
Stella Ramírez G.
Analista política
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El comienzo de una dictadura no siempre llega con tanques en las calles, soldados ocupando las plazas o instituciones clausuradas.
Mucho antes puede comenzar un proceso menos visible y, por eso mismo, más peligroso: la concentración progresiva del poder y la demolición de los límites que la democracia impone a quien gobierna.
Ganar una elección otorga el derecho a gobernar. No entrega el derecho a disponer del Estado, de las instituciones, de la sociedad ni de la vida de los ciudadanos. La democracia existe precisamente porque incluso el poder legitimado por las mayorías tiene límites.
La deriva autoritaria comienza cuando esos límites dejan de ser reconocidos como garantías y empiezan a ser tratados como obstáculos.
Ocurre cuando el gobierno pretende controlar la información, presionar a los medios, castigar la crítica, señalar al contradictor o utilizar los recursos del Estado para premiar lealtades y sancionar discrepancias.
Y da un paso todavía más grave cuando el poder político invade espacios que no le pertenecen: cuando pretende decidir quién puede trabajar en una empresa privada, quién merece una oportunidad laboral, quién debe ser contratado o quién debe quedar excluido por resultar incómodo para quienes gobiernan.
El Estado y, en particular, cualquier gobierno, tiene mucho poder. Precisamente por eso la democracia establece límites para ejercerlo.
Las empresas tienen autonomía. Los ciudadanos tienen derechos. La prensa tiene derecho a ejercer su oficio sin sometimiento al gobernante de turno. Las instituciones poseen competencias definidas. Y quienes gobiernan, por poderoso que sea el mandato recibido en las urnas, están sometidos a la Constitución y a la ley.
Desconocer esos límites quizá no convierta inmediatamente a un gobierno en una dictadura. Pero revela algo que una sociedad democrática debe reconocer a tiempo: una pulsión autoritaria, una voluntad de ampliar el poder propio reduciendo simultáneamente la autonomía de los demás.
Las dictaduras rara vez se construyen en un solo día. Avanzan cada vez que un control institucional es debilitado; cada vez que la crítica es presentada como enemistad; cada vez que un periodista es tratado como adversario por informar; cada vez que la independencia de una institución se interpreta como insubordinación; cada vez que un ciudadano descubre que sus oportunidades dependen de agradar al poder.
El autoritarismo crece, sobre todo, cuando esas conductas dejan de producir escándalo y comienzan a parecer normales. Por eso importan las señales, las alerta y las reacciones tempranas.
Cada límite que el poder consigue borrar sin encontrar resistencia ensancha el terreno para borrar el siguiente. Cada abuso tolerado modifica un poco la frontera de lo aceptable. Y cada silencio facilita que aquello que ayer parecía inadmisible mañana sea presentado como una facultad ordinaria del gobernante.
La democracia se defiende precisamente cuando todavía puede ser defendida con democracia: con jueces independientes, instituciones que cumplan sus competencias, prensa libre, ciudadanos capaces de protestar y poderes públicos dispuestos a recordarle a cualquier gobernante una verdad elemental: todo poder tiene un límite.
Esta es también una lección para la Colombia de hoy. La democracia existe más y mejor cuando los gobernantes y la ciudadanía muestran más fidelidad a las reglas que limitan al poder. Ningún gobernante, por popular, poderoso o legítimamente elegido que sea, puede estar por encima de la Constitución ni convertir al Estado en instrumento de su voluntad.
Gobernar es ejercer la autoridad que concede la Constitución dentro de los límites que ella establece.
Pretender decidir quién habla, quién trabaja, quién informa, quién prospera y quién debe ser castigado por disentir ya pertenece a otra lógica, la del poder autoritario: mientras el poder democrático gobierna, el autoritario quiere controlar. Y cuando empieza a querer controlarlo todo, la democracia tiende a desaparecer.
Habrá que defenderla, como dije antes, con más democracia.


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