Víctor Solano Franco
Comunicador social y periodista
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Especial para El Quinto
El cruce de declaraciones entre la USO y el presidente Gustavo Petro sobre la demanda mundial de petróleo es solo el último episodio de un debate que, en Colombia, se ha vuelto rehén de la ideología. Y es aquí donde el Gobierno, en lugar de liderar con serenidad y ciencia, ha preferido atrincherarse en discursos moralizantes que dividen más de lo que construyen.
No se trata de negar la urgencia climática ni la necesidad de avanzar hacia energías limpias. Se trata de entender que la transición no puede decretarse por redes sociales ni imponerse como un dogma de fe (paradójicamente en un gobierno de izquierda). La seguridad energética de un país como Colombia requiere reconocer que los hidrocarburos siguen siendo la base de confiabilidad del sistema: por densidad energética, por infraestructura instalada y porque aún sostienen buena parte de las finanzas públicas.
Al demonizar el petróleo como si fuera el único enemigo, el Gobierno ignora que son justamente los ingresos de ese sector los que hoy financian programas sociales, carreteras, educación y salud. Pretender sustituirlo de la noche a la mañana, sin un plan serio y escalonado, es condenar al país a un salto al vacío. Mientras tanto, la ilegalidad —la minería sin control, la explotación depredadora— sigue creciendo a sus anchas, sin que se ejerza la misma vehemencia política para combatirla.
La transición energética, si quiere ser justa y sostenible, no puede nacer de prejuicios. Debe construirse con ciencia, con tecnología, con diálogo con las comunidades y con un criterio pragmático que entienda que los hidrocarburos y las renovables no son enemigos irreconciliables, sino piezas complementarias de un mismo sistema.
El Gobierno debería abandonar la prédica simplista y empezar a gobernar con la complejidad que exige el tema. Colombia necesita equilibrio, no discursos que convierten la transición en una bandera ideológica más.
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