Entre diplomacia, política electoral y geoestrategia
Gustavo Melo Barrera
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En 2025, con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, la relación entre Estados Unidos y Colombia vuelve a estar bajo escrutinio. El clima ha cambiado: ya no sólo se convoca a Colombia como aliado tradicional, sino que se cuestionan públicamente sus postulados de seguridad, su enfoque sobre drogas y, de forma agresiva, la figura del presidente Gustavo Petro. En ese marco, han surgido acusaciones graves: vínculos con narcotráfico, inclusión en la “Lista Clinton” (SDN/OFAC), sanciones y alertas diplomáticas.
Lo llamativo — y lo preocupante — no es sólo la acusación misma. Lo llamativo es que figuras clave del gobierno estadounidense admiten que esta inclusión no responde únicamente a motivaciones políticas, lo que obliga a preguntarse: ¿qué se busca realmente con este señalamiento mediático y diplomático? Y, ¿qué hay detrás del montaje?
Contexto real: un giro en la diplomacia de EE. UU. hacia la “seguridad nacional”
Con Rubio como Secretario de Estado, la diplomacia de Trump prioriza lo que Washington considera sus intereses estratégicos: control migratorio, combate al narcotráfico, redefinición de alianzas regionales.
El mensaje es claro: la seguridad para EE. UU. pasa por corresponsabilidad de sus socios. En ese contexto, gobiernos como el de Petro, con agendas distintas —más sociales, menos militares, críticas al statu quo— representan una incómoda variable. Ya no basta con ser aliado de palabra. Se exigen compromisos concretos, alineamientos firmes y resultados palpables.
La inclusión en la “Lista Clinton (SDN/OFAC)” y sus implicaciones
Que el presidente Petro sea incluido en la SDN/OFAC supone no sólo una sanción simbólica, sino un golpe a su capacidad diplomática, financiera y política internacional. Congela cuentas, restringe operaciones, complica relaciones con bancos globales y Petro está expuesto a un aislamiento económico.
Que diplomáticos estadounidenses digan que la inclusión “no es por política” genera un dilema: o hay evidencia sólida — y entonces debe demostrarse públicamente — o hay un riesgo de abuso de esta herramienta como arma de presión. No puede confundirse sanción legítima con campaña mediática sin trasparencia.
El peso de la historia: Petro como promotor de políticas antidrogas
En Colombia, y en buena parte del mundo, se reconoce que Petro ha impulsado reformas, debates y medidas para enfrentar la desigualdad, la violencia y, en teoría, el problema de drogas desde una visión distinta. Se argumenta que su enfoque no es solo militar, sino social, estructural, buscando atacar causas, no solo síntomas.
Esa trayectoria —aunque sujeta a críticas— complica la narrativa simplista de “Petro narcotraficante”. Si alguien ha intentado cambiar las lógicas tradicionales, esa persona no puede ser juzgada con los mismos parámetros automáticos del pasado.
¿Qué buscan realmente Trump y sus aliados con estas acusaciones? Tres hipótesis
- Reposicionar a Colombia bajo una new-agenda de seguridad, meramente funcional a EE. UU. Al presionar a Petro, Washington busca que Colombia reafirme su papel como satélite estratégico: militar, antidrogas, diplomáticamente alineado. Si no, la sanción funciona como castigo ejemplar.
- Utilizar a Petro como aviso para otros gobiernos progresistas de la región: América Latina ha cambiado: gobiernos de izquierda, movimientos sociales, agendas críticas. Señalar a Petro como narcotraficante es una señal: “No se tolera desviarse del guion”. Es una estrategia de contención ideológica.
- Ganancia política interna en EE. UU.: La figura de “gobiernos de izquierda latinoamericanos corruptos” funciona para movilizar electores en EE. UU., especialmente en estados sensibles como Florida. Atacar a Petro puede reforzar el discurso interno de seguridad, “ley y orden”, amenaza externa, lo que beneficia electoralmente al trumpismo.
¿vale la pena para EE. UU. arriesgar la relación con un aliado clave?
Colombia no es un país cualquiera para Washington. Es un nodo estratégico: geopolítico, antinarcóticos, fronterizo, migratorio. Al apostar por una estrategia de presión y castigo en lugar de diálogo y cooperación, EE. UU. arriesga la estabilidad regional, el restablecimiento de confianza, y su propia influencia en Suramérica.
Si Petro es demonizado internacionalmente sin pruebas, más que debilitarlo, puede fortalecer su imagen interna como “víctima de intervencionismo” — algo que muchos colombianos sienten como un eco histórico.
Conclusión: el llamado a las evidencias y a la diplomacia seria
Las acusaciones contra Petro deben ser investigadas con rigor, transparencia y respeto al debido proceso. Si hay pruebas, deben ser presentadas públicamente. Si no las hay, lo que se construye es un montaje; una herramienta de poder —mediático, diplomático, político— que erosiona la credibilidad de instancias internacionales.
Llamar “narcotraficante” a un presidente sin mostrar evidencia no es valentía, es manipulación. Y en ese juego, quienes pierden al final no sólo son gobiernos, sino pueblos: en este caso, el de Colombia.
P. D. — Hipótesis de contraataque
Si Petro contraatacara y demostrara que las acusaciones son un montaje para desviar la atención de nexos del gobierno estadounidense con el narcotráfico, se desataría un terremoto político e institucional: investigaciones en EE. UU., posible proceso de impeachment o renuncia, y un cambio radical en la percepción global de la política hemisférica. La narrativa internacional sobre drogas, alianzas y seguridad se redefiniría, y Colombia, paradójicamente, se proyectaría como un actor central capaz de desafiar al poder estadounidense, poniendo en evidencia los riesgos de manipular acusaciones sin pruebas.
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