¿Qué modelo de país queremos para Colombia?

Conocí a Iván Cepeda Castro en 2006, durante un foro internacional sobre víctimas del terrorismo en España. Yo había viajado como hermana de Francisco Javier Giraldo, diputado del Valle del Cauca secuestrado por las FARC desde abril de 2002. Colombia vivía atrapada entre el miedo, la guerra y la incapacidad de escuchar el dolor de las víctimas.

Meses después coincidimos en Washington, durante sesiones de la CIDH. Los familiares de los secuestrados políticos pedíamos un Acuerdo Humanitario que permitiera salvar sus vidas. Mientras tanto, en Colombia predominaban los discursos de guerra y las operaciones militares cada vez más intensas. Nosotros solo pedíamos humanidad.

Tres meses después, el 18 de junio de 2007, mi hermano y diez diputados más fueron asesinados en cautiverio.

Años más tarde, el Consejo de Estado reconoció que el Estado colombiano incumplió su deber de protección frente a un riesgo conocido y previsible. El fallo estableció que las autoridades ignoraron reiteradas solicitudes de seguridad hechas por los diputados antes del secuestro.

La providencia también reconstruyó el contexto humanitario de aquellos años: familiares de los secuestrados, líderes nacionales y organismos internacionales promovimos múltiples esfuerzos para lograr un Acuerdo Humanitario que permitiera su regreso con vida. El informe histórico incorporado al caso concluyó que dicho acuerdo requería no solo la liberación por parte de la guerrilla, sino también voluntad política del Estado para generar las condiciones que hicieran posible una salida humanitaria. Sin embargo, el gobierno de entonces no facilitó las condiciones necesarias para avanzar hacia un acuerdo que habría podido salvar muchas vidas.

Esa tragedia marcó mi vida para siempre. Pero también me dejó una convicción profunda: las naciones no se destruyen por defender la vida; se destruyen cuando convierten la guerra, la desigualdad y la indiferencia en políticas de Estado.

Por eso creo que el verdadero debate político del país no es entre izquierda y derecha. El verdadero debate es entre quienes entienden que la prosperidad debe construirse desde la dignidad humana y quienes siguen creyendo que el autoritarismo y la confrontación resolverán, por sí solos, nuestras fracturas históricas.

Las próximas elecciones definirán dos visiones distintas de Colombia. De un lado, una propuesta que busca fortalecer la justicia social, las economías populares, la transición energética, la educación y la implementación de la paz. Del otro, sectores que siguen priorizando principalmente la autoridad, el crecimiento económico tradicional y modelos más dependientes de economías extractivas.

El gobierno de Gustavo Petro ha tenido errores y enormes desafíos pendientes. Pero también ha demostrado que un proyecto progresista no es incompatible con la estabilidad económica ni con el crecimiento del país. Colombia mantuvo estabilidad macroeconómica, incrementó el salario mínimo, redujo indicadores de pobreza monetaria y fortaleció programas sociales dirigidos a sectores históricamente excluidos.

Al mismo tiempo, comenzó a impulsarse una transición energética orientada a disminuir la dependencia de la explotación intensiva de recursos naturales, apostándole a energías limpias, biodiversidad, turismo sostenible y economías basadas en el conocimiento y la innovación.

La apuesta por la reforma agraria, el fortalecimiento de la economía popular y el apoyo a pequeños productores busca corregir desigualdades históricas que durante décadas alimentaron el conflicto armado.

Pero Colombia necesita comprender algo fundamental: las grandes transformaciones sociales y económicas no se consolidan en un solo gobierno. Los países que lograron reducir pobreza y desigualdad lo hicieron manteniendo políticas públicas de largo plazo en educación, productividad, inclusión social y fortalecimiento institucional. Desmontar cada cuatro años los procesos de cambio condena a las naciones al estancamiento permanente.

Por eso me preocupa que buena parte del debate político actual esté girando más alrededor de la rabia y la confrontación que de verdaderas propuestas de país. Colombia necesita discutir seriamente seguridad, sí, pero también educación, salud, productividad, ciencia, medio ambiente y visión de largo plazo.

Iván Cepeda y Paloma Valencia representan dos visiones profundamente distintas de nación. Mientras Cepeda ha construido su trayectoria alrededor de los derechos humanos, las víctimas y la búsqueda de la paz mediante el diálogo, otros sectores continúan defendiendo modelos donde la confrontación y la autoridad ocupan el lugar central de la política nacional.

La seguridad es necesaria en cualquier democracia. Lo que Colombia no puede repetir es la idea de que, en nombre de la seguridad, puedan relativizarse los derechos humanos o la dignidad de la vida.

Mi voto es por Iván Cepeda no por fanatismo ideológico, sino porque durante años lo vi defender la vida y la salida humanitaria cuando muchos preferían únicamente el lenguaje de la confrontación.

Después de todo lo vivido, sigo convencida de que Colombia necesita menos odio, menos miedo y más humanidad para convertirse en una nación verdaderamente próspera y en paz.

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