
Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ph.D en DDHH; Ps.D., en DDHH y Economía; Miembro de la Mesa de gobernabilidad y paz, SUE.
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En el último capítulo de la serie La Diplomática, de Netflix, a raíz de un incidente militar de falsa bandera que dejó 40 muertos, un personaje define a Estados Unidos como “un arsenal envuelto en una constitución. Y efectivamente lo demuestra el presidente Trump, quien trae de regreso la guerra fría, cuya Doctrina de Seguridad Nacional funcionó como una maquinaria ideológica para justificar golpes de estado, dictaduras militares y guerras de baja y alta intensidad. La novedad es que lo ideológico y lo económico van mezclados. Con esta lógica protege la impunidad de los genocidas sionistas y ataca a Irán por comunista, revitaliza a la OTAN contra el comunismo ruso en Europa, impone aranceles a todo el que se acerque al comunismo chino y ataca uno a uno a los BRICS por comunistas. La justificación es la defensa del “mundo libre” y de la democracia. Sobre esa base se define al enemigo.
En América, la operación de bahía cochinos de 1961, organizada por exiliados cubanos y Estados Unidos, tiene ahora el rostro de Venezuela como experimento de guerra en el caribe. Se sigue así la matriz del enemigo interno, que vuelve a cobrar fuerza con Donald Trump y su retórica belicista iniciada en 2018 por su asesor de seguridad, quien señaló al “enemigo hemisférico” bautizando a Venezuela, Cuba y Nicaragua como la “troika de la tiranía”.
En 2019, Trump amenazó con declarar organizaciones terroristas internacionales a los carteles mexicanos para habilitar operaciones militares extraterritoriales. En 2020, el comando sur realizó maniobras militares en el caribe con apoyo de los presidentes Iván Duque en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil, creando lo que llamó un eje de guerra preventiva disfrazada de cooperación, según el modelo del enemigo ideológico probado en Irak, Líbano y Afganistán, para activar operaciones de guerra y negocios.
En 2025, Trump reinstaló el lenguaje de la Guerra Fría para América latina, con el discurso del miedo y la lógica del enemigo moral, político y económico, bajo la figura del “narcoterrorismo” y el “socialismo criminal”, amplificada por las ultraderechas y medios de comunicación masiva de cada país. El foco estaba puesto en Venezuela, puerta de entrada a la región andina y la Amazonía que guarda el botín del siglo XXI en pleno corazón geoestratégico del continente: los mayores yacimientos de litio, gas, petróleo, coltán y oro, más la biodiversidad y reservas hídricas vitales para el futuro energético global.
Todo iba bien para Trump hasta que el gobierno popular de Colombia se negó a seguir siendo el laboratorio servil creado con el modelo del Plan Colombia (2000-2020) y presentado como estrategia antidrogas, que en realidad fue una plataforma de contrainsurgencia regional. El país se convirtió en peón estratégico de Washington. A cambio recibió más de 10.000 millones de dólares en ayuda militar, buena parte seguramente utilizada en la “seguridad democrática” para financiar la renovación de la guerra interna y la escalada de crímenes de lesa humanidad. El resultado fueron 6.402 ejecuciones extrajudiciales, 4.000 masacres, desapariciones forzadas, espionaje estatal, la entrega de los sistemas públicos de salud, pensiones, patrimonios y vías a consorcios privados y la autorización de siete bases militares estadounidenses.
La estrategia de agresión a Venezuela incorpora polarización política, sanciones económicas, bloqueo y operaciones encubiertas como Gedeón en 2020, con participación del gobierno de Colombia, para capturar al presidente Maduro. En 2025 entró a prueba el diseño de una guerra híbrida que ya ha asesinado a más de 20 personas, iniciada con la toma militar del mar caribe. Se trata de impedir cualquier acercamiento de Rusia o China. Los instrumentos son varios: operaciones encubiertas y de falsa bandera, sabotajes, bloqueos, distorsión mediática y despliegue militar bajo la cobertura de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, y con la CIA como agente de desestabilización. De concretarse, el conflicto se extendería a toda la región andina con un carácter asimétrico, con ejércitos estatales, fuerzas multinacionales, mercenarios, una constelación de movimientos insurgentes e infinidad de resistencias sociales antimperialistas y en defensa de sus soberanías. La geografía andina, unida a la memoria de solidaridad entre pueblos, tiene la capacidad para neutralizar la superioridad tecnológica estadounidense, reproducir en el contexto un escenario semejante al de Vietnam y alentar en las calles el grito de ¡yankees go home!
Trump como empresario del complejo militar-industrial, encarna la economía de la guerra para reafirmar la hegemonía de E.E.U.U. frente a China y Rusia, cuyos intereses en energía, minería e infraestructura se expanden en la región. Su lógica se centra en obtener una victoria militar rápida en el tablero local de una nueva guerra fría, sin calcular que la región andina fácilmente puede convertirse en otro Vietnam.
El retorno del enemigo interno reactiva viejos fantasmas y fabrica nuevos adversarios como el gobierno progresista de Colombia, contra el que estará dispuesto a lo que sea con tal de impedir su renovación en 2026, y contra otros gobiernos del sur, como Brasil, no subordinados ni obedientes, movimientos sociales, migrantes, ambientalistas, intelectuales, críticos, universidades y libros para quemar como los de García Márquez.
Una confrontación militar sería devastadora en términos de vidas humanas, desplazamiento forzado, militarización de ciudades, devastación ambiental, pérdida de soberanía y destrucción de territorios y sociedades enteras de toda la región.
La cuestión no es sí Estados Unidos puede fabricar otra guerra que, como en Vietnam, estaría destinado a perder; la pregunta es si América Latina permitirá que se repita la historia.
P.D. El presidente de Colombia elegido democráticamente es jefe del Estado y comandante en jefe de las fuerzas militares, primer responsable de la defensa de la soberanía y una ofensa contra él, sobre todo de otro gobierno, merece condena, rechazo, es asunto de Estado. ¿Dónde están el congreso, las cortes de justicia, los partidos que convocan a defender las instituciones, los medios, los empresarios, las universidades, exigiendo respeto al presidente y al país y, de paso, expresando su rechazo a la prohibición de los libros de nuestro premio nobel García Márquez?


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