¡Separación de poderes, por favor!

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La reciente elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional tiene la vocación de encender el debate sobre la politización de las altas cortes en Colombia. El hecho de que candidatos a estos cargos lleguen etiquetados por su militancia política, como “de derecha” o “petrista”, es profundamente inquietante y plantea serios cuestionamientos sobre la independencia del poder judicial, pilar fundamental de una democracia.

El episodio vivido en el Senado, con una elección polarizada que crispó los ánimos entre legisladores, es un reflejo de cómo el poder judicial parece cada vez más subordinado a intereses políticos. No ayudó tampoco la felicitación pública del presidente Gustavo Petro en la red social X, calificando la elección de Polo Rosero como “un gran triunfo”. Este tipo de intervenciones, provenientes del poder ejecutivo, no solo son inoportunas, sino que erosionan la confianza pública en la imparcialidad de las instituciones judiciales.

La Corte Constitucional, al igual que las demás cortes, debe ser un espacio para interpretar y garantizar la supremacía de la Constitución con criterio jurídico, no un campo para la confrontación ideológica. La independencia judicial no es solo un mandato constitucional; es un principio que asegura que las decisiones de los magistrados estén fundamentadas en el derecho y no en sus convicciones partidistas.

Esta tendencia a politizar las cortes pone en riesgo el equilibrio entre poderes, ya que puede conducir a un ejercicio judicial parcializado, que se incline hacia la ideología del gobierno de turno o hacia sectores específicos del Congreso. Cuando la justicia se contamina con etiquetas políticas, el ciudadano pierde la certeza de que las decisiones judiciales sean justas y equilibradas… Y eso que no me voy a referir aquí a la estrepitosa, ridícula y absurda propuesta de llegar a la elección por voto popular de los jueces.

Es hora de repensar el proceso de elección de magistrados en Colombia. Si bien la arquitectura del sistema actual permite participación del Congreso, del Ejecutivo y de la academia, debe reforzarse para garantizar que los méritos y la trayectoria profesional sean los únicos criterios de selección. La justicia no debe servir a partidos ni ideologías; debe ser independiente, técnica y al servicio de todos los colombianos.

La legitimidad de las cortes no se construye con discursos ni con respaldos políticos, sino con decisiones que reflejen autonomía, imparcialidad y apego al derecho. Colombia merece un poder judicial libre de influencias partidistas, que no solo interprete la ley, sino que inspire confianza en su ciudadanía. Es el momento de trazar una línea clara entre política y justicia, antes de que el país pierda aún más la fe en sus instituciones.