Danilo Rueda Rodríguez
Comunicador Social, promotor DDHH
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Las imágenes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, más allá del tono amarillista o folclórico con que fueron tratadas en algunos medios y redes sociales, conmueven profundamente a cualquier persona que aún conserve sensibilidad frente a la vida humana.
Las narrativas que circularon después del hecho no son inocentes. Reflejan ideologías, intereses políticos y estrategias de posicionamiento. Se usó el miedo colectivo como un insumo para ganar visibilidad, fortalecer liderazgos y encubrir responsabilidades.
Entre titulares, discursos simplistas y teorías sin pruebas, algunas voces aseguraron que el país vive su momento más inseguro, como si la historia nacional no estuviera atravesada por hechos similares o incluso peores. Desde esa mirada, se exige nuevamente la llamada «mano dura». Mientras tanto, desde el otro extremo ideológico, se habla de conspiraciones contra el gobierno, tejidas por quienes perdieron el poder.
Ambas reacciones, aunque opuestas en forma, revelan una ética pública fracturada, atrapada en emociones no resueltas, venganzas aplazadas, desconfianzas históricas y odios heredados.
Desde una perspectiva ética, ningún atentado contra la vida o la integridad debe ser relativizado. Cada persona asesinada, sin importar su militancia política, su historia o su pasado, debería conmovernos: líderes sociales, firmantes de paz, excombatientes de las AUC, sobrevivientes de la UP o de otros movimientos. Se trata de la vida.
El ataque al senador Uribe reabrió temores y fantasmas colectivos que permanecen sin sanar desde los años ochenta. La coincidencia con ataques del EMC-FARC y el ELN en el Cauca y el Valle permitió construir un relato que, sin pruebas, responsabiliza a la izquierda de los hechos.
Desde sectores opositores al gobierno se afirma, sin evidencia, que todo el espectro progresista está detrás del atentado. Con ello, refuerzan la idea de que la violencia es responsabilidad exclusiva del actual gobierno y que todo era mejor antes de 2022.
En contraste, sectores afines al gobierno interpretan los hechos como parte de una gran conspiración orquestada por las derechas para retomar el poder. Esta visión alimenta una polarización sin matices.
El uso de discursos emocionales por parte de influencers y medios refuerza la división social: culpabilizar a unos para exculpar a otros, simplificar lo complejo, repetir la historia sin transformarla. Así seguimos atrapados en una lealtad inconsciente a relatos de enemistad y confrontación.
La historia de Colombia, marcada por el exterminio de pueblos originarios, la violencia colonial y las disputas entre proyectos de nación desde la independencia, no ha logrado superar la lógica de exclusión y enfrentamiento. La derecha, el centro y la izquierda han reproducido esa herencia canibalesca.
La violencia, promovida o tolerada por sectores armados, estatales, empresariales, religiosos, mediáticos o civiles, se alimenta del fanatismo ideológico y de la negación del otro.
¿Dónde está el país nacional? ¿Dónde se discute un verdadero proyecto de nación? ¿Son las reformas, movilizaciones o consultas populares parte de ese proyecto o apenas reacciones parciales a una crisis estructural?
Tal vez aún haya tiempo para construir un pacto real de convivencia, uno que reconozca la diversidad étnica y cultural del país como su principal riqueza, y que garantice la posibilidad de vivir sin miedo. ¿Podremos imaginar, juntas y juntos, una nación donde nadie tenga que morir para ser escuchado?
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