Las cortes en modo francotirador: cuando la justicia apunta al cambio
Gustavo Melo Barrera
•
En Colombia, las altas cortes ya no interpretan la ley: la reescriben según el manual del miedo a perder privilegios. Cada vez que el gobierno de Petro intenta mover una piedra del edificio neoliberal, aparece una sentencia, una tutela, una suspensión cautelar. No importa si se trata de salud, pensiones, trabajo o educación: si huele a reforma, las cortes sacan el extintor institucional y lo rocían con gasolina.
Lo que estamos viendo no es una defensa de la Constitución. Es una defensa del club privado que durante cuarenta años convirtió la política en una franquicia del narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción. Y ahora que alguien se atreve a cambiar el menú, los meseros togados se indignan porque les quieren quitar la propina.
El sabotaje como política de Estado
Las reformas sociales no han sido bloqueadas por argumentos jurídicos sólidos, sino por una mezcla de tecnicismos, pánico moral y llamadas desde oficinas donde todavía se celebra el modelo de “seguridad democrática” con whisky importado. La Corte Constitucional se comporta como si la justicia fuera una propiedad privada, y el Consejo de Estado parece más interesado en proteger los intereses de los gremios que en garantizar derechos.
Cada fallo contra las reformas parece redactado por un comité editorial de los grandes medios, esos que aún creen que el país se gobierna desde los salones del Club El Nogal. Las decisiones judiciales no solo frenan el cambio: lo criminalizan. Convertir la justicia en un arma contra el progreso es el nuevo deporte nacional, y los jueces juegan con entusiasmo olímpico.
¿Y el Congreso? Ese no legisla: negocia. Se volvió un mercado persa donde las leyes se subastan al mejor postor. Ya ni siquiera disimulan. Se quitaron la máscara y mostraron el rostro real: el de los que han lucrado con la guerra, la coca y el hambre. El mismo rostro que hoy se sienta en los tribunales, en los entes de control, y en las comisiones que deciden qué reforma vive y cuál muere.
2026: elecciones en terreno minado
Con este panorama, el proceso electoral de 2026 no será una competencia democrática, sino una carrera de obstáculos diseñada por quienes no quieren perder el poder. Las cortes no están defendiendo la ley: están defendiendo el modelo que les dio poder, dinero y blindaje. Y si para eso hay que dinamitar las reformas, lo harán con gusto.
La estrategia es clara: desgastar al gobierno, bloquear sus metas sociales y económicas, y sembrar la narrativa de que el cambio es sinónimo de caos. Mientras tanto, los verdaderos responsables del desastre nacional —los que convirtieron el Estado en una lavandería de cocaína y contratos amañados— se presentan como salvadores de la institucionalidad.
Lo más triste no es que hayan mostrado su verdadero rostro. Lo verdaderamente doloroso es que ese rostro ha estado ahí todo el tiempo, disfrazado de institucionalidad, de legalismo, de “equilibrio de poderes”. Y ahora que se les cayó el maquillaje, vemos lo que siempre fueron: los administradores del fracaso nacional, los notarios del saqueo, los jueces del hambre.
La resistencia ciudadana: último bastión de la dignidad
Pero si algo ha demostrado este país, es que la dignidad no se extingue tan fácilmente. La resistencia ciudadana no necesita toga ni curul: necesita conciencia, organización y memoria. Porque si las cortes se han convertido en el último bastión del viejo régimen, entonces el pueblo debe ser el primer bastión del nuevo.
La calle, la palabra, el voto y la movilización son herramientas legítimas frente a un sistema que ya no disimula su desprecio por la justicia social. No se trata de desconocer las instituciones, sino de exigir que cumplan su función: proteger derechos, no privilegios. Y si no lo hacen, entonces toca recordárselos con cacerolas, pancartas y urnas.
La historia no la escriben los jueces ni los congresistas. La escriben los pueblos que se cansan de esperar. Y Colombia está cansada. Cansada de ver cómo los mismos de siempre bloquean el futuro, cómo los togados del privilegio se convierten en verdugos del cambio, y cómo el poder judicial se transforma en una barricada contra la esperanza.
La resistencia no es una opción: es una necesidad. Porque si dejamos que las cortes sigan disparando contra el cambio, pronto no quedará nada que defender. Y entonces sí, nos tocará explicarles a las futuras generaciones cómo dejamos que el país se hundiera mientras los jueces redactaban sentencias con tinta de impunidad.
ADENDA: Convirtieron el atentado al nieto de Turbay Ayala en un reality nacional, donde el dolor se edita, se monetiza y se transmite en horario estelar. La tragedia dejó de ser humana para volverse espectáculo, con entrevistas exclusivas, análisis forenses de pasillo y lágrimas en alta definición. Mientras el país sangra, los medios reparten rating y los opinadores compiten por el mejor ángulo dramático. ¿Justicia? Secuestrada por el morbo. ¿Verdad? Ahogada en titulares. Lo que debería indignar, entretiene. Y así, Colombia confirma que hasta el horror puede ser rentable.
Deja una respuesta