Debatir para gobernar: Un deber de los candidatos

Especial para El Quinto

Es claro que muchos medios en el pasado, en Colombia y en el mundo, han hecho de los debates políticos, una suerte de show para el entretenimiento. Pero en una democracia madura, el debate no es un espectáculo: es un deber. No de los medios, no de los organizadores, sino de quienes aspiran a ejercer el poder.

En tiempos donde la política se consume en fragmentos de video, frases calculadas y tarimas cuidadosamente coreografiadas, el debate sigue siendo el único escenario donde las ideas se exponen sin red, sin libreto rígido y frente a un contradictor que obliga a pensar en tiempo real.

La renuencia de algunos candidatos a participar en debates no es una casualidad ni una simple incomodidad personal. Es, en muchos casos, una decisión táctica. Cuando un aspirante lidera las encuestas, sus estrategas suelen recomendar evitar “riesgos innecesarios”: un error, una cifra mal dicha, una respuesta débil pueden costar puntos valiosos. Bajo esa lógica, el candidato deja de ser un líder político para convertirse en un activo que hay que proteger. El problema es que, en esa protección, se sacrifica el derecho ciudadano a evaluar con mayor profundidad a quien pretende gobernar y que muchas veces tendrá que tomar decisiones en tiempo real.

No es la primera vez que ocurre y ya llevamos ocho años sin que los candidatos hagan debates, por ejemplo, para la segunda vuelta presidencial. En 2018, desde la iniciativa ciudadana #BrigadaDigital impulsamos la campaña #DebateYa para exigir la presencia de todos los candidatos en los espacios televisivos. En ese momento, el renuente era Iván Duque, quien evitaba confrontar directamente a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo. En 2022, la historia se repitió, pero con roles invertidos: Petro mostró reticencias, aunque ningún caso fue tan extremo como el de Rodolfo Hernández, quien logró mantenerse al margen de todos o casi todos los debates.

Hoy, en 2026, el libreto vuelve a repetirse con nuevos protagonistas. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ha sido el más renuente a debatir, mientras que su perseguidor más cercano, Abelardo de la Espriella, tampoco ha mostrado entusiasmo por estos espacios si no está Cepeda. Ambos han preferido escenarios controlados: plazas públicas donde el mensaje no se interrumpe, entrevistas sin contradicción directa o eventos diseñados a su medida.

Sin embargo, la política tiene una forma curiosa de corregir los excesos de cálculo. Según análisis recientes de encuestas y su ponderación —como los publicados por La Silla Vacía— el panorama ha cambiado: ya no hay un nítido “caballo ganador”, sino un empate técnico entre tres campañas (junto a la de Paloma Valencia). Y cuando la competencia se estrecha, el riesgo de debatir empieza a ser menor que el riesgo de no hacerlo. Es ahí cuando, casi por necesidad, aparecen los “retos” a debatir… aunque vengan cargados de condiciones y filtros.

El reciente desafío de Cepeda, planteado tras el último sondeo de AtlasIntel, ilustra bien esta paradoja: ahora sí se abre a debatir, pero bajo condiciones que diluyen el espíritu mismo del debate. Por su parte, De la Espriella propone limitar estos espacios solo a los punteros en las encuestas, una idea que, además de excluyente, desconoce que el debate también sirve precisamente para que los ciudadanos descubran alternativas y no solo para reafirmar mayorías.

Los medios de comunicación tampoco la tienen fácil. Deben decidir entre invitar a todos los candidatos —lo que complica la dinámica y diluye el tiempo (no tanto como en Perú donde tienen a 34 aspirantes…) — o reducir el número de participantes —lo que genera cuestionamientos sobre equidad y representatividad—. Pero más allá del formato, el verdadero dilema no es técnico sino democrático: ¿puede una elección presidencial prescindir del contraste directo de ideas?

La respuesta debería ser obvia. El debate no es un favor que el candidato le hace al país; es una obligación ética con los ciudadanos. Es el espacio donde no solo se confrontan propuestas, sino trayectorias, decisiones pasadas y visiones de futuro. Es donde se revela el carácter, la capacidad de improvisación, la solidez argumentativa y, sobre todo, la disposición a escuchar y responder.

Un candidato que rehúye al debate envía un mensaje preocupante: que prefiere el control al escrutinio, el monólogo a la conversación democrática. Y gobernar un país como Colombia exige exactamente lo contrario.

Quizá ha llegado el momento de que como sociedad elevemos el estándar. Así como exigimos transparencia en la financiación de campañas o claridad en los programas de gobierno, deberíamos exigir la participación obligatoria en debates públicos. No como un ritual vacío, sino como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas anticipada.

Tal vez deba pensarse en un debate en el que participen los dos principales canales privados nacionales junto al canal público nacional en la confección de las preguntas. De igual manera, los compromisarios de cada campaña, sin conocer las preguntas por anticipado, participen en el consenso de las reglas de juego junto al comité periodístico de los medios participantes con el fin de que todos sientan las garantías de equidad y transparencia.

Porque al final, más allá de estrategias, encuestas o cálculos electorales, el debate sigue siendo una de las pocas oportunidades que tienen los ciudadanos para ver, sin intermediarios, de qué material están hechos quienes quieren dirigir el destino del país. Y renunciar a eso es, sencillamente, renunciar a una parte esencial de la democracia.

👉 También te puede interesar: