José Plata
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Asistimos hoy a una escenificación política de ribetes insólitos. Desde los pasillos del poder, la administración de Abelardo de la Espriella despliega su autodenominado plan de desarrollo, la publicitada «Patria Milagro», un eufemismo que se deshace ante el menor escrutinio crítico. La regresión cobró una forma concreta durante la sustentación del Presupuesto General de la Nación.
Allí, frente a las Comisiones Económicas del Congreso de la República —las terceras y cuartas de Senado y Cámara—, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y encargado de justificar las cuentas del sector agropecuario, deslizó una afirmación que merece especial atención: la palabra «campesino» tendría una carga peyorativa. El paso siguiente sería, entonces, iniciar un proceso gradual de sustitución de este término en el lenguaje institucional.
La cuestión va mucho más allá de una discusión semántica. Si se modifica la manera como el Estado nombra a una población, también puede modificarse la manera como la reconoce, la incorpora a sus políticas y garantiza sus derechos. Por eso, detrás de la aparente preocupación por «desestigmatizar» la palabra campesino, resulta necesario examinar qué concepción del campo y del territorio está tomando forma.
El reconocimiento del campesinado como sujeto político y de especial protección no apareció de manera espontánea. Es el resultado de décadas de movilización social, producción académica y lucha política. Un momento decisivo de ese proceso fue el Acto Legislativo 01 de 2023, que incorporó al campesinado a la Constitución como sujeto de derechos y de especial protección.
Esa modificación constitucional no fue una concesión del establecimiento. Fue el resultado de una larga disputa por el reconocimiento político y jurídico de quienes habitan y trabajan el campo colombiano. En el Senado, Jesús Alberto Castilla Salazar desempeñó un papel relevante en ese proceso. Ocupó su curul entre 2014 y 2022 y convirtió la defensa del campesinado en una de sus principales banderas políticas. Su primer eslogan de campaña, «Abramos campo», expresaba de manera sencilla una idea que terminaría adquiriendo dimensión constitucional.
El reconocimiento alcanzado en 2023 también tiene detrás un importante trabajo académico. Investigadores como Carlos Arturo Duarte Torres han contribuido a ampliar la comprensión del campesinado como sujeto social y territorial, portador de formas propias de relación con la tierra, la economía y la vida comunitaria.
Este proceso colombiano forma parte, además, de una discusión internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales constituye un referente fundamental para comprender la dimensión contemporánea de estos derechos. Colombia adoptó formalmente este instrumento en diciembre de 2022.
Por eso resulta preocupante que una decisión de carácter administrativo o una orientación ministerial pueda terminar debilitando un reconocimiento que tiene fundamento constitucional y que responde a un proceso histórico de larga duración. La discusión no es solamente sobre una palabra. Es sobre el lugar que ocupa el campesinado dentro del Estado social de derecho.
Para comprender lo que está en juego hay que mirar el territorio. Y es aquí, desde Norte de Santander, donde el Catatumbo ofrece un ejemplo particularmente revelador.
Durante el gobierno de Gustavo Petro también hubo serias dificultades en la gestión de esta región. El intento de desarrollar una estrategia integral de paz y seguridad se encontró con una realidad territorial mucho más compleja. Algunas decisiones mostraron una débil articulación con los procesos organizativos existentes y terminaron acompañadas por declaratorias de conmoción interior.
En medio de esas dificultades apareció una experiencia que merece ser reconocida. El Ministerio de Educación Nacional encontró en la educación una herramienta para fortalecer la identidad campesina y la permanencia de las comunidades en su territorio.
De allí surgió un proyecto piloto de especial interés: el Proyecto Institucional de Educación Campesina y Rural (PIECR). No se trató simplemente de introducir algunos contenidos rurales en el tradicional Proyecto Educativo Institucional (PEI). La propuesta buscó construir una educación relacionada con las características sociales, culturales y territoriales de las comunidades.
El PIECR cobró vida en tres instituciones educativas de Teorama y Convención: la Institución Educativa Luis Eduardo Pérez, en el corregimiento de La Trinidad; la Institución Educativa Honduras Motilonia; y la Institución Educativa Rural San Juancito.
En estos territorios, la educación adquiere una dimensión que trasciende las aulas. Educar significa también fortalecer el arraigo, transmitir conocimientos sobre el territorio y ofrecer a las nuevas generaciones herramientas para comprender las condiciones en las que viven. La escuela se convierte así en un espacio fundamental para preservar la memoria, la identidad campesina y las capacidades de las comunidades.
Esta experiencia se relaciona con otros instrumentos de política pública, entre ellos el Decreto 0780 de 2024, que establece lineamientos para los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM). Estas figuras plantean una concepción del territorio en la que las comunidades participan activamente en la construcción de sus formas de organización y en la definición de sus proyectos de vida.
Si se leen conjuntamente el Acto Legislativo de 2023 y estos desarrollos normativos, aparece con mayor claridad la dimensión del campesinado que está en juego. No se trata solamente de una categoría económica. Existe una dimensión productiva, sustentada en la economía familiar y comunitaria y en la soberanía alimentaria; una dimensión social y cultural, vinculada con los saberes y las prácticas tradicionales; una dimensión ambiental y territorial, relacionada con las formas de habitar y cuidar el territorio; y una dimensión política, expresada en la capacidad de organización y participación de las comunidades.
Por eso sería un error reducir la discusión actual a un cambio de vocabulario. Las palabras con las que el Estado nombra a sus ciudadanos también expresan la manera como los reconoce. Cambiar una categoría constitucional y política construida durante décadas exige, como mínimo, una discusión pública seria sobre sus consecuencias.
La llamada Patria Milagro que en realidad es mero espejismo tendrá que enfrentarse, tarde o temprano, con una realidad que ninguna modificación del lenguaje puede borrar: el campesinado colombiano existe como sujeto social, territorial y político. Y existe también como sujeto constitucional de derechos.
El camino abierto por décadas de movilización, por el trabajo académico y por el Acto Legislativo 01 de 2023 forma parte ya de la historia constitucional del país. En La Trinidad, Honduras y San Juancito, en las experiencias educativas del Catatumbo y en los Territorios Campesinos Agroalimentarios, ese reconocimiento adquiere una dimensión concreta.
Allí está quizá la mejor respuesta a cualquier intento de reducir al campesinado a una categoría incómoda del lenguaje institucional: la identidad campesina no es una palabra que pueda sustituirse desde un escritorio. Es una realidad social construida durante generaciones y una parte fundamental de la historia, la cultura y el futuro rural de Colombia.
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