Luis Alfredo Muñoz Wilches
Economista y MSc en Análisis de Problemas
Económicos, Políticos e Internacionales Contemporáneos.
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“Allá me oirás mejor.
Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de la muerte,
si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz”
Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo
“Allá me oirás mejor.
Encontrarás más cercana la voz de mis recuerdos que la de la muerte,
si es que alguna vez la muerte ha tenido alguna voz”
Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo
Como si se tratara de un personaje escapado de la novela icónica del escritor mexicano Juan Rulfo, el hacendado Roberto Arango Torres apareció el 4 de agosto en las goteras del Puente de Boyacá con su séquito de seguidores de la “Federación de Parameros del Nororiente Colombiano” para provocar un violento bloqueo en la vía entre Tunja y Bogotá, reclamando la derogación de la legislación ambiental que protege los páramos en Colombia.
En esta ocasión, el patriarca contó con el apoyo de la exalcaldesa de Socha y hoy candidata a la Cámara por el partido Conservador, Zandra María Bernal Rincón, de un grupo de patrones mineros del norte de Boyacá y de las llamadas “Dignidades paperas” de Boyacá.
No es la primera vez que este patriarca se enfrenta a las autoridades ambientales. Lo hizo en Santander, Bogotá, Tunja y en el páramo de El Cocuy, en el norte de Boyacá, donde desarrolla sus actividades extractivas agrícolas, mineras y, especialmente, ganaderas, en la medida que es el propietario de más de 40.000 ovejas que pastan en una extensa zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural de El Cocuy.
En uno de esos episodios, el 25 de octubre de 2017, el hacendado, en compañía de algunos de sus secuaces, ingresaron de manera violenta en un recinto de Duitama, donde se desarrollaba una Mesa de Diálogo Regional sobre los páramos. Convocada por la Gobernación de Boyacá, con la participación de líderes comunales, organizaciones ambientales, representantes de ONG’s, delegados de los Ministerios de Ambiente, Agricultura, Parques Nacionales, Corpoboyacá, el Instituto Humboldt y la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales de la Procuraduría General de la Nación.
En esa ocasión, el hoy promotor del bloqueo en el Puente de Boyacá logró sabotear los diálogos y desintegrar las mesas de concertación para congregar una asamblea paralela, donde conminó a los asistentes a oponerse a los planes de gestión integral y protección de los páramos, aduciendo que se trataba de una conspiración castro-santista para arrebatarles las tierras a los campesinos habitantes de los páramos.
Desde ese entonces, el hacendado Arango se ha opuesto radicalmente a las acciones de protección de los páramos y de reconversión de las actividades depredadoras de la ganadería, la minería y la agricultura propuestas por las autoridades ambientales, señalando que “esas son estrategias para el empobrecimiento de los pobladores de la ladera colombiana” y que el propósito del gobierno es despojar a los campesinos de estas áreas de páramo para “negociar con los ricos del mundo el potencial de captura de carbono que ofrecen los páramos del país”.
Diferentes voceros de colectivos ambientalistas dentro y fuera del Departamento de Boyacá, académicos y estudiosos de los páramos han rechazado las propuestas de los parameros, por considerar que se trata solo de la defensa a ultranza de los intereses económicos del hacendado Arango y, particularmente, de las restricciones impuestas al pastoreo depredador en la vereda El Tabor del municipio de Güicán, en el páramo de El Cocuy.
El colectivo de la sociedad civil “Resistencia y lucha por el Agua” de Socha, la Asociación de Acueductos Comunitarios del Norte de Boyacá y la Veeduría Ciudadana Ambiental de Tasco se han opuesto categóricamente a las pretensiones del hacendado Arango y de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano de retrotraer la legislación ambiental de protección a las zonas de páramo.
En un reciente comunicado señalan que, como “conocedores de la problemática ambiental que amenaza la sostenibilidad del páramo de El Cocuy, que conlleva la destrucción de los ecosistemas del páramo y, más grave aún, de la preservación del agua, levantamos nuestra voz de protesta frente a la participación del señor Roberto Arango, quien se abroga la representación de los parameros, pero que en realidad se trata de la defensa de sus intereses como terrateniente y ganadero del páramo de El Cocuy, lo mismo que de la minería ilegal que se desarrolla dentro de las áreas de amortiguamiento del páramo de El Cocuy”.
