Especial para El Quinto
Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Durante décadas, las regalías en Colombia han sido una grieta por donde se han escurrido miles de millones de pesos. En teoría, debían ser la oportunidad dorada para que los territorios ricos en recursos naturales también fueran ricos en calidad de vida. Pero en la práctica, muchas veces terminaron convertidas en monumentos al despilfarro, a la obra inconclusa o, en el peor de los casos, al cinismo de la corrupción. Por eso es importante destacar lo que parece estar ocurriendo en este nuevo período del Sistema General de Regalías: un intento que parece serio para darle un giro de 180 grados a su administración, seguimiento y control.
Según los más recientes datos revelados por el Departamento Nacional de Planeación, entre 2023 y 2024 se han logrado cifras históricas en la gestión de estos recursos. De entrada, la inversión aprobada alcanza los $28,8 billones para 16.278 proyectos en todo el país. Y lo más significativo es que cerca del 70% de esta asignación ha estado en manos de las regiones más necesitadas del país: los municipios de categoría 5 y 6, los territorios étnicos y los departamentos de la Amazonia y la Orinoquia. Esa redistribución es un acierto, si logra ejecutarse bien.
En cuanto a vigilancia, la Contraloría General de la República ha fortalecido sus controles con más de 2.750 visitas a proyectos por un valor de $22,8 billones, lo que representa un aumento del 226% frente a años anteriores. Gracias a estas visitas, se han identificado 698 proyectos críticos y se han abierto 3.023 procesos de responsabilidad fiscal, una cifra que creció en 353%. A eso se suman las 2.963 alertas enviadas a la Fiscalía, un incremento del 789% que hablaría bien del compromiso por destapar los casos de corrupción y castigar a sus responsables. Estas cifras no son menores: por primera vez en mucho tiempo, los recursos de regalías parecen tener dolientes con dientes.
Y si bien la vigilancia institucional se ha fortalecido, también se ha buscado que los territorios no sean simples receptores pasivos. Las jornadas de “Llegada al Territorio” han contado con más de 1.400 líderes sociales, alcaldes, gobernadores y representantes de comunidades étnicas que han participado en mesas regionales para priorizar proyectos y conocer cómo va la ejecución. Este ejercicio de transparencia no solo es deseable, sino urgente en un país donde el ciudadano muchas veces ve los recursos públicos como algo abstracto que nunca llega a tocar su vida.
Pero pese a estos avances, no podemos ser triunfalistas. La historia de las regalías en Colombia nos exige cautela. Aunque se hayan priorizado 16.278 proyectos, el verdadero indicador de éxito no está en el número de aprobaciones, sino en la cantidad de obras terminadas, en funcionamiento y útiles para la comunidad. El dinero no cambia realidades por sí solo: hace falta voluntad, capacidad de ejecución y control ciudadano.
Además, queda el gran desafío de la articulación entre estas inversiones y las verdaderas necesidades del desarrollo territorial. No puede ser que las regalías se gasten en escenarios deportivos mientras el acueducto sigue pendiente, o que se construyan puentes sobre ríos inexistentes o vías a ninguna parte solo porque había que ejecutar el dinero antes de perderlo. Las cifras hablan bien de la gestión, pero el impacto real se medirá en escuelas funcionando, acueductos potables, proyectos productivos sostenibles y territorios mejor conectados.
El país está ante una oportunidad inédita: demostrar que las regalías no son solo una fuente de ingresos, sino una herramienta de transformación social. Si los recursos continúan siendo vigilados con rigor, ejecutados con transparencia y priorizados con sensatez, ahí si podremos decir que estamos dándole un giro histórico a una de las mayores deudas del Estado con las regiones y que no se quede en una propaganda panfletaria del presidente Petro y Benedetti. Pero si volvemos a caer en la complacencia, estos logros serán apenas un espejismo más. Que no nos vuelva a pasar.
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