Operación Condor 2.0 – La nueva arquitectura del control hemisférico y el papel de Colombia

La historia rara vez se repite con los mismos uniformes. Las formas cambian, los lenguajes se modernizan y las tecnologías sustituyen los viejos instrumentos de dominación, pero las lógicas de poder suelen conservar una inquietante continuidad. El Plan Cóndor de los años setenta fue una estrategia continental de coordinación represiva entre dictaduras militares del Cono Sur, respaldada por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Su propósito consistió en eliminar toda expresión política considerada incompatible con los intereses geopolíticos de Occidente. Secuestros, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos fueron sus métodos más visibles.

Cinco décadas después, nadie necesita reinstalar aquella maquinaria exactamente como existió. El nuevo escenario internacional ofrece instrumentos mucho más sofisticados. La vigilancia digital, la inteligencia financiera, el intercambio masivo de datos, la cooperación judicial transnacional, las sanciones económicas, la manipulación informativa y la expansión del lawfare permiten ejercer formas de control político que conservan buena parte de la lógica estratégica del antiguo Cóndor, aunque prescindan de sus métodos más evidentes.

La hipótesis que plantea este artículo es precisamente esa: América Latina asiste a la configuración de una nueva arquitectura hemisférica de seguridad y control, un Cóndor 2.0, donde la excepcionalidad jurídica, la vigilancia tecnológica y la subordinación geopolítica sustituyen buena parte de los mecanismos represivos del siglo XX. En ese nuevo diseño continental, Colombia ocupa un lugar estratégico.

Para comprender esta transformación es necesario volver sobre una vieja constante de la política exterior estadounidense. Desde la Doctrina Monroe de 1823, Washington ha concebido el continente como un espacio de influencia privilegiada. Aquella consigna de «América para los americanos» terminó significando, en la práctica, la pérdida de la autonomía e independencia de los países de Centro y Sur América y la exclusión de cualquier potencia capaz de disputar la hegemonía norteamericana en el hemisferio.

Durante el siglo XXI, esa doctrina no desapareció; ante las nuevas realidades,  adoptó nuevas formas. La creciente presencia económica de China, la disputa tecnológica global, las cadenas estratégicas de suministro, las rutas energéticas, la migración y la competencia por minerales críticos han devuelto a América Latina al centro de las prioridades geopolíticas de Estados Unidos. La política impulsada durante la administración de Donald Trump profundizó esa visión al privilegiar una lógica de alineamientos incondicionales y de confrontación abierta con cualquier gobierno o actor percibido como una amenaza para los intereses estratégicos estadounidenses.

Ese contexto internacional permite comprender la importancia adquirida por Colombia. Tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia —resultado que diversos sectores políticos consideran rodeado de serios cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral— el país parece orientarse hacia un alineamiento mucho más estrecho con la estrategia hemisférica de Washington. La coincidencia con gobiernos ideológicamente afines en Argentina, Ecuador y otros países configura un corredor político que fortalece la proyección regional de esa agenda.

Pero el problema no consiste únicamente en la existencia de afinidades ideológicas. El verdadero riesgo aparece cuando esa convergencia reduce la autonomía del Estado colombiano para definir sus prioridades nacionales. El nuevo gobierno se presenta como un aliado privilegiado de Estados Unidos; sin embargo, el comportamiento esperado de ese aliado trasciende la cooperación entre Estados soberanos y se aproxima al de un ejecutor disciplinado de intereses definidos fuera de sus propias fronteras.

La relación deja entonces de construirse sobre la defensa recíproca de intereses nacionales para adquirir un carácter marcadamente transaccional. Washington ofrece respaldo político, cooperación militar, inteligencia y apoyo diplomático; a cambio, Colombia consolida un esquema de alineamiento estratégico que condiciona su política energética, comercial, tecnológica y de seguridad. La soberanía deja de ejercerse plenamente para convertirse en un margen de maniobra cada vez más estrecho dentro de prioridades fijadas desde el exterior.

Ese tipo de subordinación requiere un elemento indispensable: la construcción permanente de un enemigo. Durante décadas ese papel fue ocupado por la lucha contra el comunismo y, posteriormente, por la guerra contra el narcotráfico. Hoy comienza a consolidarse una categoría mucho más amplia y funcional: el llamado «terrorismo político de extrema izquierda». Su elasticidad conceptual permite incorporar bajo una misma etiqueta actores profundamente distintos: organizaciones armadas, movimientos sociales, liderazgos campesinos, sectores sindicales, estudiantes, periodistas críticos o cualquier forma de oposición que pueda ser presentada como un riesgo para la seguridad nacional.

No se trata de una innovación doctrinal. Constituye una actualización de la antigua Doctrina de Seguridad Nacional, cuyo principio fundamental consistía en transformar al contradictor político en enemigo interno. Cuando esa lógica se instala en el funcionamiento cotidiano del Estado, la diferencia entre seguridad y persecución política comienza a desdibujarse, y la excepcionalidad deja de ser una medida temporal para convertirse en una forma permanente de gobierno.

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