Asfixiar la justicia: de La Haya a la JEP

Las sanciones de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional, anunciadas el 9 de octubre de 2026, horas después de la concesión del Nobel de Paz a la exjueza Navi Pillay, y la ofensiva del Centro Democrático y del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) responden a una misma lógica: la de un bloque de poder alineado con la Casa Blanca que se opone a toda justicia capaz de investigar crímenes atroces. Son expresiones de una misma disputa entre los sistemas de justicia y los poderes que pretenden ponerse por encima de ella.

Washington invoca la soberanía para blindar a sus aliados. Pretende favorecer a dirigentes israelíes señalados por la comisión de la ONU que presidió Pillay de estar cometiendo un genocidio en Palestina.

En Colombia, el Gobierno respalda un recorte de $170.000 millones a la JEP y anuncia que «remoldeará» el Acuerdo de Paz. El partido Centro Democrático, por su parte, propone que el Tribunal Superior Militar y Policial revise las sentencias de esa jurisdicción contra la Fuerza Pública.

Nadie plantea abiertamente suprimir estos tribunales. Solo tratan de debilitarlos, reducir su capacidad de actuación y someterlos a presiones hasta asfixiarlos.

¿Por qué incomodan? No porque sean ineficientes o costosos, sino porque investigan, establecen responsabilidades y ponen nombres propios donde el poder preferiría mantener el silencio.

La Corte Penal Internacional puso bajo escrutinio a gobiernos protegidos por Washington y la JEP reveló la verdad sobre los «falsos positivos» y los crímenes contra la Unión Patriótica. En ambos casos lo que está en disputa es la posibilidad de que la justicia alcance a quienes, en ejercicio del poder, han cometido crímenes atroces.

Debilitar esos tribunales equivale a establecer una justicia selectiva, capaz de castigar a los vencidos e impotente frente a los poderosos. Así, a las víctimas de éstos se les niega la posibilidad de conocer toda la verdad.

Pero defender la JEP no puede significar que se renuncia a evaluar rigurosamente su funcionamiento. Hay críticas legítimas que pueden ayudar a mejorar su labor.

Desde hace años advertimos, por ejemplo, que su rumbo se aparta de lo pactado por las partes, como lo confirmó la Corte Constitucional al anular las subreglas de selección adoptadas por la propia JEP.

En el caso de los terceros civiles y los agentes del Estado que no integran la Fuerza Pública, cuya comparecencia es voluntaria, también es necesario y posible mejorar: representan apenas el 1,4 % de los comparecientes y eso dificulta avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades al tiempo que alimenta la percepción de que la JEP se ha convertido en un tribunal de beneficios para unos pocos.

Más preocupante aún es la situación de los mandos medios de las antiguas FARC-EP. De acuerdo con cifras de la propia JEP, solo 46 de 1.683 han obtenido la renuncia a la persecución penal, frente a 979 miembros de la Fuerza Pública.

Las cifras plantean interrogantes sobre los ritmos, las prioridades y los resultados de la justicia transicional. Si a ello se suman más de 8.000 situaciones pendientes y unas 440 renuncias al año, la jurisdicción tardaría alrededor de 18 años en resolverlas. No es un asunto menor: un mecanismo concebido para cerrar el conflicto puede convertirse en tribunal eterno para quienes permanecen sometidos a sus decisiones.

Aquí aparece una de las mayores contradicciones de la llamada «Patria Milagro». Con su empeño en reducir los recursos de la JEP, da la espalda precisamente a los uniformados que dice defender. Estos constituyen un tercio de los comparecientes y serían los principales afectados por una eventual parálisis de la jurisdicción. Se los invoca en el discurso político, se habla en su nombre y se los presenta como argumento para cuestionar la justicia transicional; pero, cuando se trata de garantizar que su situación jurídica se resuelva, se promueven medidas que pueden prolongar su incertidumbre. Los invocan en el discurso y, al final, los dejan solos.

Frente a esta ofensiva, es necesario proponer soluciones que permitan superar las dificultades sin sacrificar la verdad, la justicia ni los derechos de las víctimas.

Proponemos impulsar, en el marco de la elección de su nueva presidencia en octubre, un Acuerdo Nacional por la Verdad y el Cierre Transicional, sustentado en dos compromisos fundamentales.

Primero, convocar un gran diálogo nacional contra la impunidad, abierto a todos, incluidos quienes hoy cuestionan o atacan a la JEP. Así, ese tribunal escucharía las críticas, examinaría sus procedimientos y corregiría lo que sea necesario. La línea roja de ese diálogo, lo que no puede pactarse, es  lo aprobado por las partes en el Acuerdo Final de Paz. La discusión debe servir para fortalecer la justicia, no para desmontarla.

Segundo, refrendar el compromiso de concluir la actividad jurisdiccional en 2033, de conformidad con el horizonte temporal del Acuerdo Final de Paz. Para ello se requiere un plan institucional de ajuste presupuestal y cierre, con metas verificables, recursos suficientes y mecanismos de seguimiento que permitan definir la situación jurídica de cada compareciente. El cierre no puede ser una declaración retórica ni una fecha que se posponga indefinidamente. Debe convertirse en una obligación institucional, acompañada de decisiones concretas y resultados evaluables.

No son aceptables ni el cierre anticipado por asfixia ni la prórroga indefinida de esta jurisdicción. Se necesita un final cierto, con verdad y justicia; un cierre que garantice los derechos de las víctimas, resuelva la situación jurídica de los comparecientes y evite que quienes se acogieron al Acuerdo de Paz terminen obligados a abandonarlo por la ausencia de respuestas.

Asfixiar la JEP no resuelve sus problemas. Defenderla no significa aceptar que siga funcionando sin ajustes ni rendición de cuentas. El desafío consiste en exigirle que cumpla el mandato para el cual fue creada y, al mismo tiempo, impedir que los poderes interesados en la impunidad aprovechen sus debilidades para destruirla.

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