneses, entre el fracking y el paramilitarismo?

El pasado 21 de agosto se presentó, por quinta vez, el proyecto de ley que busca prohibir el fracking y la explotación en yacimientos no convencionales en Colombia. Dicen que la quinta es la vencida, pero con la prohibición del fracking, es posible que no se cumpla ese dicho popular.

Quienes la promueven, la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF) y otras organizaciones sociales del país, están dispuestos a insistir tantas veces como sea necesario.

El 20 de junio de este año, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes archivó el mismo proyecto por falta de agendamiento, a pesar de que este contaba con el respaldo de 80 congresistas, el Gobierno Nacional y más de 174 mil firmas de ciudadanos. Gracias a la inacción del congreso en esta materia, el fracking continúa vigente, a pesar de los esfuerzos ciudadanos por prohibirlo.

Algunas personas que están en el Congreso de la República son partidarias de esa práctica extractivista por razones técnicas y económicas que pueden ser debatibles e incluso equivocadas. Otras lo hacen porque tienen intereses personales o empresariales que se verían beneficiados si se sigue permitiendo el fracking. Otras más lo hacen porque representan o hacen parte de estrategias políticas legales o ilegales.

Es el caso de Óscar Villamizar Meneses, Representante a la Cámara por Santander y miembro del partido Centro Democrático, quien jugó un papel crucial en la oposición al Proyecto de Ley Antifracking mientras tiene intereses personales en la industria del petróleo.

Peor aún: algunos vínculos de Villamizar con esta industria tienen origen ilegal. Un ejemplo claro de ello fue detectado por la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta que mediante la providencia 038 de 2021 ordenó a Villamizar y a sus hermanos devolver un predio en Girón a una familia campesina desplazada por la violencia. Según el Informe Técnico Predial de la sentencia, dicho predio estaría afectado por la exploración de yacimientos de hidrocarburos a cargo de la multinacional Exxon.

Parece que Villamizar no solo tiene conflictos de interés cuando articula su labor legislativa a su provecho propio. Puede ser que también desarrolle su actividad en el congreso favoreciendo los intereses de grupos paramilitares.

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra Villamizar por presuntos nexos con el Clan del Golfo, tras la denuncia presentada en junio de 2024 ante la Fiscalía General de la Nación por Carolina Giraldo Botero, Representante a la Cámara del Partido Alianza Verde.

Con base en la misma denuncia, Cuestión Pública reveló una red de contratos públicos por $83 mil millones vinculada a Hipólito Mendoza Zea, alias “El Doctor”, presunto lavador de dinero del Clan del Golfo y excolaborador en el Congreso durante la vicepresidencia de Óscar Villamizar en 2019.

En 2021, Mendoza Zea, fue capturado por la Policía Nacional de Colombia, como el cabecilla de una organización criminal implicada en el lavado de activos para narcotraficantes vinculados con el Clan del Golfo.

Si el futuro sostenible y la transición energética dependen de congresistas como Villamizar que puede tener conflictos de interés y vínculos con grupos criminales, podríamos estar repitiendo lo que denunció el congresista Wilson Arias durante el debate sobre la reforma de salud: la influencia de congresistas financiados por las EPS que, por esa razón, actúan favoreciendo los intereses económicos de las empresas de la Salud, aunque ellos estén en contra de los intereses de la ciudadanía.

Cuando congresistas como Villamizar son quienes toman las decisiones fundamentales en materia de minas y energía, es muy relevante preguntarnos si existe alguna relación entre los grupos narco-paramilitares con los cuales, presuntamente, está vinculado el representante Villamizar y la actividad extractivista que promueve el uso del fracking.

¿Hemos puesto a lobbistas del fracking y de la violencia a definir el futuro del país?

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