Profesores universitarios, proletariado con imagen de élite

Durante el rectorado de Víctor Manuel Moncayo (Q. E. P. D.), en el primer gobierno de la seguridad democrática de Uribe, se suscitaron fuertes debates sobre el financiamiento de la universidad pública, la reforma universitaria y los salarios docentes, ante la arremetida mediática y de la derecha política, encabezada por Enrique Gómez Hurtado, quien afirmaba que el profesorado ganaba demasiado. Moncayo compareció al Congreso y dejó claro al país que no más del 1 % del profesorado de entonces percibía sueldos similares a los de los congresistas.

Hoy tiende a repetirse esa generalización a partir de la experiencia denunciada en la Universidad de Sucre. Sin embargo, la cifra actual de excepción apenas se acerca al 5 % del profesorado que bordea o supera los sueldos de los congresistas, con o sin títulos de posgrado.

En el imaginario social colombiano, los profesores universitarios suelen ser percibidos como parte de una élite académica privilegiada. Sin embargo, un análisis más detenido de sus condiciones salariales, sus formas de vinculación laboral, sus niveles de productividad y sobrecarga laboral, así como de la estructura del sistema universitario, permite sostener que pertenecen a los sectores populares como una fracción cualificada y subordinada. Es decir, ocupan una posición relativamente alta dentro de estos sectores, pero no conforman la clase media, como algunos creen, y están lejos de ser reconocidos como parte de las élites del país.

El profesorado universitario es un conjunto de trabajadores asalariados altamente cualificados. Su proceso de formación académica dura entre 20 y 25 años. Venden su fuerza de trabajo intelectual, no controlan los medios de producción del conocimiento y dependen de un salario para su subsistencia. Están subordinados en la estructura económica: producen conocimiento, pero no controlan su valor económico, lo que define su lugar en la sociedad contemporánea. Aunque poseen un alto capital cultural, carecen de capital económico significativo y no participan en la propiedad de los medios productivos. Pagan arriendo, tienen vehículo y suelen completar el mes con créditos de consumo. Ocupan, en suma, una posición intermedia: no pertenecen a la clase dominante ni a los sectores más precarizados.

La idea de que los profesores universitarios conforman una élite se sostiene en gran medida por comparaciones con sectores más vulnerables y por la visibilidad de ese 5 % con sueldos de excepción. Sin embargo, esta percepción ignora la configuración general del sistema, marcada por la desigualdad interna, la precarización de amplios sectores del profesorado y la dependencia salarial.

El sistema de universidades públicas en Colombia está compuesto por 34 instituciones, con docentes distribuidos en diferentes tipos de vinculación: profesores de planta (35 %), ocasionales (60 %) y de cátedra (5 %). Esto refleja una realidad laboral en la que la estabilidad no es la regla, sino la excepción. En muchas universidades, el número de profesores ocasionales y de cátedra supera al de docentes de carrera. Además, más del 90 % del profesorado cuenta con títulos de maestría y más del 10 % con doctorado, sin que esta alta cualificación se traduzca necesariamente en ingresos equivalentes a los de niveles similares en el sector privado o en el Estado.

El sistema salarial, regulado por el Decreto 1279 de 2002, establece que la remuneración depende de factores como los títulos académicos, la experiencia y la productividad investigativa. Aun así, los ingresos permanecen en rangos moderados en comparación con sectores de alta acumulación de capital.

En términos salariales, los profesores de planta con título de doctor y más de 20 años de experiencia pueden ubicarse en rangos que oscilan entre diez y quince millones de pesos mensuales en los casos más altos. La excepción de ese 5 % puede superar los 30 millones. El salario de un rector puede situarse entre los 15 y 25 millones, y el de un vicerrector alrededor de 10 a 20 millones, más primas cercanas al 50 %. Aunque estos ingresos permiten una vida relativamente estable, distan considerablemente de los niveles salariales de las élites económicas, como altos ejecutivos, magistrados, procurador, contralor, financieros o grandes empresarios.

En contraste, los profesores ocasionales y de cátedra evidencian con mayor claridad la precarización estructural del sistema. A pesar de realizar funciones similares, no cuentan con estabilidad laboral ni con condiciones plenas de empleo público. Su vinculación depende de contratos temporales que los mantienen en una situación de dependencia constante frente a la institución, incluso expuestos a posibles formas de manipulación. Esta precariedad no es marginal, sino estructural. Sus ingresos pueden oscilar entre tres y ocho millones de pesos mensuales, lo que revela una fuerte segmentación interna.

Esta situación podría empezar a mejorar a partir del Decreto 391 de 2025 y del proceso de formalización, que no equivale a la realización de concursos públicos —a menudo inciertos y lejanos para los docentes ocasionales—, sino a una mejora focalizada e inmediata de sus garantías laborales. Esto incluye el reconocimiento de salarios completos durante 50 o más semanas al año, vacaciones, puntos por experiencia, revisión de la carga académica, entre otras medidas.

La productividad académica se ha convertido en un factor de presión para muchos y en una fuente de beneficio para quienes han convertido el conocimiento en una mercancía. Esta lógica ha sometido al profesorado a una alta exigencia de producción intelectual, guiada por sistemas de indicadores —en muchos casos de origen privado— que se imponen sobre el debate de ideas y la creatividad, al exigir publicaciones constantes para mantenerse activo en redes académicas.

En promedio, un profesor puede publicar entre uno y tres artículos al año, aunque esto varía según el área de conocimiento. En todo caso, cuando se supera ampliamente esa cifra, surgen alertas que indican posibles anomalías que deben ser revisadas con detalle, con el fin de mantener criterios razonables en la asignación salarial.

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