Gustavo Melo Barrera
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El 3 de febrero, Washington será escenario de un encuentro tan inusual como delicado: Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunirán en la Casa Blanca en medio de una relación bilateral marcada por tensiones abiertas, desconfianza mutua y una retórica poco habitual entre aliados históricos. Lo que en otras épocas habría sido una visita diplomática de rutina hoy se presenta como una prueba de fuego para ambos gobiernos.
El contexto no es menor. En meses recientes, la administración Trump revocó la visa de Petro y lo incluyó en la llamada “Lista Clinton” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), alegando presuntos vínculos indirectos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario colombiano ha rechazado con firmeza. A ello se suman advertencias públicas de Trump sobre eventuales represalias si Colombia no modifica su política frente a las drogas y la seguridad regional. El tono confrontacional ha elevado la temperatura diplomática y ha encendido alarmas tanto en Bogotá como en Washington.
La mirada de los grandes medios
La prensa internacional ha observado este encuentro con cautela. El consenso general es que no se trata de una reunión de reconciliación, sino de un ejercicio de pragmatismo forzado. Algunos análisis subrayan que, pese a las fricciones ideológicas, Estados Unidos sigue necesitando a Colombia como socio estratégico en América Latina, mientras que Bogotá depende del vínculo económico y de seguridad con Washington.
Otros editoriales advierten, sin embargo, que el encuentro podría profundizar la tensión si se convierte en un escenario de imposiciones públicas o humillaciones políticas. El riesgo, señalan, no es solo bilateral: una ruptura abierta podría debilitar la arquitectura regional de cooperación en temas como migración, lucha contra el crimen organizado y estabilidad democrática.
Republicanos: presión y condiciones
En el Partido Republicano, la postura hacia Petro ha sido mayoritariamente dura. Voces influyentes del ala conservadora respaldan las sanciones y consideran que el gobierno colombiano ha sido ambiguo frente al narcotráfico y complaciente con sectores que Washington identifica como amenazas a la seguridad hemisférica. Para este sector, la reunión del 3 de febrero debe servir para imponer condiciones claras, no para negociar en igualdad de términos.
Demócratas: cautela institucional
Entre los demócratas, el tono es distinto, aunque no exento de críticas. Legisladores y analistas cercanos a ese partido han advertido que una escalada excesiva contra Colombia podría erosionar décadas de cooperación bilateral que han sido clave en la lucha contra el crimen transnacional. También alertan sobre el precedente que sentaría tratar de forma hostil a un presidente elegido democráticamente. Insisten en que las diferencias deben manejarse a través de canales diplomáticos y sin dañar la institucionalidad internacional, especialmente en un momento de alta polarización global.
La oposición colombiana: reproches y advertencias
En Colombia, la oposición ha sido especialmente crítica con la estrategia del presidente. Para estos críticos, la visita a Washington es una apuesta arriesgada que podría terminar en un revés diplomático si no se maneja con prudencia.
Otros opositores, sin embargo, reconocen que cancelar o eludir el encuentro sería aún más costoso, pues enviaría una señal de aislamiento internacional y falta de voluntad de diálogo.
¿Debe Petro acudir a la cita?
La pregunta central es si Petro debería cumplir o no la cita. Desde una perspectiva diplomática clásica, la respuesta tiende a ser afirmativa: dialogar con el principal socio comercial y político de Colombia es casi una obligación estratégica. La ausencia podría interpretarse como un gesto de ruptura y cerrar espacios de negociación futuros.
No obstante, el riesgo es evidente. Si la reunión se percibe como una comparecencia bajo presión, el presidente colombiano podría salir debilitado tanto en el escenario internacional como en la política interna. El desafío será encontrar un equilibrio entre defender la soberanía y evitar una confrontación que escale más allá del control diplomático.
El escenario extremo: ¿un arresto de Petro?
En el debate público ha surgido una pregunta extrema: ¿qué pasaría si Estados Unidos intentara arrestar a Petro durante la visita? Desde el punto de vista jurídico y diplomático, se trata de un escenario altamente improbable. Los jefes de Estado gozan de inmunidad, y una acción de ese tipo violaría principios fundamentales del derecho internacional.
Más allá de lo legal, las consecuencias políticas serían enormes. Un arresto desencadenaría una crisis diplomática de escala global, provocaría condenas internacionales y pondría en entredicho la credibilidad de Estados Unidos como garante del orden internacional. Lejos de fortalecer su posición, Washington se arriesgaría a un aislamiento significativo.
Una prueba para la diplomacia
El encuentro del 3 de febrero no es solo una reunión bilateral: es un reflejo del estado actual de la política internacional, marcada por la polarización, el lenguaje duro y la fragilidad de las alianzas tradicionales. Para Petro, es una oportunidad —y un riesgo— de reposicionar a Colombia sin renunciar a su discurso político. Para Trump, es una ocasión para reafirmar su estilo de liderazgo y su visión de poder.
El desenlace dependerá de si ambos mandatarios logran transformar la confrontación en un diálogo funcional. Si fracasan, el costo no será solo político, sino estratégico, para Colombia, para Estados Unidos y para una región que observa con atención.
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