En el reciente bloqueo de la vía Tunja-Bogotá, en el Puente de Boyacá, el hacendado Arango y sus secuaces de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano exigieron como condición para lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional y el levantamiento del bloqueo: la derogatoria del artículo 206 del Código de Recursos Naturales (Decreto-Ley 2811 de 1974), mediante el cual se facultó al Gobierno Nacional para sustraer y establecer áreas de especial interés ambiental; tales como las áreas de protección ambiental, los Parques Nacionales Naturales, las áreas de reserva forestal, etc.
Igualmente, los parameros exigían la derogatoria de la Resolución 1405 de 2018, a través de la cual se delimitó el páramo de la Sierra Nevada de El Cocuy; la derogatoria de la Resolución del año 2014 que adoptó la zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de El Cocuy y sustrajo un área de 715.800 hectáreas del páramo del Cocuy; lo mismo que la derogatoria de la Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos.
Pretensiones a todas luces exorbitantes, las cuales buscan retrotraer las piezas fundamentales de la normatividad jurídica que han permitido un enorme avance en la protección y preservación de las áreas estratégicas de interés ambiental y, particularmente, las zonas de páramo.
Las delimitaciones de estas áreas protegidas, en esencia, permiten frenar la expansión de la frontera agrícola, condicionan y limitan el desarrollo de actividades extractivas que, como la minería y la ganadería extensiva, pueden afectar los ecosistemas de los páramos, permitiendo nuevos usos, la ocupación y desarrollo de actividades productivas sostenibles que protegen los páramos, la vida y el bienestar de todos los colombianos.
La normatividad ambiental que el país ha venido construyendo por décadas ha permitido conservar y proteger los ecosistemas de los páramos que prestan servicios ambientales estratégicos no solo a los pobladores que ocupan estas áreas, sino a todos los habitantes de las laderas y las cuencas que desarrollan sus actividades productivas, beneficiándose de la diversidad ecosistémica de los páramos.
Por lo tanto, como lo expresó Felipe Rubio Torgler, investigador y experto internacional en procesos de restauración ecológica, es inaceptable que el interés particular de un grupo regional específico, como el representado por la Federación de Parameros del Cocuy, se haga a costa de sacrificar el interés general de millones de colombianos que se benefician de la protección de la biodiversidad que ha sido cuidadosamente recogida en la legislación colombiana y que constituye uno de los más importantes patrimonios naturales del país.
Si bien las delimitaciones de estas áreas deben realizarse con la participación de los pobladores de estas zonas para establecer acuerdos y formular planes de manejo que permitan la realización de actividades sostenibles y resilientes por parte de los propietarios rurales en estas zonas de reserva, y garanticen una buena gobernanza ambiental, las zonas de reserva forestal y ambiental son inalienables, inajenables e intransferibles, y deben destinarse al uso estricto de conservación.
Por estas razones, la pretensión de la Federación de Campesinos Parameros de derogar leyes y resoluciones no solo es un exabrupto jurídico, sino que violaría el principio de NO REGRESIVIDAD AMBIENTAL consagrado en la legislación de Colombia y en los tratados internacionales.
Además, cuando estas pretensiones de la Federación de Campesinos Parameros del Norte de Boyacá se exponen como un pliego de peticiones que no fue consultado con las demás comunidades que habitan en la Sierra Nevada de El Cocuy, Güicán y Chita, y se tramita en un escenario distante de la jurisdicción del complejo paramuno, afectando principalmente a las comunidades del Corredor Industrial de Boyacá que padecieron las consecuencias del bloqueo y tuvieron que asumir las cuantiosas pérdidas de sus cosechas.
En esto, el episodio protagonizado por el hacendado Roberto Arango se asemeja al mundo imaginado de la novela de Rulfo, cuando el tirano Pedro Páramo decide trasladarse al lejano mundo de Comala para establecer allí el imperio de sus arbitrariedades.
[1] https://www-cambridge-org.translate.goog/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/an-international-law-principle-of-nonregression-from-environmental-protections/DFB6236C0504491E00B4174EE6D13186?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=rq#
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